Por segundo año consecutivo, una delegación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar procesos regionales violatorios de los Derechos Humanos de los campesinos y campesinas, pero que por ello también afecta derechos fundamentales de poblaciones urbanas y países en su conjunto.
En especial las múltiples y similares leyes de privatización de semillas criollas a través de patentes y derechos de obtentores vegetales, así como las industrias extractivas que disputan territorios con la producción de alimentos y la vida misma de población rural campesina, en América Latina y el Caribe.
Con un eje transversal en la presencia de corporaciones trasnacionales –tanto del agronegocio y la alimentación, como de las materias primas de origen extractivo- la presentación de la CLOC fue acompañada por el argentino Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización por el Derecho a la Alimentación Adecuada FIAN Internacional.
Así lo narró en diálogo Diego Montón, de la Secretaría Operativa de CLOC, recordando que ya en 2013 una delegación había participado de la ronda de audiencias de la CIDH ante la apertura de “una ventana de interés” por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) por parte de la Comisión.
El Informe presentado la pasada semana puede consultarse como documento adjunto a esta nota. La situación de las mujeres en el campo, las ya mencionadas leyes de semillas, el proceso de imposición de cultivos transgénicos con fuerte peso de los derechos de propiedad intelectual de empresas como Monsanto y el denominado “acaparamiento de tierras” mediante la compra de extensiones por parte de estados extranjeros en América Latina, son algunos de los apartados en ese documento.
Montón fue crítico del propio rol de la CIDH al depender de una instancia como la OEA que mantiene al margen a algunos países latinoamericanos como Cuba, así como por contar con su sede en la capital de los Estados Unidos, país que no ha firmado algunos de los convenios internacionales en materia de derecho humanitario. También se reivindica el hecho de que otras instancias regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) implementen instancias de monitoreo de los DDHH.
El representante de la coordinadora campesina, señaló que a partir de la anterior visita a la CIDH ésta ha comisionado algunas misiones, por ejemplo en Curuguaty, en Paraguay, pero se reclama una actitud más proactiva para la salvaguarda de los derechos vulnerados. Entre sus peticiones se solicita realizar “diagnósticos y monitoreo sobre la situación de los derechos a la alimentación y al territorio que le permitan hacer recomendaciones a los Estados a los efectos de incidir en la mejora de las condiciones de vida y vigencia de sus derechos humanos, en especial los DESC”.
Montón dijo en este espacio “Mano a mano” que se busca generar una jurisprudencia que permita la justiciabilidad de las violaciones de DDHH por parte de las corporaciones, basándose en el principio de Soberanía Alimentaria y otros, desarrollados en las luchas de los movimientos campesinos. Frenar las “leyes de semillas” bajo el estándar de “protección de derechos de obtentor” e ilegalización de las semillas campesinas, figuran entre las prioridades.
En ese sentido, Diego Montón indicó que, en base a la documentación presentada por la delegación de CLOC y otras que participaron de esta ronda de sesiones de la CIDH “queda claro que ello demanda jurisprudencia específica y mecanismos claros de intervención”. Como referencia mencionó que a nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se resolviera iniciar un camino de construcción de normas vinculantes para las corporaciones trasnacionales y señaló que el proceso ante la CIDH y el CDH, en Ginebra, deben implicarse mutuamente. “Esperamos que la CIDH pueda seguir con atención estas discusiones para incorporar a su agenda permanente de trabajo el abordaje de las vulneraciones que comprometen a estos actores”, señaló la delegación en el documento.
