Este año, las organizaciones sociales articuladas en la CLOC-Vía Campesina en los diferentes países se manifestarán para visibilizar la lucha de las comunidades campesinas e indígenas por resistir las consecuencias del agronegocio, por la defensa de las semillas nativas y criollas frente a las variedades transgénicas, por la conservación de los bosques y los territorios indígenas y campesinos, por un modelo de agricultura sustentable que no contamina ni destruye y que prolonga la vida de las especies naturales, por el agua y contra la pretensión de las transnacionales y de los Estados poderosos de enajenarla y concentrarla, entre otras líneas de reivindicación.

En ese sentido, la CLOC-Vía Campesina Paraguay realizará acciones en torno a la tenencia de la tierra, foco de conflicto permanente en donde se desarrolla la lucha de clases en nuestro país, y en el marco de la exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos registrados el 15 de junio de 2012, cuando fueron asesinados 11 campesinos sin tierra y 6 policías en el departamento de Canindeyú.

Las jornadas de lucha se iniciarán el lunes 15 del corriente, al cumplirse 10 meses de la Masacre de Curuguaty, con la instalación de un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia, en el barrio Sajonia de Asunción, en vigilia y como medida de presión para exigir la celeridad del proceso que se sigue a las tierras de Marina Kue, que enfrenta al Estado paraguayo contra la familia Riquelme.

El miércoles 17 aumentará el número de militantes de la CLOC-Vía Campesina en concentración frente a la sede judicial, con la solidaridad y participación de otras organizaciones sociales y particulares que quieran sumarse, donde impulsarán un pedido de audiencia para que la Corte se pronuncie en relación a las tierras de Marina Kue, que están siendo usurpadas por la empresa agro-ganadera Campos Morombí, de la familia Riquelme, sin ningún aval documentado que pruebe su pertenencia.

Las autoridades judiciales están dilatando la resolución sobre las tierras de Marina Kue, que son del pueblo paraguayo, en tanto que campesinos y campesinas inocentes, involucrados en el Caso Curuguaty, siguen privados de su libertad acusados por “invadir inmueble ajeno”, cuando solo trataban de recuperar un bien público.

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