Precios paritarios, gestión del suministro y remuneración justa para las explotaciones familiares: reflexiones de los Estados Unidos
Al igual que lxs campesinxs, lxs pequeñxs productorxs de alimentos y lxs agricultorxs familiares de todos los continentes se están movilizando para exigir una mejor regulación del comercio agrícola, salarios justos y un precio justo para sus productos, en La Vía Campesina también hemos puesto en marcha un proceso de análisis de ejemplos de la gestión del suministro en diferentes países a lo largo de la historia.
En este contexto, la experiencia de Estados Unidos hace más que evidente que la «gestión del suministro» es inviable si no se garantiza un precio mínimo ajustado a la inflación para los productos agrícolas. En la nota que se recoge a continuación, George Naylor, de Family Farm Defenders, nos explica el motivo.
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En Norteamérica, hubo protestas violentas relativas a los precios de las materias primas incluso antes de que las colonias se convirtieran los estados de los Estados Unidos de América. Ya en la época contemporánea, los populistas de las décadas de los 80 y los 90 del siglo XIX comenzaron a movilizarse en muchos estados agrícolas y exigieron que el Gobierno federal dispusiera almacenes autorizados para poder utilizar sus cultivos como garantía para solicitar préstamos, con la esperanza de que esto permitiera compensar los bajos precios a los que se veían abocados en el momento de la cosecha.
En 1920, justo tras la Primera Guerra Mundial, comenzó una gran depresión agraria que hizo que lxs agricultorxs perdieran sus explotaciones y cayeran en la pobreza durante los denominados «felices años veinte». Irónicamente, los préstamos y la especulación desmedidos generaron prosperidad y euforia en las ciudades. Esta depresión agrícola se vio exacerbada al inicio de la Gran Depresión de 1929. El presidente Hoover, conservador, apoyó de manera incondicional el libre mercado, es decir, el no intervencionismo gubernamental en la economía. En respuesta, las protestas agrícolas fueron en aumento hasta que el presidente Franklin D. Roosevelt comenzara a abordar de manera concienzuda los problemas de lxs agricultorxs en 1933. La era Roosevelt y el abanico de programas gubernamentales que la acompañaron constituyeron el denominado «New Deal», que instauró la seguridad social y brindó a lxs trabajadorxs el derecho a sindicarse. Las primeras intervenciones económicas agrícolas del New Deal incluyeron intentos de reducción de la oferta, pero lxs agricultorxs o las instituciones gubernamentales seguían sin conseguir mejorar los precios de manera consistente. Muchas de estas intervenciones tempranas fueron de corte claramente experimental y las buenas intenciones quedaron sepultadas bajo el oportunismo político. A medida que avanzaba la década de los 30, el objetivo de los programas agrícolas del New Deal fue lograr precios paritarios.
En consecuencia, entre 1941 y 1952, lxs agricultorxs recibieron de media, precios iguales o superiores a lo «paritario». La paridad significó equiparar el precio de las materias primas al poder adquisitivo del 1910–1914 y, como es lógico, ajustarlo al alza en función la inflación durante los años de la paridad. A pesar de las cesiones legislativas y de la oposición de la industria del procesado de los alimentos, estos principios básicos resultaron exitosos y pueden servirnos como modelo para lograr la paridad de los precios y una gestión constructiva del suministro para lxs pequeñxs agricultorxs de todo el mundo.
El primer elemento clave es el sostenimiento de los precios. El sostenimiento de los precios conlleva fijar un precio mínimo que lxs compradorxs deben pagar para adquirir un producto. Esto difiere del «sostenimiento de los ingresos», que no tiene efecto alguno sobre los precios de mercado y se basa en que el Gobierno pague a lxs agricultorxs para evitar que la economía agrícola entre en crisis.
En otras palabras, los programas de sostenimiento de los ingresos, que fueron la base de la política agrícola tras la destrucción de los programas del New Deal en 1953, permitían a las empresas de procesado de los alimentos comprar materias primas a bajo precio, mientras que se perpetuaba el espejismo de que el Gobierno ayudaba a lxs agricultorxs con los impuestos de lxs contribuyentes. Pero, en realidad, a quien beneficiaba el grano barato resultante era a las empresas de procesado de los alimentos, que además producía una caída del precio del ganado, ya que el grano es un producto básico para las explotaciones familiares diversificadas, en las que el heno, el pasto y el grano garantizan una mejor rotación de los cultivos y uso del estiércol. En la actualidad, dado que son las grandes corporaciones las propietarias del ganado, lxs agricultorxs no tienen más remedio que cultivar maíz y soja Roundup Ready en todo el continente. Esto permite que empresas como Smithfield y JBS puedan adquirir piensos baratos para su ganado, tanto aquí, en Estados Unidos, como en el resto del mundo.
Las materias primas almacenables, a diferencia de las frutas y verduras perecederas, pueden integrarse con bastante facilidad en el marco del sostenimiento de los precios. Se hacía de la siguiente manera. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculó los precios paritarios, para lo que determinó el coeficiente entre el «índice de precio cobrado» y el «índice de precio pagado».
