Tierra y territorios para el Buen Vivir
Análisis de Coyuntura Cloc- Vía Campesina
“Sólo será posible profundizar la integración y construir un proyecto popular latinoamericano, si consolidamos la Soberanía Alimentaria. Y esto solo es posible con una profunda Reforma Agraria Integral y Popular que recorra todo el continente y vuelva a poner a la tierra en las manos de la agricultura campesina en función del Buen Vivir de nuestros pueblos. En América, es difícil pensar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, económicos sociales y culturales, sin satisfacer el derecho al uso de la tierra, pensando a la misma como un patrimonio colectivo cuyo fin es garantizar el vivir bien. “La Reforma Agraria es una obligación moral de los gobiernos” (Papa Francisco).
“Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio, que apoyado por los capitales financieros internacionales y basado en monocultivos transgénicos, uso masivo de agrotóxicos y expulsión de campesinas y campesinos del campo, es el principal responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y de urbanización” (Declaración del VI Congreso la CLOC Vía Campesina, Buenos Aires 2015).
La tierra, el pan y paz son una trilogía de reivindicaciones populares que atraviesan nuestra historia. Tanto las transformaciones luteranas que tuvieron una fuerte base campesina como la revolución rusa o china, son ejemplos de revoluciones que se arraigan originalmente en esas consignas. América Latina, desde la conquista en adelante, está atravesada por esa disputa. La disputa material por la tierra, y también su dimensión ética y espiritual sobre cómo la concebimos: la cosmovisión.
Para las diversas filosofías originarias, la tierra es nuestra madre, nosotros pertenecemos a ella, y el usufructo de sus bondades es colectivo, comunitario y necesariamente respetuoso con la integralidad de la naturaleza. Por todo esto, en América al menos, es difícil pensar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, económicos sociales y culturales, sin satisfacer el derecho al uso de la tierra, pensando a la misma como un patrimonio colectivo cuyo fin es garantizar el vivir bien. Podemos asegurar que al despojarnos de la tierra y el territorio, se nos arrebata parte de la identidad. Otro derecho fundamental.
Lamentablemente en los últimos años, según la FAO, en América Latina se visualizan “intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras”.
Durante más de 500 años, los pueblos indígenas han resistido la ofensiva imperialista, que no solo desconoce la cultura y espiritualidad sino que además, en términos del derecho liberal, despojó a los pobladores de sus legítimos derechos de uso y posesión de la tierra.
En el sur del Continente hace 200 años, en el marco de las revoluciones por la independencia de España, Artigas, de la mano de campesinos, charruas, guaraníes y negros, lanzó el Código de tierras y bajo la consigna de “Tierra para los nadies” distribuyó, entre los sectores populares, las tierras confiscadas a los terratenientes con la condición de que se radiquen y trabajen en ella. Podemos afirmar que la función social de la tierra era parte del proyecto histórico de la Patria Grande.
100 años después, en México, Emiliano Zapata y Pancho Villa sentaron las bases de la Reforma Agraria, “La Tierra para el que la trabaja”, logrando el reconocimiento de la tierra comunal, fuera del mercado liberal. Estas conquistas, al no lograr profundizarse en transformaciones estructurales de la sociedad, fueron quedando subordinadas a los intereses de las burguesías y las ofensivas coloniales. Derroteros similares en Chile y Nicaragua con sus contrarreformas.
La Reforma Agraria cubana, realizada en el marco de la revolución socialista, no solo perduró, sino que continúa profundizándose actualmente con la distribución de la tierra para desarrollar agricultura campesina y agroecológica. Fue en parte gracias a esa Reforma Agraria que los cubanos resistieron al bloqueo sin desnutrición. En Bolivia, el Gobierno de Evo y los movimientos campesinos indígenas originarios distribuyeron 62,8 millones de hectáreas[2] bajo diversas formas de propiedad para campesinos indígenas y agricultores familiares, asignando el 43% de las mismas a las mujeres. Estas políticas de Cuba y Bolivia se dan a contracorriente de un proceso de concentración de la tierra que vive nuestro continente.
Crisis y nueva ofensiva imperialista sobre la tierra
Actualmente, en el marco de la crisis del capitalismo, que no es solo económica y financiera, sino que es crisis alimentaria, energética y climática, la disputa por la tierra adquiere nuevas características.
En la división internacional del trabajo y la producción que plantea el capital, nuestro continente debe producir materias primas y principalmente commodities. Disponiendo de enormes masas de capital, derivadas del sistema financiero y sus burbujas, las corporaciones transnacionales invaden nuestros territorios con el objetivo de subordinar nuestra tierra a sus intereses. Si bien es una historia y procedimiento que viene desde los tiempos de la Colonia, en la actualidad, la velocidad de despojo y de transformación de los territorios es impresionante.
Y es que es tal el caudal de capital que manejan estas corporaciones, que en pocos días pueden transformar miles de hectáreas de bosques nativos y diversos donde viven y producen alimentos decenas de familias campesinas, en un manto verde de monocultivos transgénicos, que producen mercancías para la especulación en el mercado global de alimentos.
