El 29 y 30 de agosto, en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), que se realizará en Cali a finales de este año, una delegación de La Vía Campesina estuvo presente en la Cumbre Campesina en Fusagasugá, Cudinamarca, Colombia. A continuación reproducimos el texto completo de la Declaración de la Cumbre.

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Las organizaciones campesinas Colombianas e internacionales, como cuidadoras, guardianas y reproductoras de la vida, en el marco de la Cumbre Campesina rumbo a la COP 16, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia, declaramos al Gobierno Nacional de Colombia, al pueblo colombiano y a la humanidad:

Reconocemos la iniciativa del gobierno de Colombia en atención a las demandas del movimiento campesino, de organizaciones de pescadoras y pescadores y defensoras de los bienes comunes. Gracias a esto surge la Cumbre Campesina en el contexto de visibilizar la situación del campesinado en el mundo, en el marco de las discusiones internacionales relacionadas con el cuidado ecológico, la lucha contra la crisis climática y la protección de la biodiversidad.

A partir del contexto en Colombia:

• Exigimos el cese de las violaciones de los derechos humanos y la militarización nacional e internacional de los territorios campesinos en nombre del cuidado de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.
• Rechazamos el militarismo, persecución, criminalización y el terrorismo institucionalizado que se hace en nombre de la conservación, tal es el caso de la base militar en la isla de Gorgona, entre otros.
• El campesinado colombiano señala sin titubeos: Sin reforma agraria integral y popular no puede haber cuidado del ambiente ni de los ecosistemas estratégicos para la vida como los páramos, la conexión andino-amazónica, el Pacífico Biogeográfico y la Orinoquía. La restitución y democratización de tierras, de aguas, la restauración de cuerpos hídricos y la salud de los suelos, así como el campesinado pesquero y agro minero hacen parte integral de las acciones del campesinado en defensa del ambiente y son componente de la reforma agraria integral y popular.
• Exigimos al Estado colombiano el reconocimiento de la dimensión ambiental territorial del campesinado en igualdad de condiciones con otras poblaciones con protección especial constitucional, para alcanzar la armonización de derechos, traduciéndose en legislación, política pública e instrumentos de gestión específicos que garanticen la presencia del campesinado en áreas de especial interés ambiental en condiciones dignas, con ordenamientos territoriales respetuosos de planes de vida, de desarrollo sostenible y de manejo ambiental de las diferentes territorialidades campesinas.
• Exigimos al Estado acciones concretas contra el latifundio y los monocultivos, teniendo en cuenta su impacto negativo en la biodiversidad de los territorios.
• Es necesario priorizar la soberanía alimentaria con base agroecológica en la consolidación de circuitos cortos de abastecimiento agroalimentarios, locales, regionales y nacionales.
• Exigimos al Estado colombiano, e instamos a la opinión pública colombiana, que dé una discusión democrática y honesta sobre la necesidad de la figura de la expropiación en el marco de la jurisdicción agraria, la democratización de la tierra y la función ecológica y social de la propiedad. Un proyecto de nación democrática debe resolver este debate.
• Exigimos al Estado colombiano que desarrolle instrumentos de cuidado ambiental y ecológico participativos, comunitarios e interculturales, evitando la acción con daño y la generación de conflictos territoriales locales, como está sucediendo entre poblaciones con especial protección constitucional, que son igualmente protectoras de la biodiversidad, como, por ejemplo; el Decreto Ley 1094 de 2024.
• Reafirmamos que el campesinado tiene una dimensión ambiental territorial que debe ser respetada, respaldada y reafirmada por todas las instancias del gobierno nacional y del Estado colombiano.
• Se debe garantizar, reconocer y visibilizar el rol de cuidado, protección y guardián de la biodiversidad, los bienes comunes que el campesinado ha ejercido históricamente en el país.
• Reafirmamos que no puede haber una discusión sobre el cuidado ambiental y la protección de los ecosistemas sin que se reconozca el lugar protagónico y estratégico del campesinado en las luchas por la soberanía alimentaria.
• Señalamos la necesidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se comprometa con las garantías para proteger al campesinado, sus formas de trabajo, autonomía, cultura y capacidad ambiental y territorial, incluyendo una reforma estructural al esquema y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, así como también hacer partícipe al campesinado en el manejo, diseño, ejecución y evaluación de los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas.
• Instamos al Ministerio de Agricultura para que promueva esta declaratoria como vinculante en la política pública existente, para avanzar en el fortalecimiento de la agenda del campesinado y las personas defensoras de los bienes comunes que contrarrestan el modelo global del agronegocio y extractivismo.
• Rechazamos el marco conceptual, político, ambiental y económico sobre el que se están desarrollando las discusiones de la protección de la biodiversidad desde una visión de mercantilización de la naturaleza.
• Defendemos el diálogo de saberes, la transferencia tecnológica en clave soberana y democrática, la gestión comunitaria del saber territorial, la innovación en el marco de las formas de vida del campesinado y las garantías para su preservación, así como su reproducción.

Para el fortalecimiento de la vida campesina se necesita todo el compromiso de la sociedad por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y los acuerdos alcanzados con el movimiento campesino, así como la Consolidación de la Paz Total y el diálogo político para la superación del conflicto armado interno.

Por ello, reafirmamos como campesinado la urgencia de que se materialice la política de drogas vinculante, concertada y progresiva, desde un enfoque diferencial, territorial, de derechos humanos y no estigmatización, que permita superar el fenómeno de cultivos denominados de usos ilícitos en los territorios campesinos.

No es posible tener una conversación realista sobre la protección ecológica, la producción de alimentos y el cuidado de los ecosistemas en medio de la guerra y la injusticia social.

Llamamos al señor presidente Gustavo Petro a que lidere una discusión internacional y lleve al escenario de la COP16 estos planteamientos del campesinado, sobre su lugar en la protección ambiental y la necesidad de un marco político que los reconozca.

En el contexto global demandas ante la COP16:

Las organizaciones campesinas de Colombia y Latinoamérica, nos hemos posicionado históricamente en la defensa de los derechos del campesinado en su esencia, sin abandonar la defensa de las voces indígenas, comunidades ancestrales, costeras, mujeres, territorios interculturales, cuerpos migratorios, infancias y juventudes en su diversidad, así como la defensa de la soberanía alimentaria, resaltando la agricultura campesina, la producción agroecológica y las economías sociales solidarias, protección de los bienes comunes y la biodiversidad, para alcanzar una alimentación saludable en equilibrio con la naturaleza, como el rol de las cooperativas, reservas campesinas e indígenas. Lo anterior, como respuesta ante la agenda global del agronegocio y extractivismo.

En el contexto de la crisis climática y amenaza de la pérdida de la biodiversidad, queremos que se reconozca el papel fundamental del campesinado en la conservación de la biodiversidad y protección de los bienes comunes, ante la ausencia de justicia social y climática en los actuales enfoques globales.

Demandamos el respeto a los conocimientos tradicionales del campesinado asociados a la biodiversidad. Es clave la inclusión de las cosmovisiones campesinas tradicionales en las decisiones políticas, que siguen ausentes pese a la inclusión de comunidades ancestrales indígenas.

Por tanto, demandamos se reconozca el papel protagónico del campesinado y otras formas organizativas locales no mercantiles, en la toma de decisiones sobre políticas de biodiversidad, ya que poseemos los conocimientos profundos sobre el manejo ético de los bienes comunes, desde nuestra capacidad de agencia y autonomía, como un rol crucial para aportar soluciones reales ante la crisis climática y la preservación de la biodiversidad.

Los modelos extractivistas del sistema agro-industrial son los principales responsables de la pérdida de biodiversidad y de la crisis climática. Estos sistemas, centrados en intereses corporativos, no solo degradan el ambiente, sino que también afectan la cultura y la existencia de las comunidades campesinas, tradicionales, tribales, afrodescendientes, palenqueras e indígenas, que están en la primera línea de defensa de los bienes comunes, en especial las comunidades campesinas, que siguen invisibilizadas.

La creación de “compensaciones” o “créditos de biodiversidad”, como soluciones, son mecanismos promovidos por multimillonarios y corporaciones financieras mercantiles, que permiten a los países ricos evitar regulaciones, sin abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, trasladando su responsabilidad y pagando para que otros recuperen el planeta que ellos destruyen.

Por tanto, desde el campesinado demandamos abordar las causas de la crisis mediante regulaciones efectivas, como las que promueven las personas defensoras de los bienes comunes en sus territorios, a su vez, exigimos no promover proyectos mercantiles que dañan los ecosistemas naturales de algas, prohibiendo el uso de aquellas genéticamente modificadas y cualquier forma de geoingeniería que afecte la biodiversidad.

Cuestionamos el enfoque del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tiende a ignorar el papel del campesinado y personas pescadoras en la gestión sostenible de los bienes comunes naturales, adoptando una perspectiva utilitarista, economicista y antropocéntrica, que no aborda de manera integral la pérdida de biodiversidad.

Nos oponemos de manera categórica al desarrollo de tecnologías de ingeniería genética y de biología sintética, así como al uso de la información digital sobre secuencias genéticas (DSI) y a las patentes que de ella se derivan, pues finalmente son una forma de privatización y manipulación de la vida en la que son las corporaciones las que buscan obtener jugosas ganancias, al provocar graves e impredecibles distorsiones sobre los genomas naturales, trayendo consecuencias desconocidas que perjudican la producción tradicional y campesina de alimentos, además de erosionar a la biodiversidad.

Por todo lo anterior rechazamos las falsas soluciones ‘’basadas en la naturaleza’’, promovidas por intereses corporativos, como el ‘’greenwashing’’ (“lavado verde”), término que se ha utilizado para describir cómo los gobiernos, políticos y corporaciones impulsan procesos que simulan un supuesto ‘’compromiso genuino’’ con el medio ambiente o la sostenibilidad, pero que, en realidad, son medidas superficiales, insuficientes o directamente contraproducentes.

Esto genera pérdida de confianza pública en las verdaderas iniciativas de restauración y reparación climática, así como dificultan la implementación de políticas efectivas para la cuestión ambiental y climática. Es urgente una ruta de justicia y reparación climática, para abordar las desigualdades estructurales y los responsables corporativos.

La justicia climática se enfoca en la justicia, equidad y los derechos humanos, así como también en la reparación y compensación a las comunidades afectadas por daños climáticos y la pérdida de biodiversidad, con énfasis en las poblaciones más afectadas como las juventudes, y las mujeres campesinas y pesqueras en todas sus diversidades, para fortalecer el diálogo intergeneracional, diversidad cultural y de conocimientos tradicionales.

Asimismo, reiteramos que no es posible alcanzar justicia social y climática sin la justicia de género ausente hacia las mujeres campesinas, por tanto, demandamos que se establezca una política de acceso a la tierra para las mujeres campesinas en su diversidad. También, garantizar la participación de las mujeres campesinas en los espacios de toma de decisión económicas, políticas, sociales y ambientales, es así como en lo concreto alcanzamos justicia climática en poblaciones clave, mayormente afectadas por la crisis climática.

Insistimos en la defensa y protección de las personas defensoras de la naturaleza, ante la violencia de derechos humanos, estigmatización y criminalización del campesinado, mediante políticas públicas que protejan y reivindiquen el rol de las personas defensoras y campesinas, así como la creación de fondos de apoyo e implementación de una transición justa hacia la producción agroecológica, economías bajas en carbono, que prioricen modelos de economía campesina, social y solidaria.

Es fundamental que los gobiernos, y en especial el de Colombia, promuevan acciones concretas diferenciadas que garanticen la justicia y reparación climática, que nos ofrezca una respuesta efectiva antes las poblaciones mayormente afectadas, como nosotras las personas campesinas del mundo.

Finalmente nuestra propuesta concreta al gobierno de Colombia, en el marco de la COP16, es adoptar y acuerpar la visión del campesinado mediante la creación de un Órgano Subsidiario que de forma permanente con otras poblaciones clave, trabaje por el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades defensoras de los bienes comunes para la protección y la utilización sostenible de la diversidad biológica, en la implementación del Artículo 8j del Convenio de la Diversidad Biológica.

Así mismo, que el gobierno de Colombia en nombre del Estado Colombiano solicite en la COP16 el reconocimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, como parámetro de interpretación y de aplicación del convenio sobre la biodiversidad, en especial el artículo 19 y 20 de dicha declaración.

Solicitamos que sea posible la participación reforzada del campesinado en el diseño, ejecución y evaluaciones del plan de acción de biodiversidad que se presentará en la COP16.

El gobierno de Colombia es clave para desarrollar instrumentos de cuidado ambiental y ecológico participativos, comunitarios e interculturales, que entren en diálogo de saberes inter científicos necesarios, como el aporte de las instituciones académicas al servicio de las comunidades campesinas. Reconociendo el rol protagónico de quienes están en la primera línea de la defensa de los bienes comunes y la biodiversidad.

Lo anterior, para generar condiciones mínimas de acuerdo internacional entre pueblos, en especial el campesinado como sujetos de derecho, reconociendo sus diferencias, particularidades territoriales y culturales, como por ejemplo la construcción del patrimonio biocultural.

Por tanto, es clave que quienes representan nuestras organizaciones campesinas queden incluidas en el espacio de decisión como delegación oficial de Colombia en la COP16, garantizando nuestra autonomía como campesinado.

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