La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), estipulado en punto 4 del Acuerdo Final, afronta serias dificultades bajo la administración de Iván Duque. Una de las principales razones es que, pese a que el Acuerdo priorice los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito estableciendo que las actividades de erradicación forzosa sólo procederán de forma subsidiaria, el actual gobierno ha decidido priorizar los operativos de erradicación forzosa. Esta postura gubernamental ha generado una difícil situación humanitaria en diferentes territorios del país, privando a las comunidades campesinas de medios de subsistencia, provocando casos de desplazamiento forzado y ocasionando el asesinato de campesinos a manos de la fuerza pública.
La Misión Humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales, iniciativa de las comunidades para visibilizar y denunciar lo que está sucediendo en los territorios, denuncia que los militares que adelantan operativos de erradicación forzada también arrasan con los cultivos de pan coger de las poblaciones, queman casas, destruyen depósitos de agua e, incluso, amenazan a las mujeres de ser violentadas sexualmente. No obstante, este tipo de vulneraciones a los derechos humanos no han tenido tanto impacto mediático como las que se producen en el marco de los enfrentamientos entre militares y comunidades, quienes protestan para que se detengan los operativos de erradicación forzada y se instalen mesas de diálogo y concertación.
Los operativos de erradicación forzada se han convertido en el escenario para la comisión de múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dentro de las que se cuentan la destrucción de bienes, violencia sexual y el ataque a civiles, provocando el asesinato de campesinos a manos de militares debido al uso desmedido de la fuerza. Frente a las protestas pacíficas de las y los campesinos, el reaccionar de los militares se circunscribe a los ataques con armas de fuego frente a población desarmada; la institucionalidad suele justificar el accionar de los uniformados afirmando que éstos fueron agredidos por la población o que las comunidades son instigadas por grupos armados ilegales.
Se ha denunciado ampliamente que el gobierno no está brindando las garantías de seguridad y protección a las personas líderes sociales involucradas con el PNIS y, más aún, persiste en negar la sistematicidad de los asesinatos, lo que se hace evidente cuando funcionarios públicos sostienen afirmaciones como ¨los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito no han sido asesinados¨[1]. Tampoco se están brindando las condiciones de seguridad necesarias para las comunidades que adelantan los procesos de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, pese a las amenazas de que son objeto por parte de grupos armados ilegales que se oponen a las actividades de erradicación.
Es el caso de las comunidades indígenas que habitan el resguardo Urada Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, las cuales están siendo hostigadas por grupos paramilitares a fin de que detengan las operaciones de erradicación manual de la coca. El 19 de julio trece hombres armados ingresaron al resguardo buscando a los gobernadores indígenas que apoyan la erradicación de la hoja de coca, amenazaron de muerte al gobernador local de la comunidad indígena diciéndole ¨arranquen y nosotros lo matamos¨. Las comunidades solicitaron una reunión con la Fuerza Pública para activar las garantías de protección, sin embargo, los mandos militares no atendieron el llamado y no llegaron a la reunión. Hasta el 29 de julio el cabildo mayor no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.
Como expresión de la política de Duque, el pasado 17 de julio el ministro de Defensa informó que se retomarán las actividades de aspersión terrestre con glifosato a cultivos de uso ilícito. En el año 2019 la Corte Constitucional ordenó al gobierno suspender la fumigación con glifosato hasta tanto se llenen los requisitos para prevenir y minimizar los riesgos para el ambiente y la salud humana; sin embargo, el ministro de Defensa sostiene que ¨el debate no es el glifosato, sino la lucha contra el narcotráfico¨ y asegura que avanza con el cumplimiento de los parámetros estipulados por la Corte[2].
Las dificultades que afronta la implementación del PNIS no sólo están relacionadas con condiciones de seguridad, también se evidencia la falta de voluntad del gobierno para financiar el mantenimiento del programa. Conforme las proyecciones de implementación, al final del año 2019 debían estar funcionando los proyectos productivos prometidos a las familias con las que se celebraron acuerdos de sustitución; sin embargo, a la fecha sólo el 0,88% de las familias tiene proyectos productivos y no hay recursos para cumplirles a las familias restantes.
Según cifras del PNIS, a nivel nacional hacen falta 2,3 billones de pesos para cumplir con todos los pagos y proyectos productivos, lo que representa un total de 36 millones de pesos para cada una de las 99.097 familias que firmaron acuerdos con el Gobierno Santos. El actual gobierno sostiene que el programa es demasiado costoso, por lo que no celebrará más acuerdos de sustitución y cumplirá a las familias ya vinculadas en la medida en que haya recursos; sin embargo, es evidente que Duque no tiene la intención de financiar el programa: la Agencia de Renovación del Territorio solicito al Ministerio de Hacienda la asignación de 2,1 billones para el año 2020, pero sólo le fueron asignados 1,3 billones.
La meta del gobierno de Duque es erradicar las 130 mil hectáreas en sitios donde no se está implementando el PNIS, programa que sólo cubre 50 mil de las 154 mil hectáreas sembradas de coca en el país. Una de las estrategias para cumplir con esta meta es la denominada ¨Hecho a la medida¨, iniciativa que no promueve proyectos productivos familiares y reduce la ayuda financiera del Estado.
El programa ¨Hecho a la medida¨ pretende llegar a las familias que no están incluidas en el PNIS y tengan la intención de sustituir voluntariamente, quienes pueden acceder a proyectos productivos con ayuda del gobierno nacional, local, gremios y cooperación internacional. Bajo este modelo, los recursos no saldrán directamente del gobierno, como estaba contemplado en el PNIS. Tampoco se beneficiarán proyectos familiares, sino que las iniciativas deberán involucrar a una comunidad más grande para conseguir recursos de forma más fácil y ser más competitiva en el mercado. Con esto, el gobierno pretende fomentar la inversión privada, en desmedro de la promoción de la economía campesina, familiar y comunitaria.
[1]El Espectador (24 de enero de 2020) ¨Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados¨: director del programa de sustitución. Ver:https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/lideres-de-sustitucion-de-cultivos-no-han-sido-asesinados-director-del-programa-de-sustitucion-articulo-901193
[2] Vanguardia (17 de julio de 2020) Policía iniciará aspersión terrestre con glifosato en el Catatumbo. https://www.vanguardia.com/colombia/policia-iniciara-aspersion-terrestre-con-glifosato-en-el-catatumbo-JE2644856
