La distribución de las tierras en Brasil no avanza. Esa es la evaluación de las 45 organizaciones que forman parte del Foro Nacional de Reforma Agraria y Justicia en el Campo. Durante la divulgación del balance de 2005, los representantes de las entidades criticaron la lentitud en el proceso de asentamiento de las familias de trabajadores rurales y la prioridad al agronegocio. Para Elisângela Araújo, de la coordinación de la FETRAF (Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar), no es posible considerar que la reforma agraria esté siendo realizada porque casi nada cambió. "Necesitamos retomar la implementación del Plan Nacional de Reforma Agraria", afirmó.

El plan, elaborado en 2003, preveía el asentamiento de 400 mil familias sin-tierra hasta el final de este año. Sólo el año pasado la previsión era de 120 mil familias asentadas. Según el Ministerio del Desarrollo Agrario, la meta fue cumplida y hasta sobrepasada. Sin embargo, los movimientos sociales aseguran que sólo 36 mil familias fueron asentadas en tierras expropiadas. Las demás fueron reasentadas o colocadas en áreas públicas, como la Amazonia Legal.

"En el inicio del gobierno pedimos también el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria con la contratación de más de 3 mil técnicos. Sin embargo, en los últimos cuatro años solo se contrató a 530 nuevos empleados", denunció João Paulo Rodrigues, de la dirección nacional del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra).

Otro punto central de las reivindicaciones es la actualización de los índices de productividad, utilizados como criterio para declarar si un inmueble cumple su función social. Desde 1975 estos no son modificados y esa discusión, que estaba en la agenda del gobierno, se quedó paralizada en el Ministerio de la Agricultura.

El obispo Tomás Balduíno, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, cree que el retraso en el proceso ocurre porque la actualización de los índices abriría las puertas de muchos latifundios para la reforma agraria. "La cantidad de inmuebles aumentaría significativamente", coincidió el dirigente del MST.

Para los movimientos sociales, el cambio en la política económica es esencial para el avance de la distribución de la tierra. En su documento de balance, ellos demandan la modificación de la tasa de interés y la eliminación del superávit primario para el fortalecimiento del mercado interno. "Sabemos que un 82% de la población está a favor de la Reforma Agraria", acordó Balduíno al exigir el asentamiento de todas las familias acampadas en el país.

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