Editorial Boletín Unidad Agraria – Fensuagro
(12 de Julio de 2016) De nuevo, el movimiento campesino, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, con el acompañamiento activo de numerosos sectores populares se vieron abocados a tomarse las carreteras del país; en una gran convergencia social y política, que posibilitó el desarrollo de acciones y nuevas dinámicas populares, como consecuencia de los incumplimientos y las dilataciones del Gobierno nacional a los acuerdos firmados en las movilizaciones y paros agrarios en los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, producto de la crisis estructural que vive el campo colombiano y que requieren de salidas igualmente estructurales.
En efecto, la Minga Agraria, Campesina, étnica y popular como se le proclamó en el llamamiento nacional hecho por la Cumbre Agraria; se convirtió muy rápidamente en una fuerza social incontenible que le comunicó al Gobierno central su obligación de cumplir lo pactado años anteriores; pero a la vez de no seguir jugando sucio, no continuar su estrategia de dilatación; dando paso de inmediato a la implementación de políticas agarias consensuadas con el movimiento campesino e indígena; políticas que saquen del caos, el abandono y empobrecimiento al campo colombiano y su población.
La voz, de los miles de manifestantes, campesinos, indígenas, afrodescendientes y sectores populares que se resisten al olvido, a la destrucción de sus territorios, al desplazamiento, a la privatización y saqueo de los bienes naturales, en general a la precarización de su forma de vida se hizo sentir de manera unitaria y consciente en la convocatoria del paro agrario y popular. El rechazo unánime a las políticas anticampesinas y sociales que someten a condiciones de indignidad a la gran mayoría de la población que componen la geografía rural y urbana del territorio patrio. Podemos decir que la fuerza de la dignidad y la paz con justicia social se hizo visible a lo largo y ancho del territorio nacional. Demostrando de hecho que los pueblos tienen el derecho de levantarse y exigir de sus gobernantes la atención y solución de los problemas que los agobia y de no ser así, el derecho a construir su propio gobierno.
De otra parte el Gobierno nacional, siguiendo viejos métodos de desinformación y de tratar de minimizar las exigencias de las organizaciones convocantes del paro agrario; desde antes de empesar la jornada de movilización, comenzó con sus señalamientos, calumnias y descalificación de la justeza de la minga agraria; lo que a la postre utilizó como justificación para dar un tratamiento de guerra a los millares de manifestantes concentrados en más de 27 departamentos del territorio nacional.
Al finalizar la jornada, de cerca de 15 días, el saldo de víctimas por las fuerzas de seguridad del Estado hablan por sí sola: Tres manifestantes asesinados, cerca de 200 heridos y varias decenas de detenidos, la mayoría de ellos puestos en libertad como resultado de la negociación Cumbre-Gobierno en el marco de la minga agraria. Entre las exigencias que dio origen a la organización y materialización del paro agrario, se recogen elementos reivindicativos y de carácter estructural. Podemos resumir los puntos presentados por la Cumbre Agraria al Gobierno central de la siguiente manera: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamientos territorial, 2. Reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, 3. Participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y en los espacios donde se construyen y diseñan la implementación de las políticas públicas para el sector rural, 4. Plan de choque para la titulación de tierras y saneamiento de la propiedad rural, 5. Territorios de especial atención, entendidos estos como aquellas zonas estratégicas de páramos, ecosistemas, bosques, cuencas y demás ecosistemas que por su importancia para la supervivencia de los territorios y su población es determinante y necesaria su protección, 6. Reconocimiento y garantías al derecho a la consulta previa, libre e informada, referente a los asuntos que afecten a las comunidades campesinas, indígenas y afros, respetando la autodeterminación de las mismas, 7. Derogación de la ley Zidres, por su implicación y conflictividad que esta generará en los territorios y el peligro de apropiación de las tierras baldías de la nación; 8. Desarrollo de una nueva política minero energética, que respete los ecosistemas, a los territorios y sus comunidades. Prohibición del otorgamiento de títulos mineros en zonas frágiles, derogatoria de aquellos títulos que se han otorgado de manera inconsulta con las comunidades rurales; declaratoria de una moratoria minera; 9. Fortalecimiento de la economía campesina o economía propia; de igual manera la exigencia de políticas de garantías para el libre derecho a la organización, movilización, al acceso a una justicia imparcial, a la defensa de los derechos humanos, al esclarecimiento de los asesinatos contra líderes del movimiento agrario, la libertad de los dirigentes detenidos; fortalecimiento de las relaciones campo-ciudad, en términos de solidaridad y equidad, en general, el cumplimiento a las exigencias de la cumbre agraria, emanadas de su mandato popular en el 2014.
Los acuerdos alcanzados, obligan al Gobierno nacional a poner en práctica mecanismos políticos, económicos e institucionales que permita concretizar lo pactado con las organizaciones de la cumbre agraria; avanzando a la pronta solución a la crisis que vive el sector rural y su población.
El acuerdo busca abordar los diferentes puntos presentados por la cumbre tanto a nivel nacional como regional, las soluciones deberán ser concertadas con la plena participación de los voceros y organizaciones que se movilizaron y en un tiempo prudencial con evaluaciones permanentes por parte de estas y el Gobierno nacional. El acuerdo se sellará de forma definitiva en los próximos días en reunión con el presidente Santos y los miembros representativos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Dentro de los aprendizajes que nos deja la minga, es bueno observar que a pesar de las tensiones al interior de la cumbre en medio de la jornada y que el Gobierno trató de aprovechar para romper el paro agrario, corresponde decir que hubo la capacidad política para saber sortear tales situaciones y al final el Gobierno se vio en la obligación de sentarse con la dirección de la Cumbre Agraria en uno de los territorios históricos de la lucha campesina, indígena, afro y popular; como es la región del sur occidente colombiano. También es importante destacar que las fuerzas en movilización tenían claro que la jornada de paro no era en rechazo al proceso de paz, al contrario siempre hubo la convicción de que la paz requiere del respaldo popular en la calle, que no se trata de una paz en abstracto, que esta debe ser con justicia social y plenas garantías democráticas. Al mismo tiempo el paro se caracterizó por el rechazo contundente a las políticas neoliberales que han conducido a la población rural y urbana a condiciones de empobrecimiento acelerado; lo anterior se suma el rechazo a la criminalización de la protesta social y a la persecución contra las organizaciones populares.
Finalmente, la minga agraria hace parte de una nueva etapa de acumulación y correlación de fuerzas necesarias para seguir construyendo el camino unitario que nos conduzca por la senda de la transformación social y democrática que Colombia requiere con urgencia. A ello debemos contribuir dejando de lado el vanguardismo, la prepotencia y el sectarismo que muchas veces no permiten sentar las bases de la unidad popular. Construir una gran convergencia social y política, es el reto y debe ser el compromiso hacia la nueva Colombia.