Se calcula que en los últimos 30 años se han talado en América Latina cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de bosques, lo que equivaldría a una superficie mayor que la de México.
Este es el proyecto global del capital financiero para la agricultura y el agronegocio, que disputa hoy la tierra con la vida campesina indígena y nuestro proyecto histórico de producción de alimentos para los pueblos, que denominamos Soberanía Alimentaria.
Tecnología como mecanismo de subordinación
A partir de la base de una gran diversidad biológica, producto de más de 10 mil años de agricultura campesina indígena, las corporaciones desarrollan una tecnología que les permite controlar la agricultura y su renta; se basa en consolidar un sistema de propiedad intelectual y patentes sobre las especies agrícolas, de la mano de los transgénicos. En los hechos, se privatizan las semillas y las variedades agrícolas que son patrimonio de los pueblos. Esta tecnología permite reducir el trabajo en el campo aumentando el uso de agrotóxicos, además de fusionar el mercado de semillas transgénicas con el de plaguicidas que se hacen interdependientes.
Al consagrarse esta tecnología, un puñado de corporaciones transnacionales, entre ellas Monsanto, Bayer, Syngenta, Dreyfus, Cargill, ADM, controlan los mercados de semillas, de agrotóxicos y de granos.
La concentración del mercado y el entramado que existe entre las corporaciones, bancos y fondos de inversión, permiten que se establezcan altísimos precios para los commodities, precios que no responden a la oferta y demanda, ni a costos de producción, sino que están sujetos a la especulación.
Estos altos precios, por un lado impactan en los alimentos en general, agravando la crisis alimentaria global, que, según ETC Group, afecta a más de 2000 millones de subnutridos en el mundo.
Bajo este esquema, los alimentos se convierten en mercancías, y cada vez resulta más difícil acceder a ellos. Según la FAO, más del 40% de los alimentos que circulan por esta cadena agroalimentaria se desperdician.
En términos de renta, quienes se llevan las grandes porciones de este modelo agrícola son las corporaciones, mientras que a los Estados y empresarios locales les dejan una mínima porción de la misma; sin embargo estos elevados y desproporcionados precios de los commodities, han jugado un papel de seducción y condicionamiento de los gobiernos en América Latina, pues al facilitar el desarrollo de la agricultura industrial se perciben altos ingresos por concepto de divisas que tanto requieren los países en desarrollo para equilibrar sus balanzas de pago.
Pero el costo que se paga es demasiado alto, pues se producen transformaciones estructurales que vuelven a nuestras democracias muy vulnerables: millones de familias despojadas de sus tierras viven concentradas y hacinadas en megalópolis, en las cuales no hay trabajo ni vivienda para todos y los gobiernos progresistas se ven obligados a generar planes de asistencia para paliar el hambre y la indigencia.
Violencia
Los movimientos campesinos, organizados para resistir esta embestida, sufrimos la violencia, criminalización y, en muchos,casos, la muerte.
El 27 de julio comienza el juicio por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, donde un agroempresario se apropió de una propiedad del Estado y cuando los campesinos quisieron recuperarla, fueron emboscados y masacrados; 11 campesinos murieron, sin embargo en el juicio, solo hay campesinos acusados. Esto muestra cómo el poder judicial y las fuerzas represivas están en función de los intereses del capital transnacional y sus socios locales.
Fue la masacre la que terminó con la presidencia de Fernando Lugo. Allí en Curuguaty, fue donde por esos caprichos de la historia terminó sus días Artigas en el exilio, tras la derrota de su proyecto de Patria Grande.
Más de 100 dirigentes campesinos han sido asesinados en Honduras. Mapuches, líderes campesinos y sindicalistas del campo están presos políticos en las cárceles de Chile, Paraguay, Colombia, México, entre otros.
Solo algunos ejemplos del hostigamiento que padecen quienes asumen luchar por los derechos campesinos indígenas en nuestro continente, en democracia o en dictaduras, y producto de esta ofensiva por la tierra y por el modelo de producir alimentos.
La violencia puede tener cara paramilitar, o ejército, traducirse en desalojos, o trabajo esclavo, o de fumigación con agrotóxicos. En los años 2013 y 2014, la CLOC – Vía Campesina, presentó informes regionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se visualiza un patrón común entre las violaciones a los derechos de las campesinas y campesinos, el avance de las corporaciones transnacionales y su proyecto de agricultura en la región.
Agricultura campesina indígena: Base para la Soberanía Alimentaria
Contra todo relato “científico” de las corporaciones el agronegocio no es más eficiente en términos energéticos que la agricultura campesina, al contrario, mucho más ineficiente. ETC Group muestra en diferentes análisis que la agricultura campesina agroecológica utiliza hasta 30 veces menos energía para producir un kilo de maíz o arroz comparando con el paquete tecnológico que usa la agricultura industrial en EE.UU. El mismo informe indica que con tan solo ¼ de la tierra agrícola mundial, la agricultura campesina alimenta a más del 70% de la población global.
