Colombia: ¨Si hablamos nos matan, si callamos también¨
Fuente: El Espectador
¨Si hablamos nos matan, si callamos también¨, esta es la frase de uno de los representantes de la Minga que llego a Bogotá el pasado 17 de octubre. Cerca de 10.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes recorrieron alrededor de 600 km, desde sus territorios, hasta llegar a la capital, su objetivo: hacer un llamado para que se respete la vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, que se respete su derecho a la tenencia de la tierra y se implemente el Acuerdo de Paz. En palabras del líder de un resguardo indígena:
“marchamos hasta la capital para pedirle al Gobierno tomar acción en cuatro frentes: el olvido en el que se encuentran los pueblos indígenas, lo cual implica estar en medio de actores armados que afectan nuestros territorios; los sistemáticos asesinatos de líderes sociales, especialmente en el departamento del Cauca; el establecimiento de un debate con los diferentes actores del Gobierno y, por último, un llamado a intervenir en las políticas que permiten que las economías ilícitas les sigan ganando a las lícitas”
Es la falta de compromiso del gobierno con la vida de las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, así como con la provisión de garantías efectivas de seguridad a las comunidades, lo que ha motivado el desplazamiento de la Minga hacia la capital. Su objetivo era la denuncia de los problemas estructurales que el gobierno está ignorando: militarización de los territorios, concentración del poder, desconocimiento del Acuerdo de paz e inacción estatal frente a la sistematicidad de asesinatos de personas líderes sociales, incremento de masacres, de desplazamientos forzados y otras graves violaciones de derechos humanos.
Conforme cifras del Instituto de Ideas para la paz – INDEPAZ, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de noviembre del 2020 han sido asesinadas 1058 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos en el país, 254 de estos asesinatos ocurrieron en 2020.
Esto quiere decir que, en promedio, 6 personas defensoras de derechos humanos son asesinadas cada semana. La distribución sectorial de los homicidios se presenta de la siguiente forma: el 37,6% indígenas, 10,1% afrodescendientes y el 52,1% campesinos (comunales, ambientalistas, líderes de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito). Debe resaltarse que el 70,9% de los homicidios se presenta en sectores rurales.
El programa Somos Defensores, en su informe ¨El virus de la violencia¨, reveló que los asesinatos contra personas líderes sociales aumentaron un 61% entre enero y junio del 2020, en comparación con el mismo período de tiempo en el 2019. Una de las explicaciones de este aumento, es que la cuarentena por covid-19 limitó la movilidad de las personas líderes y defensoras, obligándolas a estar de manera permanente en sus casas, lo cual conlleva que sean fáciles de identificar por los actores armados. En el primer semestre del 2020 se registró un total de 463 agresiones entre amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas y robos de información.
Una de las formas de hostigamiento que más revuelo ha causado es el incremento de las masacres en el año 2020, hechos a los que el presidente Duque pretende denominar ¨homicidios colectivos¨, en un intento por posicionar una narrativa que oculte la gravedad de los hechos y que demuestra su desinterés por el recrudecimiento de la violencia en el país.
Asimismo, con el mayor grado de cinismo, Duque osa manipular las cifras sobre las masacres. El 22 de agosto el presidente compartió en redes sociales cifras conforme a las cuales, entre 2018 y 2020, se han documentado 34 masacres. Este hecho provocó una serie de críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad civil, pues las cifras que publicita Duque difieren de las que manejan otras entidades como el Ministerio de Defensa o la Oficina del Alto Comisionado de Paz[1], organismos que documentan 33 masacres en los primeros 8 meses del 2020.
Sin embargo, la realidad sobre la exacerbación del conflicto y la violencia en Colombia es mucho más inquietante que la presentada por las entidades estatales. Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de INDEPAZ (una de las fuentes de información más confiables pues su metodología se basa en el análisis de información aportada por organizaciones de base o plataformas de derechos humanos, entidades oficiales y otras ONGs), en el período comprendido entre enero y 13 de diciembre de 2020 se han presentado 83 masacres.
Frente al asesinato de personas en proceso de reincorporación, el presidente Duque afirma que menos de 50 excombatientes han sido asesinados[2]; sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas sostiene que en realidad se han presentado 238 casos de este tipo, cifra que es compartida por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos del país. Debe resaltarse que el número de asesinatos de excombatientes que reconoce Duque se basan en datos de la Oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, entidad que ha reconocido que no tiene la capacidad para desplazarse a las regiones donde se presentan los crímenes ni para verificar los hechos.
La voluntad del gobierno Duque para afrontar los problemas de seguridad y el exterminio sistemático que sufren las y los excombatientes y sus familiares, producida en el marco de la violencia política que se vive en el país ha sido nula. Pese a que en el punto 3.4 del Acuerdo el Estado se comprometió formalmente a desmantelar las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, aún no se ha diseñado una política pública que desarrolle este compromiso. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es la instancia encargada de diseñar esta Política de desmantelamiento de organizaciones criminales; sin embargo, el trabajo no se ha realizado debido a la renuencia del Gobierno. Por ejemplo, el Acuerdo establece que la Comisión de Garantías debe reunirse con una periodicidad mensual, pero el gobierno sólo la ha convocado 5 veces en 2 años.
La falta de compromiso del gobierno con la implementación de la Política de desmantelamiento de organizaciones criminales y con la provisión de garantías efectivas de seguridad ha motivado también acciones de movilización por parte de los excombatientes. Durante 14 días alrededor de 2.000 excombatientes se movilizaron desde diferentes puntos del país hacia Bogotá, en un acto que denominaron ¨Peregrinación por la Vida y la Paz¨.
El 1º de noviembre cerca 2.000 exguerrilleros desarmados, vestidos de blanco y levantando banderas blancas entraron a Bogotá con el propósito de reclamar del gobierno nacional el cumplimiento de los Acuerdos. Todos siguen firmes con su palabra, condenan la violencia y le apuestan a la paz aún al riesgo de sus propias vidas.
[1] Se evidencia una suerte de esquizofrenia estatal frente a la problemática de los asesinatos contra personas líderes sociales: mientras algunas instituciones reconocen la sistematicidad en los crímenes, otras (y en especial el presidente Duque y su gabinete) la niegan
[2] 45 segundos, octubre 22 de 2020, Indepaz y Gobierno Nacional difieren en cifra de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Disponible en: https://45segundos.com/2020/10/22/indepaz-y-gobierno-nacional-difieren-en-cifra-de-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia/