(03 de Marzo de 2021) El pasado 1 de marzo de 2021, Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) de Colombia -organización miembro de La Vía Campesina (LVC)- se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la violencia y la represión sistemáticas contra las organizaciones campesinas en Colombia, así como el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la continua violencia estatal y paramilitar contra las y los líderes sociales.
En este sentido, “a cinco años de los acuerdos de paz, ya son mas de 1000 líderes y lideresas sociales asesinadas, la mayoría campesinos, indígenas y comunidades negras; lo que indica que en Colombia, un líder social es asesinado cada 41 horas”, resaltó Martínez.
A través del CETIM, y con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional y FIAN Internacional (organizaciones aliadas de LVC, con estatus consultivo ante Naciones Unidas), la líderesa campesina participó en los debates de dicha sesión con motivo de la presentación del informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Cabe señalar que el informe en cuestión refleja las preocupaciones de las organizaciones y movimientos sociales sobre el terreno, en lo que respecta a “la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz”. Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reiteró la urgencia de desmantelar el paramilitarismo.
En su intervención, Martínez destacó la represión especialmente violenta contra los paysan⋅ne⋅s colombien⋅ne s y contra su organización: “Desde su fundación, FENSUAGRO ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento, mas 700 de nuestros afiliados han sido asesinados o desaparecidos; hay un alto nivel de subregistro porque las víctimas no denuncian, tienen miedo a las represalias. Sabemos que están pagando para asesinar a campesinos que pretendan regresar a sus tierras”.
El Estado colombiano es de facto responsable de estas violaciones y debe respetar sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos: son las condiciones básicas para construir una paz efectiva y duradera para el pueblo colombiano. Ante esto, Nury Martínez instó al Consejo de Derechos Humanos a exigir al gobierno que promueva, entre otras cosas, “cambios estructurales que hagan frente a las causas históricas del conflicto armado: el problema de la tierra, la pobreza y la exclusión social de las zonas rurales”, “abolir el paramilitarismo” y “comprometerse en respetar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y campesinas de la ONU”.
Más información:
– Vea la intervención de Nury Martínez en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1:11:49 – 1:13:18)
