Paraguay: Conamuri ante la inminente sentencia judicial en el caso Curuguaty

(Asunción, 10 de julio de 2016) Ante la inminente sentencia en el juicio por la masacre de Curuguaty, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuanto sigue:

Después de casi un año de haberse iniciado el juicio oral y público por el caso de la Masacre de Marinakue (15/06/2012), el tribunal de sentencia se pronunciará este lunes 11 de julio sobre apenas dos dilemas: la justicia, que será la absolución de culpa y reproche de todas y todos los campesinos que están siendo procesados; o el guiño cómplice con el Ministerio Público que formuló la acusación de homicidio doloso, invasión de inmueble y asociación criminal para pedir condenas de entre 5 y 40 años sin haber asomado ni un solo instrumento probatorio que no fuera traído de los pelos y basado en un libreto mal construido por personajes que sirven a los detentores del poder fáctico en el Paraguay.

El tribunal de sentencia se expedirá, por tanto, sobre el núcleo fundamental de las problemáticas que existen en el país, que es la lucha por la tierra. Tiene ante sí a un grupo de campesinas y campesinos que buscaban una vida digna para desarrollarse como personas y garantizar un futuro a sus hijos e hijas. Una eventual condena contra ellas y ellos significaría la legitimación de un acto de mala fe, espurio, criminal y lesivo a todo precepto jurídico elemental en que se sustenta el Estado de Derecho. Sería, sin más trámites ni dilación, una tenebrosa demostración de terrorismo de Estado para escarmentar a los movimientos populares que luchan incansablemente por los derechos económicos, sociales y culturales, por los derechos campesinos y por los derechos humanos.

Mientras, por un lado, la Justicia apunta con dedo inquisidor hacia humildes campesinos sin tierra, por otro, el acaparamiento y el extractivismo continúan creciendo impunemente, la oligarquía rural se enseñorea sobre territorios de la agricultura campesina e indígena y las comunidades van despoblándose en medio de un interminable mar de soja que devora todo a su paso.

El stronismo subsiste bajo la piel de los órganos jurisdiccionales del Estado como una larva peligrosa. Éstos todavía no han terminado de digerir la Constitución Nacional de 1992 donde se garantiza el acceso a la tierra para todos los paraguayos y paraguayas. La lucha emprendida por el campesinado –que sufre los constantes atropellos del agronegocio y el latifundio, los acosos de la clase dominante y las injurias difundidas por la prensa empresarial–, no descansará sobre sus laureles sea cual fuere la declaración del tribunal.

Consideramos sin ápice de duda que todas las 11 personas enjuiciadas desde el 27 de julio de 2015 son inocentes y, por lo tanto, deben recuperar inmediatamente su libertad y deben ser reparadas por los daños morales y económicos en los que incurrió el Estado paraguayo al actuar con saña contra ellas. Cualquier otro dictamen, salvo la anulación de todo el proceso viciado, dará pie al derecho constitucional del pueblo de resistir a la opresión.

Así también, repudiamos la actitud soberbia con que el Ministerio Público se comportó en este caso y creemos que todos los agentes fiscales involucrados en el proceso deben ser investigados por parcialidad manifiesta y por intolerancia contra el pluralismo ideológico.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía en general y a los movimientos sociales en particular a fin de acompañar el día de mañana la vigilia que se habilitó en la plaza del Palacio de Justicia y a estar atentos a lo que resuelva el órgano acusador. Según los resultados, celebrar que aún hay esperanzas de transformar la sociedad, o bien, elucubrar nuevos frentes de lucha en base a una grosera condena judicial que representa una bofetada más contra el pueblo paraguayo por parte de las autoridades.

¡Justicia es la absolución!

¡Libertad a las presas y los presos por luchar!