Colombia: Continúa la persecución judicial de manifestantes del Paro del 28 de abril
En los últimos 40 años Colombia no registraba una movilización social de la magnitud del Paro del 28 de abril, cuya única respuesta por parte del Estado fue la violencia: se han verificado 89 homicidios, 192 desapariciones forzadas, 1.929 personas heridas, 106 personas víctimas de violencias basadas en género, 3.546 detenciones de manifestantes[1] y 200 casos de criminalización de manifestantes.
Desde que iniciara el Paro más de 200 miembros de primeras líneas han sido capturados, la mayoría de los casos bajo delitos como terrorismo o concierto para delinquir. Uno de los primeros hechos registrados fue la captura de 14 manifestantes a finales de abril de 2021, quienes también fueron golpeados y torturados por miembros de la fuerza pública[2].
A finales del mes de octubre e inicios del mes de noviembre de 2021 se presentó el caso de 5 miembros de la primera línea en Bogotá quienes, luego de varios tropiezos técnicos, fueron acusados por delitos de terrorismo y hurto[3]; así como el caso de 13 jóvenes líderes comunitarios, que a juicio de la Fiscalía habrían convocado, incitado y realizado actos de terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales[4].
En el departamento de Boyacá, a mediados del mes de noviembre de 2021 se realizaron capturas masivas de jóvenes de primera línea. Se llevaron a cabo varios allanamientos por parte de la policía judicial a diferentes viviendas de jóvenes que participaron en el paro, registrándose la captura de 3 personas por la presunta comisión del concierto para delinquir, tenencia de elementos peligrosos y agresión a empleado oficial[5], entre las capturas, se produjo la de un joven líder ambientalista, asociado con políticos y movimientos de oposición al gobierno.
La criminalización y persecución judicial que están sufriendo las y los miembros de primeras líneas es tal que los “escudos azules” una primera línea de Bogotá, ha solicitado medidas cautelares que brinden seguridad física y jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos hechos se suman a la persecución judicial que sufren líderes y organizaciones campesinas, evidenciando una práctica sistemática que mina la participación política de sectores populares.
[1] Según información de la Campaña Defender la Libertad. Ver: El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Disponible en: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6710a368-d494-4597-92f9-f5a51177aa54#pageNum=1
[2] En libertad los 14 detenidos por vandalismo en medio de las protestas. El Heraldo. Abril 30 de 2021. Disponible en: https://www.elheraldo.co/colombia/declarada-ilegal-la-captura-de-los-14-manifestantes-del-paro-813487
[3] Legalizan captura de presuntos integrantes de la ‘primera línea’ en Suba, acusados de terrorismo. Revista Semana. Edición del 29 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/legalizan-captura-de-presuntos-integrantes-de-la-primera-linea-en-suba/202100/
[4] Capturados 13 presuntos integrantes de la primera línea señalados de vandalismo. El País. Edición de 9 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.elpais.com.co/colombia/capturados-13-presuntos-integrantes-de-la-primera-linea-senalados-de-vandalismo.html
[5] Allanamientos a viviendas de jóvenes que participaron en el paro nacional de Paipa. W Radio. Nota del 22 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.wradio.com.co/2021/11/22/allanamientos-en-viviendas-de-jovenes-que-participaron-en-el-paro-nacional-en-paipa/