La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), en relación a los hechos de desalojo ejecutados en la jornada de ayer, martes 20 de mayo, uno en el asentamiento campesino 15 de Abril, distrito de Guayaibí –San Pedro– y otro en la comunidad indígena Y’apo de Corpus Christi –Canindeyú–, expresamos cuanto sigue:

En un procedimiento que va siendo cada vez más habitual, sin allanarse a parámetros legales como una orden de desalojo o la presencia fiscal, con gran despliegue de elementos de represión como la policía, incluso haciendo uso de un helicóptero, acompañados de matones a sueldo, fue asaltado a primeras horas de ayer el asentamiento 15 de Abril (distrito de Guayaibí), el cual lleva constituido 8 años de existencia,  con 150 familias que han echado raíces en esas tierras, que han construido una escuela, la iglesia, con caminos, electrificación y agua corriente.

Por su parte, en el distrito de Corpus Christi, una comunidad indígena de la parcialidad Ava Guarani, sufrió un desalojo de sus tierras ancestrales durante la mañana, quedando 100 familias libradas a su suerte, sin explicación alguna, en el mismo momento en que fueron a declarar ante la jueza que decretó la orden de desalojo.

Ambos casos tienen mucha similitud en las formas: el avasallamiento a los derechos humanos y constitucionales de estos poblados impunemente y amparados en la prepotencia y la fuerza bruta; la ejecución al margen de la ley, con el más puro estilo de un terrorismo de Estado; la violencia estructural pese a no haber enfrentamiento o derramamiento de sangre; y, sobre todo, los beneficiarios de estos acontecimientos: grupos oligárquicos vinculados al agronegocio y el capital multinacional, esos a los que el propio presidente de la República, en un discurso lamentable, ofreciera el “uso y abuso” del Paraguay.

En efecto, en ambos casos se pretende destinar esas tierras al cultivo de soja y otros rubros que hacen de nuestro país un agroexportador por excelencia, muy bonito para las estadísticas, los protocolos oficiales y para los incautos consumidores de medios de derecha, pero con una realidad devastadora para las comunidades rurales.

Esta realidad perjudica intensamente a las familias campesinas e indígenas que tienen que migrar hacia otras geografías que no siempre les reciben con una bienvenida. Se generan así conflictos como los que actualmente se observan en varias ciudades del Dpto. Central, crisis habitacional y desplazados que no tienen espacio en la patria que los vio nacer.

El gobierno de Horacio Cartes es consecuente con el plan propuesto de eliminar la pobreza, pero con la táctica repudiable e inhumana de eliminar a los pobres, como si todo el país fuera un gran campo de exterminio de poblados enteros, apuntando directamente sobre la identidad campesina e indígena porque el objetivo velado es desaparecer el campesinado productor de agricultura sustentable y vencer a los pueblos originarios que han resistido por más de 5 siglos todo tipo de atropellos.

Nos solidarizamos con las personas que atraviesan esta situación y denunciamos estas acciones como enmarcadas en la lucha contra las tierras malhabidas, el latifundio y el acaparamiento, que siguen causando estragos a la sociedad.

Nuestro absoluto repudio a estos acontecimientos que dejan en desamparo a familias enteras a su suerte, a niños, niñas, mujeres y hombres a los que se les quita hasta las últimas posibilidades de rehacer sus vidas al dejarles sin elementos para empezar de nuevo, legitimando prácticas aborrecibles como el sicariato al permitir el involucramiento de civiles armados en estos operativos, por demás, ilegales.

Exigimos al gobierno de Horacio Cartes cesar la persecución al campesinado y pueblos indígenas y poner fin a su empeño de desangrarlos para provecho de particulares. Ese tipo de progreso que proclama el gobierno del “nuevo rumbo” no le hace falta a nuestro país.

¡¡Reforma Agraria ya!!

¡No más “uso y abuso”!