El Salvador: CNTC indignada por acciones de gobierno de Honduras en contra de campesinas y campesinos de ese país

Miembros de la coordinación del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC/ VIA CAMPESINA EL SALVADOR,  y la comisión de mujeres de esta entidad de concertación campesina en conferencia de prensa que en conferencia de prensa que desarrollaron este día, condenaron las acciones que las autoridades Hondureñas ejecutan en contra de las y los campesinos del hermano país.

Según el comunicado, el gobierno del presidente Porfirio Lobo y un grupo de empresarios agrícolas, terratenientes  se han dado a la tarea de criminalizar las luchas que las y los campesinos e indígenas que recuperan las tierras que históricamente les pertenecen y de las que familias como la Facusse se han apoderado y matan, encarcelas amenazan y destruyen la vida de las familias del campo, obviamente con el respaldo del gobierno de Lobo y el apoyo directo de la Policía y el ejercito de esa país.

La comisión de mujeres del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC Vía Campesina El Salvador, frente  a la situación de persecución y enjuiciamientos de,  lideresas y líderes dirigentes por la defensa del territorio indígena de Intibucá, como Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y sus miembros Aureliano Molina, y Tomás Gómez Membreño.  Asimismo, Magdalena Morales, dirigente campesina de la CNTC, Concepción Gutiérrez del MADJ de Nueva Esperanza, Ethel Verónica Corea, Victorina y Elba Rubio de las comunidades de Zacate Grande y muchos y muchas más de diferentes partes del país, se pronuncia porque las autoridades tomen en cuenta que el respeto a los derechos de los demás es parte fundamental para la convivencia de los pueblos y que por lo tanto es una obligación de los gobiernos hacerlos cumplir acorde al marco jurídico que impera en el país. 

Nos vemos obligadas a expresar nuestro profundo rechazo e indignación por los diversos actos cobardes de violación de los derechos humanos contra compañeras y compañeros que se han mantenido firmes defendiendo los derechos de las comunidades,denunciando la militarización de los territorios, la voracidad de las empresas nacionales y transnacionales que atropellan a las poblaciones, la corrupción de los gobiernos locales y nacionales que se confabulan y protegen  para violentar los derechos de las comunidades en vez de garantizarlos, dijeron las integrantes de la comisión de las mujeres de CNTC en voz de la dirigente María Ana Calles

En ese mismo contexto expreso que el pasado viernes 20 de septiembre el Juzgado de la Esperanza En Honduras, emitió una  resolución que  dicta prisión preventiva en contra de   Berta Cáceres coordinadora general del COPINH y medidas sutitutivaspara  Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño miembros también de COPINH, lo que se constituye en violación al convenio 169 de la OIT. Que literalmente en su articulo tres numeral uno dice  Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Esto se fundamenta en que con el veredicto dictado por el Juez se ordena el desalojo de la comunidad de Río Blanco. acción de persecución Estatal en favor de empresas invasoras en contra de las comunidades indígenas, se evidencia   más ante la ciudadanía y la comunidad internacional, al favorecer el capital en detrimento de los territorios y pueblos a los que les pertenece la tierra al tiempo que se les  coacción acusa de usurpación.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se ha caracterizado por violentar los derechos humanos, y aunque se han creado instancias de gobierno que aparentan ejercer una labor de gestoresen materia de política pública en derechos humanos como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, cuando lo cierto es que en el país se profundiza la criminalización de la protesta  elEstado mismo es quien se encarga de perpetrar esta persecución. Al igual que Berta Caceres, o Magdalena Morales será enjuiciada el próximo 30 de septiembre en los juzgados de El Progresopor defender derechos de las campesinas y campesinos.

En ese contexto como organizaciones campesinas hacemos el llamado al gobierno de Porfirio Lobo a que se ajuste al marco jurídico que las leyes de su país le exigen y que pare toda acción de violencia en contra de las y los campesino que son violaciones a tratados internacionales que el mismo gobierno de su país ha suscrito y que al mismo tiempo son leyes, las que se deben cumplir, culminaron las y los dirigentes campesinos del consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC/Vía Campesina El Salvador.

