La protesta social sigue siendo reprimida y criminalizada en Guatemala

Hombres y mujeres señalados con argumentos falsos, perseguidos, encarcelados y condenados, mujeres violadas sexualmente, desalojos  violentos, y órdenes de captura, es el escenario que viven comunidades que defienden sus tierras y territorios del capital nacional y extranjero, de empresas mineras, hidroeléctricas y cementeras

En la actualidad la represión y criminalización a la lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos es responsabilidad de empresas privadas y otros actores, señalaron participantes de Foro público donde se analizó las políticas de criminalización implementadas por el gobierno, empresas privadas, entidades de justicia y otros actores que defienden intereses de las minorías.

Isabel Turuy representante de las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez compartió que las comunidades kaqchiqueles llevan siete años de resistencia en contra de la empresa cementera, ya que el megaproyecto se impuso sin la debida consulta a las comunidades, a la fecha dirigentes han sido asesinados, encarcelados, sentenciados, mujeres violadas sexualmente, esto por la lucha en defensa la madre tierra, nacimientos de agua, bosques y medio ambiente, señaló

“En el año 2006 trabajadores de la empresa chapearon los cultivos cortaron los cercos de las comunidades así se inicia los abusos de parte de la empresa de cementos”…”…Los derechos a la propiedad comunal han sido violentados porque también se ha impuesto una carretera privada que va directamente a la cementera,  se dice que es anillo regional  pero desde un inicio se sabía de la carretera de 14.5 kilómetros y 40 metros de ancho”. “Donde quiere pasar la carretera han nacimientos de agua”, Dijo Turuy, al relatar la lucha fuerte que han llevado las comunidades sanjuaneras.

Asimismo Turuy señaló la parcialidad del actual presidente de la república Otto Pérez Molina al favorecer los intereses de la familia Novella, también el actuar del alcalde municipal Fernando Bracamonte, y de los entes que imparten justicia.

Después de siete años en defender sus territorios a la fecha existen más de ochenta personas con procesos penales,  cinco encarcelados entre ellos Abelardo Curup sentenciado a cincuenta años de prisión, además dijo que las mujeres no están libres de señalamientos falsos mencionó que en la actualidad hay lideresas que se dedican a vender en el mercado señaladas de varios delitos. “El arma que utilizamos los campesinos y campesinas en las comunidades es el machete y el azadón para trabajar la tierra” indicó Turuy, quien agregó que en la actualidad existen diez órdenes de captura por ejecutarse en contra de lideres y lideresas kaqchiqueles.

Por su parte Carlos Bezares abogado defensor en Derechos Humanos se refirió a la situación en Santa Cruz Barillas, donde la población se ha opuesto a los trabajos de la Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz  Bezares resaltó  la impunidad y la parcialidad de quienes imparten justicia al defender los intereses de Hidro Santa Cruz estos intereses a favor de la empresa han sido evidentes, al implementar Estado de sitio y endurecer la política de persecución a líderes y lideresas, así como querer encubrir la verdadera lucha de los campesinos y campesinas en defensa de su territorio, refirió también que las campañas mediáticas implementadas de que existe narcotráfico en el lugar es para deslegitimar la lucha organizada de los pueblos.

El abogado defensor en derechos humanos dijo que las empresas de capital nacional y transnacional están implementando la política de estructurar redes de abogados pertenecientes a las mismas empresas por ello los casos quedan levemente documentados y eso hace a que no se documente las violaciones que de forma constante cometen las empresas hacia las comunidades. Agregó que la política implementada en contra de quienes defienden la tierra, territorio y los bienes naturales es    “El enemigo es el indígena, pobre y campesino, que primero lo atrapan y después le preguntan si él hizo tal o cual acción”.

Daniel Pascual  del Comité de Unidad Campesina -CUC- dijo que según datos de la Unidad de  Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala  UDEFEGUA- en el año 2011 se registraron 409 ataques a defensoras y defensores de derechos humanos de los cuales el 60% están vinculados a comunidades líderes comunitarios y afiliados al -CUC-, incrementándose éstos en el año 2012 a ataques a la institución, dirigentes nacionales, regionales, líderes comunitarios afiliados a la organización.

Últimos ataques de los cuales ha sido víctima la organización líderes y líderesas nacionales y regionales.

 Abril 2011 el gobierno de Guatemala en ese entonces dirigido por Álvaro Colom publicó dos campos pagados señalando al CUC de levantar una campaña en contra del ejecutivo ante los desalojos que la fuerza pública realizó n el Valle del Polochic.

Posterior a los campos pagados a la fecha varios  supuestos periodistas y columnistas con vínculos con empresas extractivas, exmilitares o al gobierno se han dedicado a escribir en diferentes medios de comunicación cantidad de artículos en contra del -CUC- con declaraciones falsas señalando a la dirigencia de “delincuentes”, “terroristas”.

Desde mayo del 2012 ante la solidaridad brindada por el -CUC- a la población de Santa Cruz Barrillas Huehuetenango donde la población dice no a los trabajos de la Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Se ha desarrollado una serie de acciones para neutralizar y criminalizar la actividad que realiza el -CUC-, actividades basadas en normativa legal nacional e internacional.

En enero de 2013 después que el coordinador del -CUC-  acompañado por otros integrantes de la organización se dirigiera a la comunidad San Antonio Las trojes I en San Juan Sacatepéquez, después de que pobladores solicitaran su presencia. El vehículo donde se transportaban fue inmovilizado por un grupo de hombres simpatizantes de la empresa de cementos quienes estaban armados con machetes y quienes intimidaban a quienes se dirigían en el vehículo.  Esta denuncia fue interpuesta a la fiscalía del Ministerio Público.

Después de lo ocurrido en contra de los integrantes del -CUC- en San Juan Sacatepéquez el alcalde del municipio Fernando Bracamonte inicio una campaña de difamación en diferentes medios de comunicación a través de campos pagados.

En esa misma línea el Ministro de Gobernación Mauricio López se ha pronunciado en diversas ocasiones a medios de comunicación y ha señalado al CUC y a su dirigencia de ser una organización “radical”.

Ricardo Méndez Ruiz de la “Fundación contra el terrorismo” hijo del ministro de gobernación en tiempos de Efraín Ríos Montt a presentado acusaciones judiciales  falsas en contra de Daniel Pascual coordinador del -CUC-,  además dicha fundación que dirige Méndez Ruiz ha publicado diversos panfletos en uno de los principales periódicos con el fin de estigmatizar al -CUC-.

En las conclusiones del Informe del Comité de Unidad Campesina -CUC- “Acerca de los ataques a su dirigencia y bases como estratégica del gobierno y de empresas mineras hidroeléctricas y de monocultivos para destruirlo”, señala que Existe una campaña de ataques orquestada en la que participan funcionarios de gobierno como el (Ministro de Gobernación) la prensa que está al servicio de empresas extractivas y de monocultivos en contra del -CUC- y de su dirigencia acusándolos falsamente.

Asimismo se detalla en la conclusiones que los ataques mediáticos y directos podrían pretender la creación del ambiente propicio para atentar en contra de la vida de la dirigencia nacional y bases del -CUC-, pretendiendo la destrucción de la organización.

Del año 2000 al 2013 se registran 41 integrantes del -CUC- asesinados entre los que figuran niños, mujeres y hombres.