¡CONTRA LA CONFISCACIÓN DE TODAS LAS SEMILLAS, POR LAS PATENTES DE LAS MULTINACIONALES !

(Bagnolet, 12 de setiembre de 2022). El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se reunirá en Nueva Delhi del 19 al 25 de septiembre con su Órgano Rector, compuesto por 144 Estados miembros. Desde su entrada en vigor en 2004, el Sistema Multilateral del Tratado ha gestionado el acceso a varios millones de muestras de semillas, recogidas en su mayoría en los campos de campesinxs en todo el mundo y almacenadas en “bancos de germoplasma”. Pone estos “recursos fitogenéticos” a disposición de los investigadores y la industria para que los utilicen en la obtención y comercialización de nuevas variedades. A cambio, el artículo 9 promete:

– Garantizar los derechos de los agricultores que han seleccionado, criado y mantenido estos “recursos fitogenéticos” en sus campos para utilizarlos, intercambiarlos y venderlos;

– Proteger sus conocimientos, su derecho a participar en los beneficios del uso de sus semillas y a participar en las decisiones que les afectan;

– Oponerse a cualquier derecho de propiedad intelectual que pueda limitar el acceso a las semillas que distribuyen, sus partes o sus componentes genéticos.

El campesinado de La Vía Campesina estará presentes en Nueva Delhi como parte de la delegación de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria (PIC) para recordar al Consejo de Administración del Tratado que debe hacer valer inmediatamente sus derechos.

Desde 2004, no se ha cumplido ninguna de las promesas del artículo 9: el reparto de beneficios se ha limitado a unas pocas migajas simbólicas ofrecidas por un puñado de Estados o, más recientemente, arrojadas por algunos industriales. Además, la mayor parte del poco dinero recaudado no se devuelve a lxs campesinxs que dieron sus semillas, sino que se distribuye a instituciones académicas. Los países ricos favorecen las leyes de certificación y propiedad intelectual que limitan o prohíben los derechos de lxs campesinxs y utilizan los Tratados de Libre Comercio para imponer esas mismas leyes a los países del “Sur”. Sólo una minoría de Estados consigue resistir estas presiones comerciales indignas para hacer valer los derechos de lxs campesinxs.

Las leyes de semillas industriales garantizan el monopolio absoluto de las semillas que se hacen homogéneas y estables para que puedan ser protegidas por los derechos de propiedad intelectual. Esta estandarización de las semillas impone la misma estandarización de las condiciones de cultivo mediante fertilizantes y pesticidas químicos y maquinaria, todo ello dependiente del alto consumo de combustibles fósiles. Criminalizan la inmensa diversidad de semillas campesinas lo suficientemente vivas como para que lxs campesinxs puedan adaptarlas cada año a la inmensa diversidad de terruños y condiciones de cultivo y a sus cambios, especialmente climáticos.

Estas leyes perpetúan así un sistema industrial de semillas que se está colapsando y prohíben los sistemas de semillas campesinas, que son la única forma de garantizar el derecho a la alimentación de las generaciones futuras.

Los derechos de lxs campesinxs y el reparto de beneficios se ven obstaculizados por una minoría de países ricos que exigen una mayor ampliación del número de especies de semillas a las que el Tratado les da acceso. Esta obstrucción está provocando crecientes protestas por parte de la mayoría de los países miembros que son menos ricos financieramente, pero más ricos en semillas que son criadas y guardadas por sus agricultores. Ante el riesgo de que estas protestas se conviertan en decisiones vinculantes, la industria ha inventado de repente un nuevo vocabulario para tratar de eludir sus obligaciones: ya no habla de recursos fitogenéticos, sino de “información digital de secuencias genéticas” o DSI.

Las nuevas semillas siempre se han seleccionado cruzando plantas y modificando sus características mediante diversos procesos agronómicos, físicos o químicos, y luego observándolas para elegir y multiplicar las que producen las cosechas más interesantes. Hoy, la nueva religión genética reduce los organismos vivos a la mera representación numérica de su genoma (ADN) o epigenoma (ARN, proteínas…). Por ello, el Tratado se ha unido al consorcio DivSeek1 para movilizar millones de dólares con el fin de secuenciar los genomas de todas las semillas que se le confíen y coordinar el acceso gratuito de estos DSI en Internet. También pide a los investigadores y ONG financiados por el reparto de beneficios que recojan y presenten al consorcio nuevas semillas criadas por lxs campesinxs y que publiquen todos los datos que reflejen los conocimientos campesinos sobre los rasgos de interés de esas semillas. Para sustituir cada vez más rápidamente sus variedades industriales, cada vez más insostenibles, por constantes innovaciones igualmente obsoletas, las multinacionales ya no necesitan tener acceso a los recursos fitogenéticos físicos de los bancos de germoplasma del Tratado. En su lugar, recogen libremente en Internet bases de datos que recopilan las secuencias genéticas de millones de semillas y los conocimientos asociados de los agricultores. A continuación, confían estas DSI a los algoritmos de ordenadores muy potentes encargados de identificar las secuencias genéticas asociadas a los rasgos más interesantes para comercializar masivamente las nuevas semillas. Tras patentar esta “información genética” y utilizar a sus responsables de comunicación para hacer todas las promesas posibles con el fin de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, dan instrucciones a sus genetistas para que intenten introducir estas DSI en nuevas variedades comerciales.