Miembros de la coordinación del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC/ VIA CAMPESINA EL SALVADOR,  y la comisión de mujeres de esta entidad de concertación campesina en conferencia de prensa que en conferencia de prensa que desarrollaron este día, condenaron las acciones que las autoridades Hondureñas ejecutan en contra de las y los campesinos del hermano país.

Según el comunicado, el gobierno del presidente Porfirio Lobo y un grupo de empresarios agrícolas, terratenientes  se han dado a la tarea de criminalizar las luchas que las y los campesinos e indígenas que recuperan las tierras que históricamente les pertenecen y de las que familias como la Facusse se han apoderado y matan, encarcelas amenazan y destruyen la vida de las familias del campo, obviamente con el respaldo del gobierno de Lobo y el apoyo directo de la Policía y el ejercito de esa país.

La comisión de mujeres del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC Vía Campesina El Salvador, frente  a la situación de persecución y enjuiciamientos de,  lideresas y líderes dirigentes por la defensa del territorio indígena de Intibucá, como Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y sus miembros Aureliano Molina, y Tomás Gómez Membreño.  Asimismo, Magdalena Morales, dirigente campesina de la CNTC, Concepción Gutiérrez del MADJ de Nueva Esperanza, Ethel Verónica Corea, Victorina y Elba Rubio de las comunidades de Zacate Grande y muchos y muchas más de diferentes partes del país, se pronuncia porque las autoridades tomen en cuenta que el respeto a los derechos de los demás es parte fundamental para la convivencia de los pueblos y que por lo tanto es una obligación de los gobiernos hacerlos cumplir acorde al marco jurídico que impera en el país.

Nos vemos obligadas a expresar nuestro profundo rechazo e indignación por los diversos actos cobardes de violación de los derechos humanos contra compañeras y compañeros que se han mantenido firmes defendiendo los derechos de las comunidades,denunciando la militarización de los territorios, la voracidad de las empresas nacionales y transnacionales que atropellan a las poblaciones, la corrupción de los gobiernos locales y nacionales que se confabulan y protegen  para violentar los derechos de las comunidadesen vez de garantizarlos, dijeron las integrantes de la comisión de las mujeres de CNTC en voz de la dirigente María Ana Calles

En ese mismo contexto expreso que el pasado viernes 20 de septiembreel Juzgado de la Esperanza En Honduras, emitió una  resolución que  dicta prisión preventiva en contra de   Berta Cáceres coordinadora general del COPINH y medidas sutitutivaspara  Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño miembros también de COPINH, lo que se constituye en violación al convenio 169 de la OIT. Que literalmente en su articulo tres numeral uno dice  Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Esto se fundamenta en que con el veredicto dictado por el Juez se ordena el desalojo de la comunidad de Río Blanco. acción de persecución Estatal en favor de empresas invasoras en contra de las comunidades indígenas, se evidencia   más ante la ciudadanía y la comunidad internacional, al favorecer el capital en detrimento de los territorios y pueblos a los que les pertenece la tierra al tiempo que se les  coacción acusa de usurpación.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se ha caracterizado por violentar los derechos humanos, y aunque se han creado instancias de gobierno que aparentan ejercer una labor de gestoresen materia de política pública en derechos humanos como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, cuando lo cierto es que en el país se profundiza la criminalización de la protesta  elEstado mismo es quien se encarga de perpetrar esta persecución. Al igual que Berta Caceres, o Magdalena Morales será enjuiciada el próximo 30 de septiembre en los juzgados de El Progreso por defender derechos de las campesinas y campesinos.

 

En ese contexto como organizaciones campesinas hacemos el llamado al gobierno de Porfirio Lobo a que se ajuste al marco jurídico que las leyes de su país le exigen y que pare toda acción de violencia en contra de las y los campesino que son violaciones a tratados internacionales que el mismo gobierno de su país ha suscrito y que al mismo tiempo son leyes, las que se deben cumplir, culminaron las y los dirigentes campesinos del consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC/Vía Campesina El Salvador.

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