Es evidente que hoy la lucha por la tierra no se reduce solo al derecho de las personas a resistir o acceder a la misma, sino que se disputan, además, dos formas de concebir la agricultura y la función de la misma.
El proyecto imperialista busca perpetuar el colonialismo y el saqueo de la mano de la agricultura industrial, poniendo la tierra en función de los intereses del capital financiero. Las burguesías regionales están subordinadas a este proyecto.
El proyecto popular, en cambio, requiere de soberanía alimentaria, como condición para profundizar la democracia y construir la independencia definitiva.
La Soberanía Alimentaria solo es posible de la mano de la agricultura campesina indígena y del desarrollo de la agroecología.
Es necesario impulsar un proceso de Reforma Agraria Integral y Popular en todo el continente, que permita volver a darle función social a la tierra.
Hablamos no solo de tierra para los que viven en el campo, sino también de la vuelta al campo de los millones de migrantes y excluidos de las ciudades.
Esta Reforma Agraria Integral y Popular consiste en:
– Democratizar la tierra: garantizando el derecho de todos los trabajadores a acceder a la tierra para vivir y producir en ella. Garantizar la permanencia en la tierra de las familias campesinas indígenas. Facilitar mecanismos de acceso a la tierra para todas las familias. Garantizar el reconocimiento y restitución de territorios a los pueblos indígenas. Expropiar todas las tierras que no cumplen su función social, así como las tierras de las corporaciones y bancos extranjeros y fondos de inversión y especulación y utilizarlas para el asentamiento de familias sin tierra. Establecer límites máximos a la propiedad de la tierra, y suprimir el cobro de arrendamientos y renta por el uso de la tierra.
– Nueva organización de la producción agrícola: La prioridad debe ser la producción de alimentos saludables para el mercado interno y local, sin agrotóxicos, sin semillas transgénicas, bajo el principio de Soberanía Alimentaria, promoviendo la cooperación y la asociación cooperativa, fortaleciendo el trabajo comunitario y su relación con empresas públicas. El Estado debe regular los mercados y garantizar precios justos a los agricultores y los consumidores, estableciendo programas de compra de la producción y de mercados populares que quiebren los monopolios de las corporaciones.
– Tecnología apropiada: Se debe promover y desarrollar la agroecología como tecnología para la producción agrícola, bajo los objetivos de aumentar la productividad del trabajo y de la tierra, en equilibrio con la naturaleza. Deben prohibirse toda forma de propiedad intelectual o patente sobre semillas y bienes naturales. Promover el desarrollo de energías renovables y soberanía energética local en todas las comunidades.
– Agroindustria: Requiere el desarrollo de agroindustrias campesinas locales, de manera de agregar valor a la producción y generar trabajo en el campo. Deben existir políticas públicas y recursos destinados a promover en todas las comunidades que la renta de la industria quede para los campesinos y las comunidades rurales.
– Infraestructura y desarrollo rural: Es imprescindible la educación y la salud de calidad en el campo, así como la infraestructura comunitaria, caminos, centros integradores y conectividad para mejorar la calidad de vida en el campo.
– Políticas públicas: El Estado debe generar instituciones sin burocracia que establezcan estos programas agrarios, con créditos y subsidios suficientes, asistencia técnica y mecanismos de regulación, control y sanción a las corporaciones y oligopolios.
Este proyecto para la agricultura no será posible solo a partir de las luchas campesinas indígenas; es necesario que forme parte del proyecto popular y que la clase trabajadora, los sectores populares del campo y la ciudad se comprometan con el mismo. Solo una lucha unitaria nos abrirá paso a las transformaciones que los pueblos necesitamos.
Democracia, igualdad y paz: La esperanza de la Patria Grande
UNASUR y la CELAC representan una ruptura en la historia colonial y una esperanza para nuestros pueblos; recuperamos el proyecto histórico de la Patria Grande, y en ese contexto debemos preguntarnos:
¿Es posible la emancipación sin Soberanía Alimentaria? ¿Es posible profundizar nuestras democracias de la mano de las corporaciones? ¿Es posible la justicia en territorios dominados por las lógicas del capital financiero?
La ofensiva política del imperialismo utiliza el desabastecimiento de alimentos como un arma letal. Vemos cómo esta herramienta anticipó el golpe a Salvador Allende, cómo es utilizada hoy en Venezuela, cómo en Argentina los monopolios alimentarios presionan al aumento sistemático de los precios de los alimentos. Sin duda, condicionan a los procesos democráticos.
Por eso afirmamos que solo será posible profundizar la integración y construir un proyecto popular latinoamericano, si consolidamos la Soberanía Alimentaria. Y esto solo es posible con una profunda Reforma Agraria Integral y Popular que recorra todo el continente y vuelva a poner a la tierra en las manos de la agricultura campesina en función del Buen Vivir de nuestros pueblos.
Diego Montón y Deolinda Carrizo – Secretaría Operativa CLOC – Vía Campesina