La Vía Campesina llama a defender Acuerdo de Paz en Colombia, demanda cumplimiento irrestricto y exige que diálogo no sea suplantado por silencio de la violencia
Tercer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia – Comunicado La Vía Campesina .
Frente al estado actual del proceso de implementación del Acuerdo Paz en Colombia La Vía Campesina hace un llamado al Pueblo Colombiano, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, a la Unión Europea, a los Países no Alineados, a Gobiernos, Organizaciones y en general a la solidaridad internacional, a rodear el Acuerdo de Paz en Colombia, demandar el cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos y exigir que el diálogo no sea suplantado por el silencio de la violencia.
(Harare, 22 de Noviembre 2019) El 24 de noviembre de 2016, el pueblo colombiano y el mundo entero observaban con esperanza la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano. Este hecho constituyó una oportunidad histórica para construir la paz en un país que por más de 50 años estuvo sometido al yugo de la violencia, materializada en las dimensiones económica, política y social, que debilitó gravemente su tejido social.
Transcurridos los primeros 3 años del proceso de construcción de paz, La Vía Campesina, organización que agrupa a millones de campesinxs en el mundo y que fue designada por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP como acompañante internacional en el proceso de implementación de los acuerdos, ve con profunda preocupación el insuficiente avance en la materialización de los compromisos para la terminación del conflicto y, peor aún, lo que pareciera ser una tergiversación del espíritu de lo acordado en La Habana.
Esta situación se evidencia en el estado de avance del proceso de implementación, pues a 28 de febrero de 2019 sólo un 23% de los acuerdos se han implementado completamente[1]. Debe resaltarse que no se han adelantado los procedimientos legislativos necesarios para avanzar en la implementación y que el 57% de las normas requeridas aún están pendientes de trámite en el Congreso, ejemplo de ello lo constituyen la Ley de Creación del Sistema Catastral Multipropósito, la ley sobre Tratamiento Penal diferenciado para pequeños agricultores vinculados con cultivos de uso ilícito y la Ley sobre adecuación de tierras, cuyos proyectos de Ley para discusión en el Congreso se encuentran archivados, pese a que constituyen leyes de implementación prioritaria para el desarrollo del punto 1 del Acuerdo, referente a la Reforma Rural Integral.
Vemos con preocupación el hecho de que al día de hoy no se haya entregado la primera hectárea derivada del Fondo de Tierras[2] y que, según el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, los avances en el punto de Acceso a Tierra se registrarán de acuerdo con los títulos formalizados y no en relación con las hectáreas entregadas, enfoque que distorsiona lo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Asimismo, durante el primer año del Gobierno Duque se ha formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa un 8,7% de lo que debería realizarse anualmente para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras. Y eso partiendo de un plazo total de 12 años, cuando en realidad el Acuerdo habla de 10 años para formalización[3].
El panorama de la sustitución de los cultivos de uso ilícito no es más alentador. Para afrontar esta problemática el Acuerdo de Paz prioriza la erradicación voluntaria, mediante la concertación entre el Estado y las comunidades; sin embargo, el actual Gobierno ha antepuesto el uso de estrategias coercitivas de erradicación de cultivos de uso ilícito, recurriendo a la fumigación aérea con glifosato según los términos recientemente establecidos por la Corte Constitucional. El enfoque que ha adoptado el Gobierno de Duque redunda en la estigmatización, represión y judicialización de las y los pequeños cultivadores, además de desconocer el carácter social y económico de esta problemática.
Observamos con preocupación además que el actual enfoque gubernamental, al priorizar la erradicación forzosa, desvincula la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) de la Reforma Rural Integral (RRI), situación que no sólo vulnera el espíritu del Acuerdo Final, cuyo eje central lo constituye la sustitución voluntaria y concertada, sino que también agrava la vulnerabilidad de las y los pequeños agricultores vinculados con cultivos de uso ilícito, quienes se ven privados de la asistencia alimentaria y técnica para emprender alternativas productivas. Sólo el 0.7% de las familias que vienen cumpliendo con los acuerdos de sustitución están vinculadas a proyectos productivos[4], situación que afecta la sostenibilidad del PNIS en el mediano y largo plazo, pues las y los pequeños agricultores pueden verse forzados a recurrir nuevamente a los cultivos de uso ilícito a falta de alternativas productivas.
Es necesario hacer referencia a las inquietantes modificaciones que ha sufrido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las cuales es el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se elimina la obligación de los terceros de acudir a la JEP. Esta decisión afecta el proceso de construcción de la verdad, punto medular de la justicia transicional, vulnerando el derecho de la sociedad colombiana de conocer lo que realmente pasó en el marco del conflicto armado. De esta forma, se limita a la voluntad de los terceros implicados la posibilidad de conocer la participación real de multinacionales, nacionales vinculados a la banca, el latifundio ganadero, la agroindustria, funcionarios públicos y demás civiles en la organización, financiación y apoyo a grupos paramilitares, y otras estructuras implicadas en las vicisitudes de la guerra.
