En Colombia, existe una deuda histórica con el campesinado. Este ha sufrido las consecuencias de la implementación de un modelo de despojo que ha favorecido a una minoría de personas que concentran la tenencia de la tierra y la riqueza. Esto se evidencia en el Índice de Gini sobre la concentración de las tierras, en donde Colombia se ubica con un coeficiente de 0,89 y esto lo cataloga como uno de los países más desiguales del mundo.
Según datos de Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el año 2020 en el país la pobreza en la ruralidad fue de 46,3 % y, en comparación al año 2019, la pobreza extrema en la ruralidad va en aumento.
A esta realidad se suma el fracaso de reformas y políticas agrarias que no buscan dar solución a una de las problemáticas centrales en el país, que representa una de las causas del surgimiento del conflicto armado interno, de paros campesinos y movilizaciones de gran relevancia histórica. Uno de los grandes retos del gobierno de Gustavo Petro es avanzar en dar respuesta a estas problemáticas, teniendo en cuenta las voces campesinas, proletarias y populares y reconociendo que el problema agrario requiere de cambios estructurales en el sistema político, económico y social del país.
En este sentido, por más de 12 años hemos impulsado —como parte del movimiento campesino y popular, en las carreteras y en la disputa institucional— que se reconozca al campesinado como sujeto político de derechos. Este reconocimiento haría que se modificara el Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, para que el campesino, su identidad cultural y política, su derecho a la tierra, a la territorialidad campesina, a la economía campesina y su papel protagónico en la protección y cuidado de la naturaleza sean vistos como un derecho.
Con este reconocimiento, se le daría relevancia a los conocimientos tradicionales y a formas de vida campesina que buscan proteger y reproducir las semillas nativas, prácticas que han sido criminalizadas por el Estado colombiano. También, se ratificaría la realización de consultas populares por parte del Gobierno nacional y local para la realización de proyectos que afecten a los territorios campesinos, la producción de alimentos o los bienes de la naturaleza. Asimismo, se exigirían las garantías reales para el acceso a los derechos de educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social y recreación, que en su formulación y aplicación deben tener en cuenta, un enfoque diferencial, generacional y territorial que responda a las necesidades de la población campesina.
En la búsqueda de la aprobación de este acto legislativo se han presentado trabas y falta de voluntad política para priorizar su discusión. Sin embargo, el 31 de mayo del presente año, fue aprobada la propuesta por consenso, en el séptimo debate. Falta sólo un debate para que este proyecto sea una realidad, sin embargo hay observaciones; por ejemplo, Paloma Valencia (Senadora del Centro Democrático) hizo la salvedad de que el proyecto no puede afectar el desarrollo de la “libre empresa en el país”, evidenciando que para los terratenientes y la clase política que ha ostentado el poder y a quienes representa, la solución para el campo no puede tocar las raíces del problema ni afectar los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras que ven en la ruralidad la posibilidad de seguir acumulando capital. A pesar de las trabas, el proyecto continúa avanzando.
Esto quiere decir que se vienen cosechando algunos cambios y se espera la aprobación final del acto legislativo, que dependerá de las y los congresistas de Colombia. Pero seguirá siendo un desafío el poder avanzar en propuestas que lleven a las transformaciones estructurales que requiere el campo colombiano. En la Convención Nacional Campesina, realizada en el año 2022, diferentes organizaciones y comunidades campesinas insistimos al Gobierno de Gustavo Petro sobre la necesidad urgente de un cambio modelo; así como le hablamos de nuestra apuesta por una Reforma Agraria Integral y Popular que reconozca las relaciones de poder y de disputa en la tenencia y uso de la tierra, el control de los medios de producción y el abordaje de dimensiones sociales, culturales y políticas de la deuda histórica con los campesinos y las campesinas del país. Esta propuesta debe ser retroalimentada y enriquecida desde los territorios, al mismo tiempo que debe ser defendida a través de la organización, la lucha institucional y la movilización.
Texto: Plataforma Aguante Popular, Nororiente. CNA (Coordinador Nacional Agrario – Colombia)
Foto: RENAF
