Foto: Jesús Abad Colorado
La verdad es un elemento imprescindible en los procesos de paz y reconciliación. Su importancia radica en la necesidad de crear una memoria colectiva, luchar contra el olvido y garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer lo que sucedió en el marco del conflicto armado. El proceso de consecución de verdad, justicia y reparación en Colombia avanza poco a poco, pese a los intentos de la ultraderecha de frenarlo.
El punto 5 del Acuerdo de Paz, denominado “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, fue diseñado con el objetivo de atender y reparar a las casi 9 millones de víctimas que ha provocado el conflicto armado colombiano[1]. Para ello, se contempla la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), el cual busca contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la rendición de cuentas por lo ocurrido y el reconocimiento de responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado interno, entre otros.
El SIVJRNR está compuesto por tres mecanismos: la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), ii) Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y iii) Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD). El trabajo que vienen realizando estos mecanismos ha sido de gran importancia en el proceso de consecución de verdad y de satisfacción de los derechos de las víctimas.
En su rendición de cuentas del 2020 y primer semestre del 2021, la UBPD informa que ha recuperado 163 cuerpos no identificados y ha entregado los cuerpos de 109 personas[2]. Esta Unidad, que cuenta con un mandato de 20 años, tiene la tarea de buscar a más de 120 mil personas desaparecidas durante el conflicto entre 1958 y 2016.
La JEP, por su parte, ha tomado decisiones trascendentales este año. En enero atribuyó al antiguo secretariado de las FARC-EP la responsabilidad por más de 20.000 secuestros y el trato inhumano que padecieron las víctimas durante el cautiverio. Posteriormente, hizo pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, conocido como “falsos positivos”. La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, período de tiempo en el que se registró el 78% del total de la victimización histórica[3].
La Sala de reconocimiento de la JEP ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a 25 generales, oficiales y suboficiales del Ejército por “falsos positivos” en el Catatumbo y la Costa Caribe, 2 de los 6 territorios priorizados por la Jurisdicción para la primera fase de la investigación del Caso.
La Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un mecanismo de carácter extrajudicial, cuyo trabajo gira alrededor de 4 ejes: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. La Comisión tiene la tarea de escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores para lograr un relato amplio de los hechos que explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones serán de carácter histórico y quedarán consignadas en el Informe final, el cual deben entregar al finalizar su mandato.
El Decreto que reglamenta la CEV, establece que su período de funcionamiento será de 3 años, los cuales se cumplen en noviembre de 2021. En razón a esto, las organizaciones sociales presentaron una demanda ante la Corte Constitucional a fin de que se amplíe el periodo de la Comisión, bajo el argumento de que la emergencia sanitaria provocada por el COVD-19 había limitado el trabajo de la CEV, debido a la imposibilidad de viajar a los territorios. De hecho, de los 37 meses que la Comisión ha funcionado, en 17 ha enfrentado el fenómeno de la pandemia.
La CEV ha sido un foro en el que han intervenido distintos actores del conflicto armado. El pasado 4 de agosto el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el antiguo comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, comparecieron ante la Comisión para contar la verdad sobre el conflicto armado. En su intervención, Mancuso afirmó: “la Unión Patriótica no fue exterminada por las autodefensas, su victimario fue el Estado”, lo que permite comprobar lo que se viene denunciando desde hace años: la clase política tradicional contrató paramilitares para asesinar a grupos opositores. Igualmente, habló sobre la estrategia para el despojo de tierras en beneficio de políticos y empresarios.
El expresidente Álvaro Uribe también ha rendido testimonio ante la CEV; sin embargo, no lo hizo con el ánimo de contribuir a la verdad ni reconocer algún tipo de responsabilidad. “Yo no reconozco a las instituciones que surgen de La Habana” expresó el exmandatario, quien no sólo niega la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales, sino también cualquier responsabilidad que pudiera tener, afirmando que fue inducido al error por sus subordinados.
Pese a los avances que ha logrado el SIVJRNR, el partido de Gobierno radicó un proyecto de Ley que eliminaría el Marco Jurídico para la paz y el delito político de la Constitución Política.
[1] Unidad de víctimas. Reporte de las personas registradas como víctimas en Colombia. Ver: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ruv/37385
[2] Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Actualización de informe de rendición de cuentas. Ver: https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2021/08/UBPD_Rendicioncuentas_2020-2021.pdf
[3] Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. Comunicado 019 de 2021. Ver: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-pública-la-estrategia-de-priorización-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx