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Movimientos populares salen a las calles contra los desalojos en todo Brasil

La Campaña Desalojos Cero convoca manifestaciones en las principales capitales del país durante el Acto Nacional Vivienda por la Vida, que reunirá a entidades, movimientos y familias amenazadas.

De la página del MST

Con el fin de luchar por la ampliación del Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, sigla en portugués) nº 828, que ayudó a proteger a miles de familias del campo y de la ciudad amenazadas de desalojos, la Campaña Desalojo Cero y un conjunto de Movimientos y Organizaciones Populares convocan a salir a las calles para participar del Acto Nacional de Vivienda por la Vida el próximo jueves (17/3), en todo el país.

Están siendo convocados actos en las principales capitales del país. Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, ya se están organizando y más ciudades de otros estados están anunciando movilizaciones.

La ADPF nº 828 fue concedida en junio de 2021, por el Supremo Tribunal Federal (STF), después de varias movilizaciones, luchas y articulaciones políticas. Al principio, los desalojos y las expulsiones durante la pandemia se suspendieron durante seis meses. Luego, se amplió hasta marzo de este año (2022) y las próximas movilizaciones del 17 de marzo exigen la continuidad de la ADPF.

Según Ana Moraes, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Brasil está atravesando una encrucijada. El plazo para la suspensión de los desalojos dado por el STF vence el 31 de marzo de 2022, sin embargo la población más vulnerable sigue viviendo un escenario de múltiples crisis, con el aumento de la inflación, el desempleo y el hambre y el acceso desigual a la vacunación y las formas de garantizar el derecho a la salud. “Todo esto en un contexto de ausencia total de políticas públicas”, agregó.

“Aunque en diciembre el STF exigió que el Congreso Nacional actuara sobre la necesidad de aumentar el plazo para la suspensión de los desalojos, ante el receso y una coyuntura conservadora y ligada a los intereses del agronegocio, esto no ocurrió. Por ello, la Campaña Desalojos Cero pide al Supremo Tribunal que amplíe el plazo para la suspensión de los desalojos, para garantizar los derechos humanos a la salud, la vida y la vivienda de las comunidades urbanas y rurales”, explica Moraes.

MST por el Desalojo Cero

En el campo, más de 200 aéreas del MST están amenazadas de desalojo. Esto repercute directamente en la vida de 30 mil familias campesinas. En entrevista, Kelli Mafort, también de la coordinación del MST, dice que los desalojos son una injusticia, y que el Gobierno de Bolsonaro es un proyecto al servicio del capital, del agronegocio, de la minería y también de la especulación inmobiliaria.

“Para nosotros, la ocupación es una lucha legítima de los pueblos y no puede ser criminalizada. Sin embargo, el desalojo en la pandemia es un acto inhumano, más aún con el agravamiento de la crisis social en el país. En el campo, decenas de miles de familias se verán afectadas, con aproximadamente 20 mil niños menores de 12 años. ¡Esto es muy serio!”, denuncia Ana.

Así como Mafort, Ana Moraes afirma que para el MST el desalojo en cualquier tiempo es un acto de violación de los derechos humanos, porque la ocupación de tierras sólo existe porque vivir, plantar y comer se ha convertido en un privilegio.

Para ella, también es necesario denunciar a los “verdaderos invasores, que son las corporaciones del agronegocio y de la minería que están invadiendo territorios campesinos, indígenas y quilombolas, a través de la cooptación y la violencia, por lo que quieren regularizar el acaparamiento de tierras, flexibilizar el licenciamiento ambiental, ampliar el paquete de veneno y liberar la minería”.

Al menos 132.000 familias brasileñas están amenazadas de desahucio

Desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la pandemia del Covid-19 y las medidas de aislamiento social, el número de amenazas de remociones y desalojos ha aumentado, haciendo imposible la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria indicadas por la OMS y reforzadas por el propio Ministerio de Salud de Brasil.

La crisis política y social del país ha generado una profundización de las desigualdades. El hambre, la pobreza y el desempleo forman parte de la realidad de la mayoría de la población y el escenario de inestabilidad e inseguridad del nuevo coronavirus ha empeorado las condiciones de vida y supervivencia de miles de familias.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número total de brasileños que padecen hambre ha aumentado en 3 millones de personas en los últimos cinco años. La situación de desigualdad urbana y social se ha ido agravando, y todas las organizaciones que conforman la Campaña Desalojo Cero señalan que es obligación de los poderes públicos garantizar la vida y la seguridad de la población.

El nuevo informe publicado por la Campaña Nacional Desalojo Cero muestra una realidad impactante para el país: más de 132.290 familias están actualmente amenazadas de desalojo en Brasil. Esta cifra supone un aumento del 602% en el número de familias amenazadas de desalojo desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020.

Además de las familias actualmente amenazadas de desalojo, el balance muestra que más de 27.600 familias fueron desalojadas durante la pandemia. La cifra, que representa un aumento del 333% en el número de familias desalojo desde marzo de 2020, podría ser mucho mayor si no existieran medidas como el amparo, que garantiza un mecanismo de suspensión legal de los desalojos y reintegraciones en todo Brasil.

En los últimos años, como consecuencia de las crisis, las expulsiones y los desalojos, la población en situación de calle se ha aumentado considerablemente y muchos otros se ven amenazados a vivir en estas condiciones. Según el informe realizado por el Movimiento Estadual de la Población de la Calle de São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, evidencia que el número de personas que viven en la calle ha crecido casi tres veces desde 2019 hasta la actualidad, llegando a más de 66.000 personas.

*Traducido por María Julia Giménez
** Editado por Lays Furtado