(Lima 3 febrero, 2015) El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú demandó defender la vida, integridad y derechos de la familia Acuña-Chaupe, beneficiaria de la medida cautelar 452-Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La citada familia vivió la mañana del martes 3 de febrero un episodio de terror cuando alrededor de cien efectivos de la dirección de operaciones especiales y personal de seguridad privado de la empresa Yanacocha destruyó a viva fuerza una construcción de metro y medio de altura en un predio de su propiedad.
El Pacto de Unidad exigió al Estado peruano dejar de “ignorar y menoscabar la medida cautelar” y cumplir con implementarla de manera efectiva “con el fin de proteger la vida e integridad de todas las personas beneficiarias y sus derechos ciudadanos.”
Expresó su solidaridad con la familia Acuña-Chaupe y demandó “una investigación imparcial y exhaustiva a fin de identificar a los responsables directos e indirectos del clima de terror y zozobra impuesto a la familia”.
También demando que el Congreso de la República investigue los irregulares contratos de servicios entre la empresa Yanacocha y las fuerzas policiales que conducen a la privatización de la fuerza pública y desnaturalizan su función, de acuerdo a ley.
Cabe destacar que el Pacto de Unidad es la instancia de articulación de organizaciones indígenas nacionales que gestionó la medida cautelar ante la CIDH ante el clima de zozobra e intimidación que viven los campesinos, ronderos y ciudadanos que se oponen al mega-proyecto minero Conga.
A continuación el pronunciamiento completo del Pacto de Unidad:
Imponen régimen ilegal de terror al servicio de Yanacocha con la complicidad de la fuerza pública
– DINOES y seguridad de empresa Yanacocha destruyen construcción en predio de familia Acuña-Chaupe, beneficiaria de medida cautelar de la CIDH (MC-452-Perú).
El martes 3 de febrero desde las 10.30 a.m. la familia de Máxima Acuña de Chaupe vivió un nuevo capítulo de terror cuando más de cien efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la empresa privada de seguridad Securitas de la empresa Yanacocha, sin identificarse y sin ninguna orden judicial destruyeron un tapial de metro y medio de altura que la humilde familia construía dentro de su predio ubicado en la zona de Tragadero Grande, en Cajamarca.
El tapial derribado, elaborado tradicionalmente con tierra húmeda compactada, se construía de manera totalmente legítima, debido a que la familia de Máxima Acuña de Chaupe tiene la legítima posesión del terreno.
Los agresores llegaron al extremo de amenazar directamente al esposo de Máxima Acuña, Jaime Chaupe, a quién señalándolo con el dedo un policía dijo: “Dispárenle, para que no construyan”. Si bien los disparos no se efectuaron, las amenazas y el clima de indefensión no cesaron hasta cerca del mediodía, cuando los agresores abandonaron el lugar.
Clima de terror contra familia Acuña-Chaupe
No es la primera vez que las fuerzas policiales agreden a la familia Acuña-Chaupe. El 2011 un contingente policial ingresó a su predio y agredió físicamente a su familia para luego incendiar su casa. El 20 de enero de 2015 también se produjo un conato de violencia cuando efectivos policiales ingresaron a su vivienda para efectuar amenazas a fin que no construyan nada adicional a la vivienda.
La familia Acuña-Chaupe ha sido y es una pieza fundamental en la legítima resistencia campesina contra la transnacional minera Yanacocha, debido a que su terreno privado está comprendido dentro del área del proyecto Conga, en la zona denominada Tragadero Grande, en la provincia de Celendín. En su predio particular los Acuña-Chaupe dan albergue y alimento a los denominados “Guardianes de las lagunas”, comuneros que vigilan los cuerpos de agua que el proyecto minero Conga pretende desaparecer.
Legítima posesión de la familia Acuña-Chaupe
Por el terreno en disputa, la minera abrió un proceso judicial contra la familia Acuña-Chaupe, acusándola de “usurpación violenta”, en el cual un juez local los condenó a dos años y ocho meses de prisión suspendida, así como pagar una indemnización a la minera y entregarle el predio.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2014, tras la apelación de la defensa de los Chaupe, la Corte falló a su favor y los absolvió de los cargos, pues consideró que no se demostró ninguno de los actos imputados por la empresa Yanacocha.
Incapaz de poder desalojarla por la vía legal la empresa minera se ha ensañado y descargado todo su odio contra la familia Acuña-Chaupe agrediéndola y amenazándola con desenfreno y de manera constante.
Desnaturalización de la fuerza pública
La actuación policial confirma que la DINOES en Cajamarca actúa de manera abusiva, arbitraria e ilegal, violando su finalidad pública que es “garantizar, mantener y restablecer el orden interno; así como prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado y prevenir, investigar y combatir la delincuencia” según lo define el art. 3 de la Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú.
El comportamiento desnaturalizado de la policía en Cajamarca se produce en un contexto en el que existen compromisos irregulares adquiridos por la PNP con la empresa Yanacocha para que les proporcione servicios de seguridad. Lo que conduce a que se privatice la fuerza pública y se desnaturalice la función legal de los efectivos.
Incumplimiento de medida cautelar de la CIDH (MC-452-Perú)
Frente al clima de agresión e inseguridad impuesto por Yanacocha y sus operarios privados de seguridad, quienes actúan de la mano con la Policía Nacional y otras autoridades locales, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas nacionales del Perú logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara el 05 de mayo de 2014, mediante Resolución 09/2014, medidas cautelares a favor de 46 líderes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta. La medida cautelar se otorgó luego de verificarse un conjunto de hechos graves, urgentes e irreparables que ponen en peligro la vida e integridad de los beneficiarios.
La finalidad de la medida cautelar es que el Estado peruano adopte mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de los mismos, sin embargo las instancias encargadas aún no han procedido a concertar en absoluto ninguna medida efectiva. Peor aún, las agresiones y atropellos se suceden de manera impune, a la vista y paciencia de las autoridades y la opinión pública, sin que las autoridades responsables y políticas del gobierno central se pronuncien y pongan término a los abusos e injusticias, provocando un contexto de ilegalidad, violencia e impunidad que deteriora de manera grave el Estado democrático de derecho.
Ante los hechos expuestos el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú manifiesta y exige:
1-¡Basta ya de abuso y prepotencia policial! ¡Exigimos respeto al Estado democrático de derecho y el cumplimiento de la ley!
2-Pedimos al Congreso revisar los contratos de servicios entre la empresa Yanacocha y las fuerzas policiales que privatizan la fuerza pública y desnaturalizan su función.
3-Exigimos que el Estado peruano deje de ignorar y menoscabar la medida cautelar de la CIDH a favor de la familia Acuña-Chaupe y los otros beneficiarios, y cumpla con implementar la misma de manera efectiva, con el fin de proteger la vida e integridad de todas las personas beneficiarias y sus derechos ciudadanos.
4-Exigimos una investigación imparcial y exhaustiva a fin de identificar a los responsables directos e indirectos del clima de terror y zozobra impuesto a la familia Acuña-Chaupe y que han destruido un tapial de metro y medio de altura en el predio de su posesión, sin que exista ninguna orden judicial de por medio.
Lima, 3 de febrero, 2015
