Ponencia del Centre Europe-Tiers Monde en el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Señora Presidenta,
(Ginebra, 17 de julio de 2013) El hambre y la desnutrición en el mundo no deja de ganar terreno y sabemos desde hace varios años que los Objetivos del Milenio no se alcanzarán en 2015. Peor aún, el 80% de los casi mil millones de personas que sufren hambre y desnutrición viven en zonas rurales y son productores de alimentos, como nos lo señalan en el estudio del Comité consultivo y los informes de la FAO.
A pesar de que las causas de esta situación intolerable sean perfectamente conocidas, la mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales, financieras y comerciales continúan promoviendo un modelo de desarrollo destructivo tanto en las esferas medioambiental y social como económico.
En efecto, la imposición de los Programas de ajuste estructural y la aplicación a nivel planetario de la economía de “mercado” como modelo de desarrollo provocaron, entre otras cosas, una verdadera contra reforma agraria. Reforzó el “latifundio”, suprimiendo toda ayuda pública a los campesinos y renunciando a toda política nacional de desarrollo rural. Las privatizaciones, la liberalización de los mercados agrícolas, el dumping de los productos agrícolas, el desarrollo comercial de los biocombustibles, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios y el acaparamiento en gran escala de tierras son los instrumentos y los corolarios de este modelo de desarrollo que impulsan cada año a decenas de millones de campesinos al éxodo y \ o al exilio. También son fuente de conflictos, incluido los armados, a causa de las presiones ejercidas sobre los recursos naturales.
Éste es el modelo que favorece más el monopolio de las empresas transnacionales sobre la cadena de alimentación, yendo desde la producción hasta la comercialización de los productos alimenticios. Las subvenciones estatales van con frecuencia a estas entidades mientras que el campesinado constituido por explotaciones familiares carecen de cualquier apoyo. Sin embargo, como cada uno lo sabe, no son las empresas transnacionales que alimentan al mundo, sino los campesinos productivos que se dedican a los cultivos alimentarios. En cambio, con el modelo de desarrollo implementado, la agricultura familiar que constituye casi la mitad de la humanidad se ve ahora amenazada.
En efecto, los campesinos y otros productores agrícolas ya no son capaces de controlar ni el proceso ni las herramientas ni la comercialización de sus productos. Muy a menudo, son despojados de sus recursos, expropiados y desplazados a la fuerza. También son excluidos de la toma de decisiones que los afectan. En resumen, son víctimas de numerosas discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, que van desde el derecho a la vida y del derecho a la alimentación al derecho de asociación y al derecho a participar en la toma de decisiones
Éste es el contexto en que debemos interpretar la propuesta de la Comisión Consultiva para la adopción de una Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos. Si bien, las normas internacionales de los derechos humanos existentes abarcan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, debe señalarse que las normas existentes, lamentablemente, no cubren totalmente las violaciones de derechos humanos de los agricultores-s y otros productores de productos alimenticios.
A título de ejemplo, una decena de sociedades transnacionales tales como Monsanto, Dupont, Syngenta, Cargill, controlan más del 80 % del mercado de semillas y de otros insumos agrícolas. Además, según las estimaciones, varias decenas, incluso centenas de millones de hectáreas de tierras de cultivo han sido acaparadas por las empresas transnacionales y algunos estados, los últimos doce años. Desde hace muchos años, las fuentes de agua también son codiciadas por las empresas transnacionales y suelen ser a menudo objeto de conflictos fronterizos entre los estados.
Por consiguiente, la adopción de un nuevo instrumento internacional, tal como la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de todas las personas que producen los alimentos y que trabajan en los sectores afines con las zonas rurales (pescadores, ganaderos, pastorales, cazadores, recolectores, artesanos, etc.) que garantizaría entre otras cosas el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y otros recursos y medios agrícolas así como a los servicios públicos adecuados, puede ofrecer una protección eficaz a los campesinos as-s y agricultores de explotaciones familiares frente a la especulación y al monopolio de las empresas transnacionales. Protegiendo mejor a los productores de alimentos, contribuiremos a garantizar el abastecimiento de alimentos a la humanidad. Esta declaración también constituirá, según nuestra opinión, una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza y las desigualdades.
El hecho que el proyecto de declaración propuesto por el Comité consultivo sea elaborado en consulta con las organizaciones campesinas, en particular Vía Campesina, le confiere una legitimidad más grande, dado que refleja las principales preocupaciones de las personas concernidas. No obstante lo anterior, quedó en claro en el curso de las discusiones de estos dos últimos días que dos elementos importantes son omitidos en el proyecto de declaración. Se trata del derecho a la Seguridad Social y las medidas que los Estados deberían adoptar para la puesta en ejecución de la declaración mencionada. Estos elementos deberían figurar en la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Gracias por su atención señora Presidenta.
