( 21 de Abril de 2020) Teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria del COVID-19 desencadena una crisis social y económica más amplia, creemos que es realmente necesario adoptar medidas urgentes para salvaguardar la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. Sin embargo, las acciones no pueden limitarse a garantizar el flujo de suministros de alimentos. Se requiere una gama más amplia de medidas para garantizar la seguridad alimentaria durante la crisis del COVID-19 y posteriormente.

Si bien los gobiernos deben coordinarse estrechamente para cuidar que no se interrumpa el suministro de alimentos que pongan en riesgo el acceso a la nutrición básica, es necesario garantizar que estas medidas no socaven la seguridad alimentaria, la salud y los medios de sustento de quienes producen alimentos para el mundo.

El cierre de fronteras y las medidas de cuarentena han expuesto a la luz la extrema fragilidad de un sistema alimentario en el que 820 millones de hombres y mujeres padecían hambre crónica ya antes de la crisis del COVID-19 y 2 mil millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria. La mitad de la población mundial que padece hambre son productoras/es de alimentos, campesinas/os y trabajadores/as asalariadas/os del sector agrícola. Su extrema vulnerabilidad en la crisis actual es la consecuencia de la negación sistemática de sus derechos básicos: el derecho a tener un lugar de trabajo seguro, el derecho a tener acceso a agua potable y saneamiento y vivienda digna, el derecho a formar sindicatos y negociar colectivamente, el derecho al cuidado de la salud y a la seguridad social. Estos derechos tienen que formar parte de la agenda del G20, y no simplemente como medidas frente a la crisis. Los países más ricos del mundo dependen para su alimentación del trabajo de millones de trabajadoras/es migrantes. Es inadmisible que los gobiernos, en su afán de garantizar el flujo de trabajadoras/es migrantes, no destinen recursos para proteger su salud, seguridad y medios de sustento, medidas que al mismo tiempo son vitales para mitigar la propagación del virus.

Las acciones para mantener los suministros vitales de alimentos moviéndose a través de las fronteras tienen que venir acompañadas de medidas estrictas para frenar la especulación financiera vinculada a los productos básicos alimentarios, o enfrentaremos una vez más una ‘crisis de los precios de los alimentos’ como la que vino de la mano del colapso financiero de 2008. Los gobiernos se vieron en aprietos para superar la crisis inmediata, pero tan pronto lo consiguieron reincidieron en el continuismo. Tanto la alimentación como el financiamiento son ahora incluso más precarios y el mundo enfrenta una nueva crisis en ambos frentes, con consecuencias posiblemente letales. Los gobiernos están aplicando medidas que se consideraban impensables hace apenas unos meses atrás. Si los gobiernos del G20 están prohibiendo las ventas en corto al descubierto o condicionando el apoyo financiero para las empresas a que se abstengan de repartir dividendos y recomprar sus propias acciones, con toda seguridad es posible restringir el comercio de futuros agrícolas para evitar una burbuja especulativa.

Las medidas urgentes contra la crisis no deben distraer de la necesidad igualmente urgente de reconstruir sobre nuevos cimientos este sistema alimentario que agota el suelo, contamina el agua, destruye rápidamente la biodiversidad, impulsa la crisis climática e incuba pandemias futuras. El sistema alimentario es sumamente vulnerable a las turbulencias debido a que depende de insumos externos y largas cadenas de suministro. Los sistemas alimentarios locales no pueden prosperar cuando a las/os agricultores/as se les desaconseja guardar e intercambiar semillas. Las turbulencias se amplifican cuando los sistemas nacionales de reservas de alimentos son desmantelados bajo presión, aunque estas reservas nunca ingresen a los circuitos del comercio internacional. El mundo puede seguir andando a los tumbos de crisis en crisis, o podemos comenzar ahora a construir el sistema alimentario sustentable y resiliente que el mundo necesita con desesperación.

En muchas zonas rurales el cierre de fronteras y la pérdida de mercados de exportación han empobrecido de la noche a la mañana a comunidades enteras que dependen de la agricultura; los servicios esenciales han colapsado. Es urgente brindarles asistencia focalizada a estas comunidades, y eso debe incluir apoyo inmediato para reconstruir la producción local de alimentos según modalidades que garanticen los derechos de las agricultoras/es, campesinos/as y trabajadores/as agrícolas. 

Necesitamos urgentemente una respuesta política mundial coherente coordinada desde el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas. Los sindicatos, organizaciones campesinas y de la sociedad civil, muchas de ellas activas en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, han defendido insistentemente la soberanía alimentaria en el entendido que el derecho universal a la alimentación es inseparable de los derechos de las productoras/es de alimentos. Los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos –entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Convenios de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales— constituyen una base para la adopción de medidas concretas tendientes a garantizar el derecho a la alimentación. La tarea es garantizar su aplicación si queremos enfrentar la crisis actual en toda su dimensión y evitar nuevas crisis.

Firmado por:

Kirtana Chandrasekaran, Coordinadora internacional del programa de Soberanía Alimentaria, Amigos de la Tierra Internacional

Mauro Conti, Presidente, Centro Internazionale Crocevia

Prof. Olivier de Schutter, ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (2008, 2014); Copresidente, Grupo internacional de expertos sobre sistemas alimentarios sostenibles (IPES-Food)

Fiona Dove, Directora, The Transnational Institute

Paula Gioia, Comité Coordinador Internacional, La Vía Campesina

Shalmali Guttal, Directora Ejecutiva, Focus on the Global South

Judith Hitchman, Presidenta, Urgenci

Sue Longley, Secretaria General, UITA/IUF

Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN Internacional

Rosa Pavanelli,Secretaria General, Internacional de Servicios Públicos

Tammi Jonas, Australian Food Sovereignty Alliance

Stefano Prato, Director Ejecutivo, Society for International Development

Jim Thomas, Co-director Ejecutivo, Grupo ETC

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