Reforma Agraria y Desarrollo Rural

Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Martes, 31 de octubre, 2006, CFS-FAO

Contribución de Rafael Alegría, Coordinador Internacional de la Campaña Global por la Reforma Agraria (CGRA), Vía Campesina, Honduras

La Situación del Mundo Rural desde 1996

A pesar de los compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada aquí en Roma en 1996, el mundo rural se encuentra en todas partes sumido en una situación de crisis a comienzos del nuevo milenio, y el número de hambrientos/as en este mundo está en aumento. La razón fundamental es que los gobiernos nacionales, con frecuencia a instancias de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC):

•    han implementado un conjunto de políticas comerciales, macroeconómicas y sectoriales que han socavado la viabilidad económica de los/as campesinos/as, pequeños/as agricultores/as y propietarios de explotaciones familiares, así como de la agricultura cooperativa/colectiva. Entre estas políticas cabe mencionar la liberalización del comercio y la consiguiente entrada masiva en los mercados locales de alimentos baratos importados a precios de dumping, contra los cuales los agricultores locales no pueden competir; la reducción de las ayudas y subvenciones a los precios en favor de los productores alimentarios; la privatización de los créditos, la comercialización y la asistencia técnica; el fomento excesivo de las exportaciones; la concesión de patentes para los recursos genéticos agrícolas; y una preferencia en el ámbito de las investigaciones agrícolas por las tecnologías caras, como la ingeniería genética. Con cada vez más frecuencia, los agricultores pequeños y pobres encuentran que los créditos son inadecuados o demasiado onerosos para hacer frente a los crecientes costos de producción, los compradores son cada vez más escasos y monopólicos y los precios son demasiado bajos para sufragar los costos de los créditos y la producción. El balance neto de estas políticas ha sido un deterioro considerable y continuo del acceso de los pobres a la tierra, ya que están obligados a vender la tierra que poseen, no se pueden pagar el costo alto de arrendamiento de la tierra o mecanismos similares o pierden tierra por el impago de los créditos.

•    se han resistido a aplicar las políticas de reforma agraria y de redistribución de la tierra que ya existen y, en buena medida, han rechazado (algunas veces con la fuerza) los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, como los movimientos de los campesinos sin tierra, para impulsar la aplicación de estas políticas. En cambio, han impulsado las fallidas políticas del Banco Mundial de reforma agraria basadas en el Mercado, y solo privatizan la tierra y la convierta en mercancía fuera del alcance de los pobres.

•    han permitido la cada vez mayor comercialización y privatización de la tierra y otros recursos (como el agua, las semillas, los bosques, los océanos, etc.) y han observado con pasividad cómo los intereses comerciales agrícolas (las plantaciones) y no agrícolas (el petróleo, el turismo y la minería), así como los grandes proyectos de infraestructuras (las presas hidroeléctricas), se han ido apoderando de las tierras comunales y públicas y de los territorios de las poblaciones autóctonas y las comunidades locales.

•    no han hecho nada mientras las cadenas de productos agrícolas, tanto en lo que respecta a los insumos (semillas) como el comercio, se han concentrado progresivamente en manos de un limitado número de corporaciones transnacionales, que por constituir prácticamente monopolios consiguen fijar costos y precios que no benefician a los agricultores, restringiendo de forma insostenible en todos los casos, especialmente en el de los más pobres, el margen entre los precios y los costos, fomentando de esta manera todavía más el abandono de la agricultura.

Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR)

Sin embargo, frente a esta panorama devastadora, los compromisos adquiridos por los gobiernos en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), celebrado en marzo del presente año en Porto Alegre, Brasil, y plasmados en su declaración final, aunque incompletos, nos dan elementos de esperanza.  Para nosotros, la CIRADR representa un paso muy importante para darle atención prioritaria a la reforma agraria y al desarrollo rural ya que éstos juegan un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible que incluye, la realización de los derechos humanos, la soberanía alimentaria, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social.