Pongamos que el precio paritario para el maíz era de un dólar por fanega. Si un agricultor o una agricultora cosechaba su maíz y demostraba que estaba almacenado en buenas condiciones, podía tomar en préstamo del Gobierno un dólar por cada fanega de maíz almacenado a una tasa del 90 % del precio paritario, para así poder pagar sus facturas y apoyar a su familia, sin necesidad de suplicar al banco por un préstamo. El préstamo de asistencia basado en el precio paritario era un «préstamo sin posibilidades de recurso»[1], lo que significa que, si lxs agricultorxs no lograban vender sus cultivos a un precio que les permitiera reembolsar el préstamo con intereses, el Gobierno podría quedarse con la cosecha y llevarla a una reserva de seguridad alimentaria. Por su parte, lxs agricultorxs podrían quedarse con la cuantía del préstamo sin necesidad de cumplir con ninguna otra obligación.
En consecuencia, ningún agricultor o agricultora vendía su cosecha por menos del 90 % del precio paritario y, con frecuencia, la vendía más adelante en el año por una cuantía cercana al precio paritario, para así poder devolver el préstamo con intereses. Un precio más elevado del grano también solía favorecer el precio del ganado, ya que lxs agricultorxs no se veían en la tentación de criar más ganado para consumir ese grano barato.
Fijar los precios paritarios como objetivo y ofrecer préstamos sin posibilidades de recurso son las bases de un sistema de sostenimiento de los precios y de gestión del suministro de las materias primas almacenables. Todo gobierno democrático debería estar obligar a hacer esto.
Cuando la cosecha era buena, el Gobierno decomisaba parte del grano para llevarlo a la reserva de seguridad alimentaria y lo almacenaba en condiciones idóneas para devolverlo al mercado cuando una mala cosecha disparara los precios por encima del 120 % del precio paritario. Esto otorgó seguridad alimentaria a la sociedad y permitió sortear los altibajos característicos de los mercados agrícolas, además de impedir que las empresas de procesado de los alimentos y los minoristas engañaran al público en un contexto de «crisis alimentaria».
La desintegración de los programas de precios paritarios empezó en 1953, cuando tanto el Gobierno demócrata como el republicano redujeron año tras año los programas de sostenimiento de los precios.
Al haber menos asistencia para el sostenimiento de los precios, los programas de gestión del suministro solo servían para evitar que el Gobierno acumulara reservas excesivas. Fue entonces cuando se rompió la promesa de la paridad de precios. A comienzos de la década de los 70, Earl Butz, Secretario de Agricultura de Estados Unidos, vendió las instalaciones de almacenamiento del Gobierno, lo que supuso que el almacenamiento de grano por parte del Gobierno conllevase un gasto oneroso para las empresas de comercialización de grano. A finales de la década de los 70, ya con un Gobierno distinto, se pagaba a lxs agricultorxs por almacenar el grano de reserva nacional en sus propias explotaciones, una reserva gestionada por ellxs mismxs. En este periodo, la gestión del suministro se basaba en retirar tierras de cultivo, algo que no generaba certidumbre sobre los precios. Además, los cambios meteorológicos hacían que la gestión del suministro fuera muy impredecible.
Se podría argüir que el método más fiable de gestión del suministro es el uso de cuotas de producción. Las cuotas asignan a lxs agricultorxs un porcentaje concreto del total de la producción nacional y van acompañadas de mecanismos para cumplir dicha cuota. Esto hace que la filosofía tras la producción agrícola sea la contraria a la actual locura que solo busca conseguir mayor rendimiento en cada hectárea de cultivo. Las cuotas hacen que lxs agricultorxs traten de cumplir con ese porcentaje de producción con la menor cantidad de gastos externos, tales como productos químicos y fertilizantes. Además, los terrenos que dejan de ser necesarios para producir esos productos almacenables pueden utilizarse para cultivar heno, pastos o para restaurar un hábitat natural silvestre. Cuando se garantiza a lxs agricultorxs un precio justo, el gobierno puede incentivar prácticas agroecológicas, producciones para mercados locales o programas de iniciación a la explotación agrícola.
Todas estas estrategias pueden aplicarse a escala mundial para frenar las políticas de exportación depredadoras de Estados Unidos, Brasil, Canadá, la Unión Europea, etc. En realidad, los países exportadores están exportando su riqueza natural en beneficio de las empresas alimentarias internacionales. Cuando se sustituya el desquiciado sistema actual por los precios paritarios, la gestión del suministro y las reservas (las tres han de ir de la mano), las normas de la OMC dejarán de empujar a la importación de materias primas baratas. Muchos países podrán aspirar a conseguir mayor autosuficiencia y sistemas alimentarios agroecológicos y tradicionales con los que lograr la soberanía alimentaria.
[1] Por el contrario, si se tratara de un «préstamo con posibilidades de recurso», en aquellas situaciones en las que el producto de la venta de un cultivo no permitiera a lxs agricultorxs devolver el préstamo en su totalidad, el banco podría obligar a vender otros activos, tales como maquinaria, ganado o tierra, para compensar la diferencia.