La crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha tenido diversos impactos, dentro de los que cabe resaltar, el incremento de la pobreza, profundización de la inseguridad alimentaria, agravamiento de la crisis de seguridad y limitaciones en la implementación del Acuerdo de Paz.
Según información del DANE[1] (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) cerca de 5,2 millones de personas que habitan en la zona rural colombiana no tienen los ingresos necesarios para atender sus necesidades y 2,1 millones de personas no tienen los ingresos suficientes para satisfacer la canasta alimenticia básica. La entidad también informa que la cuarta parte de los hogares colombianos pasaron de 3 a 2 comidas diarias debido a la crisis generada por la pandemia[2].
También se ha presentado un grave incremento de los niveles de pobreza en el país como consecuencia de la crisis. Las estimaciones de los analistas son preocupantes: la pobreza podría alcanzar un nivel entre 47%/49% y la pobreza extrema 14%[3], según estimaciones de Fedesarrollo; por su parte, el economista Luis Jorge Garay estima que la pobreza llegará a un 60% y la pobreza extrema al 20%.
La pandemia evidenció la débil infraestructura de salud en zonas rurales, que se manifiesta en la inexistencia de camas UCI en el 89% de los municipios PDET o en una menor tasa de pruebas por cada 10.000 habitantes frente al total nacional. Igualmente, en los municipios PDET se registra un porcentaje de letalidad más alto que en el resto del país (3,6% frente a 2,6%).
En el Acuerdo se establece la creación de 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral – PNRRI, los cuales pretenden cerrar estas brechas entre campo y ciudad. Los PNRRI debían aprobarse en su totalidad en la fase de implementación temprana en 2018; sin embargo, a la fecha sólo han sido aprobados 9 de ellos[4], dentro de los cuales no está incluido el Plan Nacional de Salud Rural.
Durante la temporada de aislamiento obligatorio para mitigar la propagación del Covid-19, se deterioró la seguridad y se agravaron los hechos de violencia, que ya venían en aumento desde la firma del Acuerdo. Los grupos armados ilegales aumentaron las acciones de presión y control social sobre las comunidades y liderazgos sociales para cumplir con las restricciones. De hecho, en algunos municipios del país se registraron asesinatos contra pobladores que violaron las medidas impuestas por los grupos armados.
Es importante resaltar que, bajo el Gobierno de Duque, la presencia territorial de los grupos armados ilegales se ha incrementado de forma considerable, de suerte que, las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Las disidencias de las FARC pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020; y el ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020. El paramilitarismo ha logrado consolidar una mayor presencia territorial: actualmente el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios[5].
Por último, debe resaltarse que la implementación del Acuerdo ha sufrido impactos en varios aspectos: en primer lugar, las medidas de confinamiento han dejado a la población más expuesta al accionar de los grupos armados, ha debilitado la construcción comunitaria de tejido social y ha limitado la participación comunitaria en los procesos de política pública. Adicionalmente, puede haber contribuido a que ciertos procesos, como obras públicas, retrasen su implementación[6].
[1] Departamento Administrativo Nacional de Estadística
[2] DANE (25 de marzo de 2021) Octava ronda de la Encuesta de Pulso Social. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
[3] La República (19 de octubre de 2020) ¨La pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49% por la pandemia del covid¨ Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/la-pobreza-en-colombia-va-a-alcanzar-un-nivel-de-entre-47-y-49-por-la-pandemia-3075386
[4] Estos son: Plan nacional de vivienda, de electrificación rural, de vías, conectividad, de apoyo a la economía campesina, de fomento a la economía solidaria, para la promoción de comercialización de la producción de la economía campesina, de riego y plan de protección de garantía de derechos de los trabajadores rurales.
[5] PARES (2020) Seguridad en tiempos de pandemia. Legados de guerra y crimen organizado en Colombia. Recuperado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf
[6] Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC (2021) Octavo Informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/864-octavo-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia.html
