Comunicado CIP

La crisis de COVID19 se está expandiendo y agravando rápidamente, poniendo de relieve y exacerbando las desigualdades existentes en materia de riqueza, salud, racismo y género. En muchos países se convertirá en una profunda crisis social y económica en la que los más vulnerables sufrirán de nuevo las consecuencias más graves: no tendrán acceso a la atención de la salud, perderán sus empleos e ingresos, se les cortará la electricidad y el agua porque la gente ya no podrá pagar las facturas y se producirán muchos desalojos en los que ya no podrán pagar el alquiler. En muchas regiones también se avecina una importante crisis alimentaria, ya que la gente ya no podrá permitirse el lujo de pagar los alimentos.

Se están cerrando los mercados locales y a menudo no se permite a los campesinos, ganaderos, criadores de animales, pastores y pescadores que lleven sus productos a los consumidores, aunque la agricultura sostenida por la comunidad y otros métodos de venta directa parecen ser una excepción en algunas regiones. Como consecuencia de severos y a veces brutales toque de queda, puede que no se permita a los pescadores salir a pescar y vender sus capturas, a los pastores de vender sus productos y los agricultores y trabajadores agrícolas de realizar las indispensables tareas en sus campos para asegurar los productos para el consumo. En muchos países, los trabajadores migrantes fundamentales por la producción agrícola no pueden desplazarse. Los alimentos se dejan pudrir en los campos a pesar del enorme aumento de la demanda de alimentos locales saludables.

Condenamos la violencia que se está cometiendo en ciertos países contra los campesinos, los migrantes y los trabajadores agrícolas, así como contra los pobres y vulnerables. Exigimos a los gobiernos que tengan más atención al enfrentar esta crisis y que no impongan una fuerza brutal a las personas.

En muchos países se está dando prioridad a las grandes empresas alimentarias corporativas que están demostrando que su modelo de entrega justo a tiempo, basado en una mano de obra mal pagada y precaria, a menudo migrante, no puede garantizar la disponibilidad de alimentos en tiempos de crisis.

Esta crisis se está profundizando y nosotros seguiremos siendo plenamente solidarios con quienes se verán gravemente afectados si no actuamos colectivamente: los pueblos indígenas, los trabajadores agrícolas y de la alimentación (muchos de los cuales son migrantes), los productores de alimentos en pequeña escala, incluidos los campesinos, los pescadores y los pastores itinerantes, los migrantes, los refugiados, las personas que viven en zonas de guerra y conflicto, los pobres de las zonas rurales y urbanas, las personas sin acceso a los sistemas de salud pública y, en especial, las que viven sin acceso a agua corriente limpia, alimentos y saneamiento y sin posibilidades de evitar las infecciones.

La solidaridad a través de los movimientos y de las fronteras es clave y tenemos que construir nuestra respuesta colectiva a esta crisis, organizando nuestras comunidades, movilizando nuestras organizaciones para tomar la iniciativa, dar dirección y exigir a nuestros gobiernos que canalicen los recursos hacia aquellos que más los necesitan. También tienen que organizar el acceso gratuito al agua, los alimentos, la vivienda y los servicios de salud para todos, garantizar que no se produzcan desalojos y asegurar la producción y distribución de alimentos en pequeña escala a los consumidores locales como una actividad crucial e indispensable a la que hay que dar prioridad para garantizar el derecho a una alimentación sana y nutritiva.

Como productores y consumidores de alimentos en pequeña escala y otros movimientos sociales y ONG, somos conscientes de la importancia de detener la transmisión del virus. En varios países, nuestras organizaciones están difundiendo recomendaciones sobre cómo protegernos y evitar la transmisión. Encontraremos formas adecuadas de transferir alimentos saludables a través de mercados al aire libre, ventas directas y otros canales para los consumidores, los escolares, los hospitales y los hogares de atención. Estamos creando comités locales de solidaridad para garantizar el acceso a los alimentos de las personas sin hogar, los trabajadores desempleados y los sectores más vulnerables de la población.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas ha recomendado recientemente que todos los gobiernos deben “apoyar a las comunidades locales y a los ciudadanos para aumentar la producción local de alimentos (incluidos los huertos familiares y comunitarios) mediante paquetes de estímulo apropiados (en efectivo y en especie) para mejorar la capacidad de recuperación de los alimentos”. Todos los gobiernos también deben garantizar y apoyar el funcionamiento de los mercados locales y las ventas directas con las nuevas normas de protección para todas las personas involucradas, asegurándose de que no se interrumpa el aprovisionamiento de alimentos esenciales. Los gobiernos también deberían fortalecer los programas de adquisiciones públicas descentralizadas y móviles que puedan asegurar las ventas de los productores en pequeña escala y poner los alimentos a disposición de quienes los necesiten. Los programas públicos existentes para los niños, para todos aquellos que padecen hambre, deben ser mejorados y ampliados de forma drástica. Deben aplicarse nuevos programas de protección social para los millones de personas que se enfrentan al hambre o a la pérdida de sus medios de vida.