En particular, la CIRADR ha delineado elementos clave que deberán guiar las iniciativas y políticas a desarrollar en los próximos años como, por ejemplo:

•    La responsabilidad de los estados de llevar a cabo programas de reforma agraria integral y genuina en el contexto de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, y la justicia social, y basados en la inclusión de las organizaciones de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, pescadores artesanales, sin tierras, pastores nómadas, y otros.

•    La necesidad de establecer políticas de reforma agraria en situaciones de gran disparidad y pobreza para aumentar el acceso sostenible y el control sobre la tierra, el agua y demás recursos naturales por parte de diferentes sectores rurales marginados como las mujeres, las comunidades campesinas, las comunidades sin tierra, los pueblos indígenas, las comunidades pescadoras, pastoriles, nómadas y forestales.

•    La necesidad de implementar políticas de desarrollo rural que apoyen la agricultura y la pesca familiar y tradicional, los sistemas de producción a  pequeña escala y el uso de los recursos naturales a pequeña escala; que se centren en los pobres y sus organizaciones, que sean participativas y respetuosas de la equidad de género, en el contexto de un desarrollo económico, social y ecológicamente sustentable.

•    La adopción de un enfoque participativo basado en los derechos económicos, sociales y culturales.

•    La necesidad de adoptar mecanismos de diálogo social a nivel global, regional, nacional y local que posibiliten la cooperación entre diferentes actores y el seguimiento y la evaluación de los avances en la reforma agraria y el desarrollo rural.

Para complementar estos principios y compromisos, es importante agregar y señalar:

o    La no viabilidad de la reforma agraria basada en el mercado, impulsado por el Banco Mundial, y la necesidad de financiar e implementar políticas expropriatoras de reforma agraria genuina e integral.

o    La necesidad urgente de reconocer el concepto de territorio, mas amplio que “tierra,” y de defender a los territorios de los pueblos indígenas y campesinos de la oleada privatizadora actual, y de la incursiones en las mismas de las corporaciones multinacionales, asimismo defender a la biodiversidad, el agua, los bosques, los áreas de pesca, y otros recursos básicos de su privatización.

o    La urgencia de revertir las actuales políticas neoliberales y el libre comercio (OMC y tratados bilaterales y regionales) que hacen que la agricultura misma sea económicamente inviable.  Aunque la declaración final de la CIRADR si hace referencia a la Soberanía Alimentaria, es crucial resaltar que solo los conceptos, principios y políticas que componen la soberanía alimentaria pueden hacer viable una nueva reforma agraria genuina e integral, capaz de acabar con el hambre y la pobreza rural.

Reiteramos nuestro llamado a nuestros gobiernos, a la FAO y su mandato fundador, las demás instituciones de las Naciones Unidas, a otros actores que están presentes y a nuestras sociedades, a comprometerse decisivamente con una Nueva Reforma Agraria integral y genuina basada en los compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y en la Soberanía Alimentaria, que nos garantice a campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales, pastores/as, trabajadoras/es rurales, comunidades afrodescenientes  y demás comunidades  acceso y control efectivo de la tierra, el territorio y los recursos naturales  y productivos para el ejercicio de nuestros derechos humanos.

Específicamente, hacemos un llamado al Comité de Seguridad Alimentaria (ahora reunido), y al Consejo de la FAO (que se reúne en noviembre), a:

o    Definir conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil internacional, a través del proceso del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) los mecanismos de implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos de Porto Alegre (CIRADR).

o    Tomar los pasos necesarios para crear un fondo y mecanismo financiero internacional para apoyar a los gobiernos nacionales dispuestos a  llevar a cabo programas efectivos de reforma agraria genuina e integral y de desarrollo rural, basados en los principios de la CIRADR, y en cooperación con las organizaciones y movimientos sociales.

o    Promover diálogos y foros nacionales, entre los gobiernos, las organizaciones y movimientos sociales, sobre la reforma agraria y el desarrollo rural.

o    Reconocer, estudiar, difundir y apoyar las iniciativas nacionales importantes que están en marcha y/o recientemente anunciadas en países como Venezuela, Bolivia, Zimbabwe y, ahora, Indonesia y Nepal.

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