La COP tiene un carácter intergubernamental mientras que la cumbre alterna reúne a representantes de comunidades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil preocupados por la falta de entendimiento entre los gobiernos para frenar las emisiones de GEI.

La Cumbre de los Pueblos se desarrolla en forma paralela a la COP desde 2009, cuando las negociaciones entre los gobiernos entraron en crisis al no poder materializar un acuerdo que sustituyera al Protocolo de Kioto.

Esta cumbre tiene la presencia de organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas y activistas de todos los continentes y la participación masiva de movimientos de los países del Cono Sur de América. Fue inaugurada a las 5 de la tarde de ayer con intervenciones de la alcaldesa de Lima, el alcalde de Bogotá y dirigentes de movimientos campesinos, sindicales y juveniles, pero las exposiciones, conferencias, talleres y conversatorios, entre otras actividades, inician por la mañana en el Parque de la Exposición, en pleno centro histórico de la capital peruana.

Como parte de las actividades de la cumbre, ha sido convocada la Marcha de los Pueblos el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Con esta fecha la ONU conmemora el aniversario de la aprobación de su Declaración Universal realizada en 1948.

Esta vez la cumbre ha convocado al mundo a movilizarse por el derecho de todos los sistemas vivos a prevalecer en el planeta a pesar de las actividades depredadoras capitalistas. La movilización global busca demoler la influencia de las corporaciones trasnacionales en las negociaciones sobre el clima.

La cumbre ha sido precedida por encuentros como el de Mujeres por la Justicia Climática en Defensa de la Madre Tierra, realizado en junio en esta ciudad.

Con dedicatoria a la COP20 que reúne a 190 gobiernos con el reto de alcanzar consensos vinculantes que serían firmados en París el año próximo, las integrantes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) se reconocieron como guardianas de la biodiversidad y denunciaron que la crisis del clima es consecuencia del orden mundial patriarcal y un modelo productivo de consumo mercantilista y depredador.

Demandaron acceso a la tierra, al agua y al territorio, una presencia activa en los espacios de decisión política en todos los niveles y reconocimiento a sus aportaciones en todos los ámbitos de las actividades familiares, comunitarias y sociales.

Las mujeres como víctimas ocultas de la crisis climática está previsto como uno de los tremas fundamentales de la cumbre.

La Vía Campesina, movimiento que conjunta millones de campesinos y campesinas de más de 90 países de todos los continentes, en su posicionamiento dado a conocer hace unos días sostuvo que ya es tiempo de cambiar en forma radical e modelo industrial de producir, comerciar y consumir alimentos y productos agropecuarios.

La organización global de pequeños productores consideró que la agricultura campesina a pequeña escala y el consumo local de alimentos va a revertir la devastación actual y a sustentar a millones de familias, provocando un descenso de la temperatura global al disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.

Según La Vía Campesina, la agricultura industrial es una de las principales causas del cambio climático al transportar alimentos por todo el planeta, al imponer la mecanización y uso de agrotóxicos derivados del petróleo y al promover la deforestación y el monocultivo destruyendo la biodiversidad y su capacidad para absorber carbono.

La Vía Campesina exigió el desmantelamiento completo de los agro negocios que están despojando a los productores de sus tierras y generando desastres ambientales, el reemplazo de la agricultura industrial por la agricultura familiar campesina sostenible, la prohibición de semillas transgénicas y agrocombustibles pues no constituyen solución alguna, así como reducir en general el consumo de energía y promover políticas públicas para la soberanía alimentaria.