En los debates internacionales, los países ricos que acogen a las multinacionales de las semillas afirman que los ISR de las semillas en el sistema multilateral del Tratado no son recursos fitogenéticos sujetos a la prohibición de las patentes y al reparto de beneficios, sino resultados de la investigación. Sin embargo, sus leyes nacionales de propiedad intelectual dicen lo contrario al ampliar el alcance de una patente sobre información genética a cualquier organismo que contenga esa información y exprese el rasgo de interés asociado.

Con Divseek, el Tratado organiza así una nueva forma de biopiratería, que consiste en privar a los agricultores de sus derechos de guardar, utilizar, intercambiar y vender las semillas que ellos mismos han seleccionado en cuanto se recogen, a veces sin su conocimiento, para alimentar la investigación o las colecciones nacionales puestas a disposición del sistema multilateral.

Más allá de su insoportable injusticia, esta nueva biopiratería amenaza el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de los pueblos. En pocos años, tres multinacionales se han hecho con el control de más del 50% de las semillas que se comercializan en el planeta con estas patentes sobre los DSI y los procesos de ingeniería genética diseñados para utilizarlos. Por lo tanto, pueden decidir quién tiene o no tiene acceso a las semillas para producir sus alimentos. Además, mientras la potencia de cálculo de los algoritmos aumenta, su inteligencia sigue siendo nula. La inteligencia es, en efecto, el sello distintivo de los seres vivos. La llamada “inteligencia artificial” de la ingeniería genética repara y diseña nuevas semillas fuera del mundo real, del mismo modo que se programan las máquinas para que funcionen. Pero las semillas no son máquinas. Son los órganos reproductores de los seres vivos, las plantas. La vida no obedece a modelos informáticos. Por ello, las semillas mecanizadas de la industria genética sólo pueden generar múltiples daños al mundo vivo, a la salud y al medio ambiente en el que se difunden. Los nuevos OMG no cumplirán mejor su promesa ni serán más sostenibles que sus predecesores transgénicos. Su expansión amenaza la seguridad alimentaria.

Sólo las semillas seleccionadas año tras año por los agricultores en sus campos se adaptan al mundo real de cada condición de cultivo local y son las que mejor se adaptan a los cambios en él, incluido el clima. Los sistemas de semillas campesinas que los sustentan se basan en los derechos de los campesinos a guardar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas y a protegerlas de la contaminación genética y la biopiratería. Ahora producen tres cuartas partes de los alimentos del mundo utilizando sólo una cuarta parte de las tierras agrícolas. Son los únicos sistemas sostenibles que respetan el bien común. El sistema industrial de semillas puede alimentar la especulación financiera con sus patentes en beneficio exclusivo de una pequeña élite, pero sólo produce una cuarta parte de los alimentos disponibles utilizando tres cuartas partes de las tierras agrícolas. No es sostenible.

Todos los Estados que han firmado el texto del Tratado deben respetar sus compromisos. Por lo tanto, La Vía Campesina pide al Órgano Rector que reconozca que los RFAA son recursos fitogenéticos, que haga cumplir la obligación de sus miembros de aplicar en sus legislaciones nacionales los Derechos del Agricultor definidos en su Artículo 9 y que rechace todos los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas del Sistema Multilateral, sus partes y componentes genéticos de acuerdo con su Artículo 12.3 (d). La Vía Campesina está comprometida con el desarrollo de sistemas de semillas campesinas en todos los países del mundo, preferentemente con el apoyo del Tratado. Pero si el Tratado opta por no respetar los derechos de lxs campesinxs y se convierte en un instrumento de biopiratería para las patentes de las multinacionales sobre los DSI, La Vía Campesina luchará contra él y llamará a todos lxs campesinxs del mundo a salvaguardar sus derechos asegurándose de que sus semillas no puedan ser utilizadas en la investigación o en las colecciones nacionales puestas a disposición de su Sistema Multilateral.

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