El apoyo público gubernamental para hacer frente a esta crisis debe ir a los más vulnerables y marginados de nuestras sociedades, tenemos que garantizar la seguridad social para los grupos más vulnerables, incluidos los productores en pequeña escala que pueden enfrentarse a dificultades económicas debido a esta crisis. Exigimos ingresos estables y decentes para los pequeños productores de alimentos, así como salarios y condiciones adecuadas para los trabajadores rurales y protección específica para los trabajadores migrantes estacionales y migrantes desplazados con problemas de documentación o residentes en situaciones precarias.

Nos unimos a las demandas de los sindicatos y otros movimientos sociales para detener los desalojos, abandonar las políticas de austeridad y ampliar de inmediato los presupuestos públicos de salud y seguridad social para garantizar la protección social universal y el acceso gratuito a la atención médica. Asimismo, apoyamos el llamamiento a un alivio inmediato de la deuda que permitiría reasignar los recursos ya disponibles en los países en desarrollo. Los recursos deben ir desde el pago de intereses y reembolsos hasta la salud, la protección social y otras medidas inmediatas. También exigimos incentivos económicos apropiados, como subvenciones y reducción de impuestos para los pequeños productores, y apoyamos los enfoques transformadores como la agroecología, que tienen un enorme potencial para transformar los sistemas alimentarios.

Es inaceptable que no se preste apoyo a los sectores vulnerables y que los productores en pequeña escala quiebren y los trabajadores agrícolas y de la alimentación (muchos de ellos son migrantes) no tengan empleo y, por lo tanto, no tengan acceso a los alimentos, mientras que el sector empresarial absorbe recursos públicos fundamentales. Es inaceptable que esta crisis refuerce el sistema alimentario industrial que destruye el medio ambiente y ha contribuido a la actual crisis sanitaria, genera pobreza y hambre y nos impone la comida basura que provoca enfermedades generalizadas como la obesidad y la diabetes, que han hecho a las personas aun más vulnerables a COVID19. Además, dadas las pruebas científicas, es evidente la relación entre las recientes epidemias recurrentes, los nuevos brotes de epizootias y la agroindustria y el extractivismo actuales (ya sea mediante la destrucción de hábitats y/o la intensificación de las explotaciones ganaderas). Exigimos que se adopten medidas inmediatas para iniciar la transición a sistemas alimentarios agroecológicos, y que se abandone la explotación industrial de animales en favor de sistemas pastorales móviles circulares, y la producción ganadera extensiva como parte de sistemas de explotación mixta.
No se puede permitir que la crisis actual amplíe la agenda neoliberal corporativa con rescates para las mega corporaciones, el aumento de los oligopolios y la destrucción de los resistentes sistemas alimentarios locales.

En tiempos de crisis, los derechos humanos son más importantes que nunca. No habrá una respuesta eficaz a la pandemia si los gobiernos hacen un mal uso de las medidas extraordinarias augmentando a la represión y protegiendo a los intereses de unos pocos.

Esta pandemia ha revelado y agravado las condiciones de desigualdad y precariedad brutales que ya estaban dejando a millones de personas vulnerables sin acceso a los medios de supervivencia: como organizaciones de productores de alimentos en pequeña escala, junto con los restantes sectores de la sociedad, es fundamental movilizarse, crear alianzas e iniciativas sólidas, ejercer presión en los medios de comunicación y en nuestros gobiernos y avanzar en nuestra acción sobre el terreno.

Necesitamos mantener y fortalecer la producción local de alimentos en pequeña escala para aumentar el acceso a la comida sana para todos y, simultáneamente, luchar por mejorar la salud pública y un sistemas de protección social universal.

¡Soberanía alimentaria de los pueblos ahora!

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