La apuesta de las organizaciones sociales frente a la crisis de seguridad en Colombia
Los niveles de violencia contra comunidades y organizaciones sociales se mantienen en aumento desde la firma del Acuerdo de Paz. La consolidación de la presencia territorial de grupos armados ilegales y la ausencia de una política de seguridad estatal que proteja los derechos de comunidades, organizaciones y personas líderes sociales tienen a los territorios en una grave situación de riesgo.
Frente a esta situación, organizaciones y distintos actores sociales han decidido impulsar acuerdos humanitarios territoriales, como mecanismo para mitigar las vulneraciones a derechos humanos producidas en el marco del conflicto armado y con la perspectiva estratégica de contribuir a un diálogo social que promueva el diálogo estatal con los actores armados ilegales.
El llamado de las comunidades y organizaciones sociales es a que se reconozcan y apliquen las normas del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos mediante la suscripción, por parte de actores armados legales e ilegales, de Acuerdos Humanitarios en diferentes regiones del país.
Estas iniciativas pacíficas para la resolución de los conflictos se vienen impulsando a nivel territorial desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, como un mecanismo para promover salidas negociadas al conflicto y brindar garantías para la participación política, especialmente de cara a las elecciones de este año.
Las primeras experiencias se han impulsado desde las regiones del Catatumbo y el Chocó, y se han replicado en otros territorios como Cauca, Nariño, Magdalena Medio y Putumayo. Se tiene la perspectiva de poder impulsar un Pacto Humanitario Global que abarque todo el territorio y que acojan todos los grupos armados.
Estas propuestas, que tienen un fuerte carácter pedagógico, nacen del reconocimiento del papel de intermediación que pueden jugar las organizaciones sociales en el proceso de diálogo con los distintos actores armados, así como de la necesidad de promover la apropiación territorial del Acuerdo de Paz, elemento esencial en el proceso de implementación y construcción de paz.
Hasta el momento, el Gobierno Duque se ha negado a reconocer y suscribir estas propuestas de Acuerdo Humanitario. Es necesario que la Comunidad Internacional suscriba y respalde estas iniciativas, urge presionar al actual y al próximo Gobierno de Colombia para que se dialogue con los grupos armados y se dé una salida política al conflicto.