Entregado a los miembros del Comité Director del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, realizado el 1-5 de Junio, 2009, Tunis.

La multiplicación y la agravación de las crisis alimentarias, económicas, energéticas y climáticas obligan a los campesinos de todas las regiones del mundo a adaptar sus sistemas de cultivo a la aceleración de los cambios de su medio ambiente. La conservación dinámica y la utilización duradera de la biodiversidad cultivada, los agro-sistemas, los sistemas sociales y conocimientos campesinos asociados a éstos están en el centro de esta adaptación de la que depende la alimentación de las generaciones futuras. Esta biodiversidad no puede conservarse y renovarse sin el reconocimiento de los derechos de los agricultores definidos por el TIRFAA, ante todo sus derechos definidos en el artículo 9 de conservar, utilizar, a intercambiar y a vender sus semillas criollas, de participar en las decisiones nacionales y proteger sus conocimientos tradicionales. A pesar de numerosas declaraciones políticas y científicas sobre la necesidad de desarrollar la conservación en los campos, la mayoría de los países signatarios del Tratado prohíben el ejercicio de estos derechos colectivos. Los sustituyen por los derechos privados de propiedad intelectual sobre las semillas que permiten a una decena de empresas multinacionales de semillas declararse dueños del conjunto de la biodiversidad existente.

Privados de sus derechos, los campesinos ya no pueden conservar los centenares de millares de variedades que ellos seleccionaron pacientemente para adaptarlos a sus agro-sistemas. Las empresas multinacionales los sustituyen por algunas decenas de cultivos industriales destinadas a abastecer a las poblaciones más ricas, sus animales o sus coches. No reproductibles y protegidas por derechos de propiedad intelectual que prohíben a los campesinos volver a sembrar su cosecha, estas semillas industriales son demasiado costosas para los pequeños campesinos que no pueden ni re-adquirirlas cada año, ni comprar los abonos y los pesticidas indispensables para cultivarlas. Destruyen así los cultivos alimenticios, los sistemas sociales, culturales y los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas.

Sólo conceder a los agricultores el derecho al reparto de ventajas es una trampa diseñada por el UPOV que se niega a exigir la indicación del origen de los recursos utilizados en el depósito de los COV y por las patentes que sirven de camuflaje de ésta información; este derecho ilusorio sólo sirve para hacer aceptar la negación de los derechos colectivos de los agricultores por los derechos de propiedad intelectual que generan estas “ventajas” que nunca son compartidas.

Utilizar el dinero de la lucha contra el hambre para distribuir gratuitamente estas semillas industriales y los insumos asociados a ellas a los pequeños campesinos que alimentan al pueblo pobre del Sur hasta que abandonen sus semillas campesinas locales es condenarles a desaparecer en cuanto este apoyo no duradero desaparecerá: ésta política agresiva es contraria a la protección de los derechos de los agricultores definidos en el TIRFAA

Los bancos de genes “ex situ” y la biodiversidad cultivada son amenazados hasta en los centros de origen y diversificación por las contaminaciones de OGM patentados, las guerras y el abandono de las financiaciones públicas necesarias para su conservación, en particular en los países del Sur más ricos en biodiversidad cultivada. Sustituirlos por colecciones de secuencias genéticas convertidas en bancos de datos numéricos priva a los campesinos del acceso a la diversidad de las semillas vivas reproductibles de las que tendrán necesidad para alimentar a la humanidad de mañana. Los campesinos no tienen uso para semillas incapaces de germinar, encerradas en un congelador y a las cuales no tienen acceso, ni de su código genético convertido en secuencias numéricas. Sólo las multinacionales podrán apoderarse de este tesoro para comercializar algunas plantas estandarizadas resultantes de genes sintéticos patentados que su potencia financiera les permite fabricar.

Por esta razón la Vía Campesina pide al Comité director del Tratado facilitar lo siguiente:

• aplicar con el conjunto de los países signatarios los derechos de los agricultores para conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas de explotación, protegerlas de la biopiratería, de contaminaciones por genes patentados y de políticas agresivas que destruyen los sistemas sociales, los agro-sistemas, los sistemas culturales y los conocimientos tradicionales asociados con éstos. Pedimos suspender los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas con el fin de permitir a los campesinos a responder lo más rápido posible a las crises alimenticias, climáticas y energéticas.
• conservar la facultad germinativa de las semillas y hacer accesible al conjunto campesinos del planeta los recursos fitogenéticos tomados de sus campos y encerrados en los bancos de genes,
• para movilizar a sus socios financieros, en particular, el programa mundial para la alimentación, con el fin de desarrollar extensos programas de selección participativa al campo y no para distribuir semillas industriales no reproductibles o para convertir las colecciones del sistema multilateral en bases de datos numéricas
• para asociar a la elaboración de sus decisiones las organizaciones de pequeños agricultores reunidas en Via Campesina en la misma medida que los representantes de la industria

Para garantizar esto pedimos incorporar las organizaciones campesinas en el funcionamiento del tratado, especialmente lo siguiente:

• La realización de un informe sobre el respeto a los derechos de los agricultores y la situación de los campesinos en el mundo, partiendo de sus propias experiencias así como de documentos proporcionados por las instituciones gubernamentales
• Un grupo de trabajo con la tarea de asegurar la conformidad de las prácticas de los que utilizan el sistema multilateral con las reglas del Tratado, sobre todo en lo que es tomar medidas concretas para luchar contra la biopiratería
• Un grupo de trabajo encargado de definir un marco para la conservación in situ en las granjas y de facilitar su financiamiento
• Un trabajo común con los CGIAR sobre la definición de recursos ex situ y un código de conducta en relación a las modalidades y el acceso a los recursos, su utilización y el reparto de beneficios

Y con estos fines, de dar a las organizaciones campesinas los medios financieros para participar en estas labores.

Para contactar a la delegación de la Vía Campesina in Tunis: + 85264504508
Para leer la declaración de Comité Internacional de Planificación : http://www.foodsovereignty.org