El respeto a la vida e integridad de los defensores de las lagunas amenazados por el megaproyecto minero Conga está primero.
14 de mayo de 2014.- El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú así como representantes de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, exigieron al Estado peruano respetar el estado democrático de derecho, cumplir sus compromisos internacionales y acatar de “buena fe” la medida cautelar otorgada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en todos sus extremos.
Mediante un pronunciamiento difundido hoy en conferencia de prensa denunciaron con alarma y preocupación que el gobierno pretende minimizar el alcance y soslayar el cumplimiento de una histórica resolución de la CIDH que obliga al Estado peruano a garantizar la vida y la integridad a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador indígena César Estrada Chuquilín.
La medida cautelar se otorgó luego de verificarse tres condiciones esenciales: amenaza a la vida y la integridad personal de los beneficiarios de manera grave, urgente e irreparable.
En actitud abiertamente provocadora y rebelde al mediodía del martes 13 efectivos policiales detuvieron y maltrataron con insultos y amenazas a doce campesinos y activistas, incluso golpearon a algunos de ellos. Entre los detenidos estuvo César Estrada Chuquilín, periodista y comunicador indígena y uno de los beneficiarios con nombre propio de la medida cautelar.
El Pacto de Unidad denunció la acción abusiva, ilegal y provocadora efectuada a instancias de Jorge Gutiérrez, Jefe del Frente Policial de Cajamarca, quién ordenó la detención a pesar de estar informado de la naturaleza pacífica de la inspección de los ronderos y defensores de las lagunas. Los detenidos fueron liberados la madrugada del miércoles 14.
No patear la legalidad democrática
La articulación indígena nacional demandó al gobierno peruano no patear la legalidad democrática y más bien concertar con los representantes de los beneficiarios y beneficiarias las medidas a adoptarse para cumplir la medida cautelar.
Asimismo, pidieron al gobierno cumplir con informar a los 15 días y de manera periódica sobre el cumplimiento de la medida cautelar e iniciar las investigaciones de los hechos de agresión y violencia injustificada que dieron motivo a la medida cautelar “para evitar su repetición”.
El Estado no debe tergiversar la información de la CIDH
El Pacto de Unidad invocó al gobierno rectificar y esclarecer ante los medios de prensa el verdadero sentido de la resolución otorgada por la CIDH a favor de los líderes, familias y guardianes de las lagunas.
Denunciaron y rechazaron las declaraciones engañosas vertidas por Juan Jiménez Mayor, embajador del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), quién lejos de informar con veracidad sobre el tenor principal de la resolución declaró que la CIDH rechazó el pedido de medida cautelar y que el proyecto Conga debería “normalizarse para la continuación de los trabajos”.
Ignorando el carácter especial de la medida cautelar Jiménez Mayor incluso declaró que las garantías de protección a la vida e integridad dispuestas por la CIDH equivalen a las medidas que el Estado concede a cualquiera de los 30 millones de peruanos, dando a entender que la gravedad, urgencia e irreparabilidad valorada por la Comisión Interamericana, no tienen nada de especiales[1].
La tergiversación de la resolución de la CIDH ha sido interpretada por la mayoría de los medios -que han seguido la versión oficialista- en el sentido que el megaproyecto minero Conga debe continuar, llegándose al extremo de calificar el hecho como una derrota de los “antimineros”.
Esta campaña de desinformación viene siendo interpretada de manera antojadiza a favor de la continuación abierta del megaproyecto Conga. Esto significará el traslado de más maquinarias, presencia policial y agentes de seguridad privados de Yanacocha incrementando el clima de represión, tensión social, violencia y zozobra para los beneficiarios.
Finalmente, el Pacto de Unidad demandó al Estado peruano respetar el derecho a la protesta y defensa de los recursos naturales ante las industrias extractivas que tienen los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas, que amenazan sus formas tradicionales de vida y subsistencia y sus propios modos y visiones de desarrollo.
Agenda del Pacto de Unidad
El Pacto de Unidad explicaron constituye una articulación estratégica de organizaciones indígenas nacionales cuya finalidad es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas unitarias en camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida Plena de los pueblos y las comunidades originarias del Perú.
Bajo la denominación genérica de pueblos indígenas u originarios se comprende a diversas formas o modalidades cómo éstos se organizan y que se expresan en: comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, ligas organizaciones y federaciones agrarias, entre otras, que se reconozcan y auto-identifiquen como originarias.
La agenda estratégica del Pacto abarca diversos temas como el Cambio Climático, la seguridad jurídica de los territorios indígenas, el cumplimiento del derecho a la consulta de acuerdo a los estándares internacionales, entre otros.
Mayor información y contacto: Antolín Huáscar: 984-745903 / Gladis Vila: 978-512203
[1] Declaraciones de Juan Jiménez Mayor a Canal Tv. Perú, en el programa Noticias 7.3 con el periodista Nicolás Salazar. Jueves, 8 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nfcAAzrbpgU&feature=youtu.be
