En Copiapó 26 de agosto en el día Nacional de las Trabajadoras/es Agrícolas de Temporada.

En la sala de Cámara de la Municipalidad de Copiapó se desarrolló el primer Tribunal Ético. Constituyéndose este tribunal en el primero en región organizado por ANAMURI Y RATMURI, en la necesidad de visibilizar la violencia sistemática en el mundo del  trabajo, ejercida principalmente hacia las mujeres. En materia de violencia hacia las mujeres en el trabajo y la violencia en general, el Tribunal introdujo al tema mediante la caracterización de casos, entre los cuales figuran; Violencia de Género; El Modelo de Desarrollo Económico en Copiapó; y la Contaminación de los Territorios.

En esta oportunidad la violencia fue testimoniada por personas que vivieron la catástrofe consecuencia del aluvión que sufrieron los habitantes de Copiapó, y  particularmente las mujeres trabajadoras agrícolas, como resultado del modelo económico de mercado en que el rol del Estado queda en último plano en relación al bienestar social. Asumiendo que estos desastres de origen “natural” no son, ya que, están relacionados con las alteraciones climáticas que se han producido por el efecto de contaminantes y políticas depredadoras que arrasan con la biodiversidad y que además han devastado  los territorios y  han sorprendido a sus habitantes sin las herramientas necesarias para realizar tareas tan simples como la prevención y  la organización comunitaria pos desastre.

A lo largo de los testimonios se confirma una vez más que tanto la empresa y el capital financiero extractivista no respeta a las personas, trabajadoras/es, la naturaleza y la vida. En donde trabajadores y trabajadoras de las empresas mencionadas viven esclavitud que se manifestada en la relación intra laboral y extra laboral. 

En los testimonios se ha podido observar que la violencia se materializa también en  la falta de información en relación a la contaminación del medio ambiente a causa del aluvión y la actividad extractiva, la cual costó vidas humanas y de las que aún se encuentran desaparecidas, de los cuales muchos corresponden a trabajadores/as inmigrantes.

A esta convocatoria además de mujeres trabajadoras agrícolas de temporada de las distintas comunas de la región de Atacama, también estuvieron acompañando durante gran parte de la jornada autoridades como la Seremi Regional de Salud la señora Brunilda Gonzales; la Diputada Yasna Provoste y el Diputado Lautaro Carmona.

Al respecto el Diputado Carmona manifestó: “que un país por más crecimiento que tenga si el trato a sus trabajadores/as, como el que se ha testimoniado aquí, es una ofensa al respeto y dignidad de los seres humanos…” en ese sentido anunció que “en un tiempo próximo debiera ingresar a debate a la cámara de diputados el proyecto de Ley que habla del estatuto del temporero/a, del que espero recoja las cosas a corregir y garantizar…”

El estatuto del Temporero y la Temporera, es una propuesta discutida por organizaciones de la CLOC Chile principalmente  y entregada para la discusión y sanción de los parlamentarios, como una forma de generar mecanismos que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras/es de la agro exportación. En ese sentido esperamos que las organizaciones seamos consultadas para agregar nuevos elementos que sean tomados en función de favorecer las condiciones de trabajo y de vida en el trabajo en cuanto a constituirse en proyecto de Ley.

El jurado del Tribunal Ético estuvo presidido por Florencia Aróstica, ex presidenta de ANAMURI y dirigente regional ATACAMA; Ximena Valdez, reconocida Geógrafa e investigadora y directora de CEDEM; Javier Castillo, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) Copiapó; y el Doctor  Andrei Tcherninchin, presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico.

Por tanto, el veredicto del jurado en el primer caso es que en razón derechos humanos y legislación laboral lo ocurrido en la empresa Atacama, de acuerdo a Ximena Valdés, se cataloga como una nueva forma de esclavitud asalariada en que se precisa:

Que el Estado tiene un rol mediante la dirección del trabajo fiscalizar, vigilar  la vulneración de los derechos y la nula aplicación de la ley.

Que hay un juicio a realizar el 03 de septiembre en donde se sugiere que ANAMURI y la CUT Copiapó respalden a los y trabajadores y trabajadoras en el juicio.

Que se le pida al Diputado Carmona, presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, exponer el caso en dicha comisión y ligado a eso velar por la legislación del Estatuto del Temporero/a para que sea una herramienta que mejoren las condiciones de trabajo de hombre y mujeres de la agro industria.

Que los poderes públicos tienen que hacer planificación territorial, tienen ver donde se localizan los asentamientos humanos, las poblaciones pero también los de la empresa para ver donde están las zonas de riesgo.

De acuerdo al segundo caso el doctor Andrei Tcherninchin plantea lo siguiente:

         “…aquí hay varias responsabilidades: los empresarios, los medios de comunicaciones, las autoridades pasadas y presentes en lo que se refiere a gobierno central y regional; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Salud; CONAMA; Autoridades locales. Ahora lo que se requiere y falta es prevención en cuanto a los lugares de construcción. Los medios de comunicación han ocultado información y junto a la falta de planificación y de fiscalización donde hay presencia de materiales solubles como contaminantes.

          Sabemos que, con concentraciones de arsénico más bajas que las encontradas aquí, una mujer embarazada o un niño pequeño va a tener enfermedades más tarde y eso es necesario prevenir e informar a la población”

En el tercer caso el dirigente de los trabajadores/as CUT Copiapó, Javier Castillo plantea lo siguiente:

“Debe haber una contraloría laboral, ya que, la no presencia de la Seremi del Trabajo en este evento y no haber tenido una opinión cuando ocurrió la tragedia es muy grave,  porque la empresa tuvo todo el espacio y el tiempo del mundo para decir y acomodar a su antojo la información.

No obstante, el Estado tiene la obligación de proteger al más débil que en este caso son los trabajadores y las trabajadoras.

En esta situación me pregunto en dónde está la academia, dónde están las investigaciones de la geografía regional y los recursos naturales que a través de la academia nos aportes elementos hacia el pensamiento crítico de la realidad, en qué momento las Universidades comienzan a hacer investigación sobre cómo está distribuido el territorio y cómo en la región se está generando el ingreso?

Este jurado emitirá un documento en base al veredicto para su posterior divulgación.  

Por último como ANAMURI creemos que este control social en la región tiene que ser insumo para las autoridades, a objeto de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras y trabajadores. Así como debe ser insumo para la ciudadanía para exigir control y fiscalización a las empresas que vulneran los derechos de las personas, tanto en el trabajo como en el territorio que habitan. 

Contra la violencia de las trasnacionales en los territorios 

La clase trabajadora unida Lucha 

No más capitalismo, No más patriarcado

América Unida Sigue en Lucha

Comunicaciones ANAMURI

Publicaciones relacionadas:

Honduras: Posicionamiento del sector campesino, indígena, mujeres y jóvenes rurales el marco del día mundial de las luchas campesinas Chile: ANAMURI saluda a las mujeres trabajadoras y productoras #8M23 “Defendiendo los derechos campesinos”, lanzamiento de la plataforma de las luchas campesinas en movimiento Chile: Organizaciones campesinas logran aprobación de artículos sobre Soberanía Alimentaria en convención constitucional