Ya han pasado casi 2 meses de la Masacre del 26 de setiembre en Iguala, donde unos 100 estudiantes de la carrera de profesor de educación primaria de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron baleados por la policía municipal, que luego vestida de civil se dio a la caza de los estudiantes causándole la muerte a 6 de ellos, algunos incluso fueron desfigurados y desollados y provocando varios heridos, dos de ellos muy graves.
Tras la masacre, la policía se llevó a 43 estudiantes que desde ese día no han sido presentados, lo que, según el derecho internacional, podemos calificar como desaparición forzada y crimen de lesa humanidad.
Los estudiantes asesinados y los desaparecidos, jóvenes campesinos e indígenas pobres que querían ser maestros rurales, se movilizaban en defensa de su derecho a la educación, en mayor riesgo a partir de la aprobación de las recientes reformas neoliberales.
Los dolorosos hechos de Ayotzinapa son parte de un contexto de violencia estructural presente en todas las regiones del país, donde a diario se ejecuta, asalta, extorsiona y ultraja a jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, indígenas y a la población en general.
El presidente Enrique Peña Nieto, el ejército mexicano, la policía federal, estatal y municipal, las agencias de espionaje, los partidos políticos aliados del régimen, los medios masivos de comunicación, el crimen organizado y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todos sus niveles son parte activa u omisa de ese entramado.
Ante la presión popular, la respuesta del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido negligente y dolosa, dando clara evidencia de que asistimos a un crimen de estado.
Los hechos reflejan nítidamente la crisis de derechos humanos, de justicia, de descomposición del sistema político, de corrupción y de impunidad por la que atraviesa México, que la tragedia de Iguala, Guerrero, ha puesto en relieve ante la opinión pública mundial.
Jornadas intensas de protesta, que han incluido paros, marchas, tomas de puestos de peaje y bloqueos de rutas, entre otras acciones, expresan el ánimo social de que lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa no debe quedar impune.
Llamamos a todas las organizaciones y movimientos sociales de América y del Mundo a solidarizarse con las movilizaciones convocadas por los estudiantes universitarios y el pueblo de Guerrero y a gritar bien fuerte:
¡Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes!
¡Demandamos justicia para todos los asesinados y desaparecidos y castigo a los responsables!
¡Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza!
