Colombia:“Para Duque la paz es militarizar los territorios”

(Harare, 11 de Junio de 2020) Es claro que los Estados deben respetar, promover y garantizar los derechos humanos; sin embargo, pero parece necesario recordar al gobierno de Duque estas obligaciones internacionales.

Desde el 2016, año en que se  firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, la violencia contra lideresas y líderes defensorxs de derechos humanos, lideresas y líderes de restitución de tierras, líderes sociales, población en proceso de reincorporación y, en general, las comunidades rurales, se ha incrementado gradualmente: el año 2019 se documentaron 844 agresiones contra líderes y lideresas sociales,fue el año con mayor nivel de violencia contra esta población en la última década[1] y, conforme esta tendencia, entre enero y mayo de 2020 han sido asesinadas 117 lideresas y líderes sociales junto con 25 excombatientes.

Distintos sectores de la sociedad han hecho un llamado para que el Estado afronte esta problemática, resaltando que la provisión de seguridad en los territorios no será efectiva si se limita al aumento de la fuerza. Es claro que una de las estrategias más fuertes para promover la seguridad de los territorios es el desarrollo económico y social, ofreciendo a las y los jóvenes oportunidades económicas para que dejen de vincularse a la guerra.   

No obstante, la estrategia del gobierno de Iván Duque se ha enfocado en la militarización de los territorios, lo cual tiene lugar en el marco del persistente desconocimiento estatal de los compromisos asumidos en La Habana. El mejor ejemplo de esto lo constituye la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico. En el Acuerdo Final se reconoce que la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas requiere de políticas que atiendan las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. En el mismo sentido, se reconoce que un elemento indispensable para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito es el carácter voluntario y concertado[2], visión a partir de la cual el Acuerdo prioriza la sustitución voluntaria de los cultivos en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), permitiendo, subsidiariamente, actividades de erradicación forzosa.

Según lo estipulado en el Acuerdo de Paz, la erradicación forzosa sólo procede en tres casos: i) cuando, en el marco de la suscripción de acuerdos con las comunidades, haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos, ii) cuando se incumplan los compromisos adquiridos en el marco del PNIS y iii) cuando no haya acuerdo con las comunidades para la sustitución. No obstante, presenciamos un descarado desconocimiento de estas disposiciones por parte del Estado.

El actual gobierno no sólo ha decidido dejar de celebrar acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades, sino que ha priorizado operativos de erradicación forzosa. Este tipo de actividades no sólo se desarrollan en contravía de lo estipulado en el Acuerdo, sino que además están produciendo graves situaciones de violación de derechos humanos.

Los operativos se han intensificado, en medio de la emergencia sanitaria producida por la pandemia, en 8 departamentos del país: Caquetá, Chocó, Sur de Córdoba, Catatumbo, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare. Frente a esto, las comunidades han salido a protestar, no sólo para defender los cultivos que constituyen su único medio de subsistencia, sino también para exigirle al gobierno que cumpla con los compromisos que asumió en los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades en el marco del PNIS.

Imagen que contiene pasto, exterior, uniforme militar, campo

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Fuente: Fundación Pares

En este período, las medidas represivas que ha adoptado el gobierno como única respuesta frente a las exigencias de las y los campesinos, han dejado como saldo el asesinato de al menos 3 campesinos y un indígena, además de varios heridos. Estos hechos son el resultado de un uso desmedido de la fuerza por parte del ejército, que, sin ninguna conmiseración ni respeto por los derechos humanos, dispara balas y usa bombas aturdidoras en contra de comunidades desarmadas.

Esto ha sucedido, por ejemplo, en el Catatumbo, donde 600 campesinas y campesinos protestaron para evitar que los 800 erradicadores enviados por el gobierno levantaran sus cultivos y los dejaran sin medios de subsistencia. Las y los campesinos, al igual que las autoridades locales como el alcalde, la Asamblea y el Gobernador del departamento, solicitaron al gobierno Duque la suspensión de estos operativos, al menos durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así como la instalación de mesas de diálogo con las comunidades para construir salidas que no vulneren los derechos humanos. Sin embargo, como se ha hecho común bajo el gobierno Duque, se ignoró la invitación al diálogo y se recurrió al uso de la fuerza, lo que no sólo privó a cientos de familias de medios de subsistencia, sino que también produjo el asesinato de Alejandro Carvajal, un joven de 22 años.

Situación parecida se presenta en la región del Río Guayabero, en los departamentos del Meta y Guaviare donde, desde el 20 de mayo, alrededor de 2000 campesinas y campesinos asentaron un campamento como forma de protesta, exigiendo al gobierno que instale mesas de diálogo para buscar salidas al problema de los cultivos. Sin embargo, la única respuesta a sus solicitudes son los disparos. Las agresiones de la fuerza pública se vienen presentando desde el 26 de mayo; el pasado 3 de junio al menos 6 campesinos resultaron heridos debido al accionar de la policía antinarcóticos y el ejército.

Frente a los cuestionamientos de organizaciones, parlamentarios, ONG´s, académicos, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, por los operativos de erradicación forzada y su realización durante la emergencia sanitaria, el Ministro de Defensa ha respondido que los operativos se realizan conforme al cronograma del 2020, año en el que deben erradicarse 130.000 has. Frente a esto, cabe la pregunta, ¿por qué hay un cronograma para erradicación forzosa, pero no para la celebración de acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades?

Y, peor aún, ¿por qué se destinan recursos para operativos de erradicación forzosa, pero no para cumplirle a las casi 100.000 familias con las que el Estado celebró acuerdos de sustitución y que aún esperan los recursos prometidos para poder emprender otro tipo de proyectos productivos?

Debe resaltarse que la mitad de las familias vinculadas al PNIS están en Putumayo, Nariño y Caquetá, 3 de los 6 departamentos en los que se han incrementado los operativos de erradicación forzosa en el 2020. Una exigencia común a las protestas en los departamentos es el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias y la vinculación de otros miles que no se pudieron vincular a los programas de sustitución y que han manifestado su intención de hacerlo. Frente a esto, debe recordarse que, 4 meses después de asumir como presidente, Duque decidió dejar de celebrar acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades, lo que constituye un evidente incumplimiento del Acuerdo.

Todo esto se produce como antesala de la llegada de 50 militares estadounidenses a Colombia el pasado 1° de junio. Su accionar se va a centrar en Tumaco, Catatumbo y Chiribiquete, 3 de las 5 ¨Zonas Futuro¨ que viene implementando Duque, las cuales recogen un modelo de estabilización militarista y que se traslapan con las zonas que han sido priorizadas para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET planteados en el Acuerdo de Paz.

Todo esto demuestra que el Estado ha dejado de tergiversar el Acuerdo Final, ahora desconoce cínicamente lo que firmó en La Habana.


[1] El espectador (23 mayo 2020). “2019, el año con más agresiones a líderes sociales en una década”. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/2019-el-ano-con-mas-agresiones-lideres-sociales-en-una-decada-articulo-920772

[2] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016). Página 107.

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