Seguridad o soberanía alimentaria
Las administraciones gubernamentales no brindan seguridad alimentaria a las comunidades marginales. La desnutrición a causa de la pobreza va en aumento.
La Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria, son categorías absolutamente diferentes tanto en su origen como por sus objetivos; la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho. Por su parte, para la FAO, existe Seguridad Alimentaria cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, concepto ligado al libre mercado; de esta manera, si las familias no cuentan con acceso económico a los alimentos, simplemente, no comen. En el discurso del poder prevalece el concepto de Seguridad Alimentaria como la panacea para acabar con el hambre en el mundo.
El concepto de Seguridad Alimentaria surge por primera vez en 1943 en la reunión de Hot Springs, Virginia, Estados Unidos, donde cuarenta y dos países se reunieron para discutir, entre otras cosas, el manejo de los excedentes de producción de alimentos básicos. Pero también ese año hizo su aparición en los foros internacionales el tema de la seguridad alimentaria abordado desde una perspectiva económica, es decir, ligada al mercado.
La pobreza alimentaria y nutricional en el mundo oscila alrededor de mil millones de personas; tan solo en México el Inegi reporta alrededor de 9 mil personas fallecidas por hambre y desnutrición cada año.
La FAO, en 2002, instrumentó en México un programa piloto llamado “Programa Especial de Seguridad Alimentaria”, conocido por sus siglas como “PESA”, y que años después, en 2016, se expandiera a todo el país con el propósito de resarcir el problema alimentario de las familias de zonas marginadas y muy marginadas con pobreza alimentaria, a través del desarrollo de capacidades e inversiones en infraestructura por grupos multidisciplinarios altamente rotativos en sus integrantes, y ajenos a las comunidades llamados Agencias de Desarrollo Rural. Con sus 15 años de existencia, el hoy llamado “Proyecto Estratégico Seguridad Alimentaria”, ha quedado lejos de cumplir sus expectativas, a pesar de que, de 2007 a 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha destinado más de 25 mil millones de pesos a una estructura obesa, con enormes gastos para su operación y con resultados desalentadores. La pobreza alimentaria sigue aumentando, el Coneval reporta un aumento de 2 millones más de pobres en la actual administración. Pocos han sido los ganadores en el PESA, mayormente los proveedores y los dueños de las Agencias, generalmente, jugando el doble rol de capacitador deficiente y proveedor de equipos e infraestructura de dudosa calidad y precios elevados, con una estrategia de intervención exterior, opacidad en la operación y paliativos que no reconocen a los habitantes comunitarios como sujetos colectivos con derechos.
Con las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos; por ello, surge un nuevo paradigma, la soberanía alimentaria como una construcción social y cultural, y reclamo mundial del movimiento campesino, concepto introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía Campesina.