Queremos prender las alarmas frente al peligro que constituye la creación de un procedimiento diferenciado para los militares al interior de la estructura orgánica de la JEP. El proyecto de acto legislativo, impulsado por el partido de Gobierno, tiene como propósito crear nuevas secciones al interior del Tribunal de Paz, las cuales tendrán la competencia exclusiva para conocer los hechos cometidos por los militares en el conflicto, situación que pone en grave amenaza los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, permitiendo que se descorra el velo de la impunidad. A la vez, este nefasto proyecto de acto legislativo vulnera el derecho de la sociedad colombiana de conocer la verdad de lo sucedido en más de medio siglo de guerra, obstaculizando no sólo el trabajo de la JEP, sino también de la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Los derechos de las víctimas, cuya garantía y protección ha sido una de las características esenciales del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, no sólo están siendo vulnerados en lo que al componente de verdad se refiere, sino que también se ha obstaculizado su derecho a ser un sujeto político activo en el proceso de implementación y construcción de paz en el país. No otra es la impresión que nos deja el hecho de que el Congreso de la República tenga archivado el proyecto de ley que crea las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, situación que impide la representación política de estas poblaciones y de sus derechos económicos, políticos, económicos, sociales y culturales.
El estado de avance de la implementación en materia de reparación a víctimas también es desalentador. En Colombia se han identificado 7.155.469 sujetos de reparación o atención; sin embargo, desde la puesta en marcha de la política el país sólo ha avanzado en la reparación de 898.540 personas, poco más del 12% del universo total. Al respecto, pareciera que el actual Gobierno no tiene un compromiso real con la implementación de políticas de reparación a víctimas, impresión que nos deja el hecho de que durante el primer año del Gobierno de Duque se haya reducido a menos de la mitad la media anual de reparación a víctimas que se llevaba antes.
Frente al proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, hoy agrupados en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manifestamos, igualmente, varias preocupaciones. Son varios los compromisos asumidos por el Estado en materia de reincorporación, dentro de los que se incluye el subsidio a iniciativas productivas y la titularidad de tierras a la población excombatiente. Frente a esto, las cifras indican que a la fecha el Gobierno ha aprobado 29 propuestas productivas colectivas de los excombatientes, de las que sólo 19 han recibido su desembolso respectivo. Asimismo, el universo de beneficiarios es limitado, pues los proyectos aprobados cobijan sólo al 14% de la población en proceso de reincorporación, y los efectivamente desembolsados sólo cubren un 9% de dicha población[5]. Esta realidad abandona a las y los excombatientes en una situación de incertidumbre frente a la efectividad del proceso de reincorporación económico-social.
Las acciones del Estado para proveer garantías de seguridad a los excombatientes, así como a líderes sociales y defensores de derechos humanos también han sido insuficientes. Observamos con arrebato el clima de violencia que se ha desatado tras la firma del acuerdo de paz, especial preocupación nos genera la situación de violación de derechos humanos que está padeciendo colombia como consecuencia del asesinato sistemático de las y los excombatientes de las FARC y sus familiares, así como de dirigentes y activistas de izquierda, defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, indígenas y afro descendientes, situación que rememora la época del exterminio de la Unión Patriótica. En este escenario no es posible evidenciar la voluntad del Gobierno para cumplir el compromiso de combatir y desmantelar el fenómeno del paramilitarismo.
Desde el proceso de dejación de armas el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha denunciado el homicidio de 150 excombatientes, asimismo, durante el primer año de Gobierno de Iván Duque se han registrado 236 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos[6]. Percibimos la ausencia voluntad política para cumplir con las Garantías de Seguridad contempladas en el acuerdo, debido a la ineficiencia del Estado para afrontar la situación de violación de derechos humanos que enfrenta el país.
El momento actual del proceso de implementación del acuerdo de paz adolece de lo que parece ser una falta de voluntad política del Gobierno para cumplir con lo acordado e, incluso, de tergiversar su espíritu. Lanzamos una alerta sobre la falta de impulso de una pedagogía de paz, así como sobre el hecho de que desde instancias gubernamentales, y en especial desde el partido de gobierno, se agreda a los congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como a otros miembros de partidos de oposición y líderes/as sociales, en el marco de lo que parece ser una política oficial de Estado reacia a avanzar en un proceso de reconciliación nacional, y bajo cuya connivencia opera un proceso de estigmatización y exterminio de sectores opositores.
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[1] Kroc Institute for international peace studies. Tercer informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz: La implementación sigue Progresando. 2019.
[2] CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo Político. La implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación. 2019.
[3] ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del Gobierno de Duque? Retos y Recomendaciones. Seguimiento multi-partidista a la implementación del Acuerdo de paz. 2019.
[4] La implementación del Acuerdo de PAz durante el Gobierno de Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación. CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo Político.
[5] CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo Político. La implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación. 2019.
[6] Subcomisión de DDHH Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, informe para el período del 7 de Agosto de 2018 al 4 de agosto de 2019.