Chile: Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarollo Rural

En Santiago de Chile, entre el 1 y 2 de Abril de 2009, en la sede de la FAO Representación Regional para América Latina y El Caribe, las Organizaciones Campesinas, de Pescadores Artesanales, de Pueblos Indígenas, de Organizaciones de Trabajadores, Centrales Sindicales y Organizaciones No Gubernamentales, convocados por el Comité Internacional de Planificación de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria- CIP, Región América Latina y El Caribe, nos hemos reunido para realizar un Encuentro de Seguimiento de los Acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural- CIRADR, realizada en Porto Alegre, Brasil, en marzo de 2006 y de la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los derechos y por la vida, realizada en Brasil, abril de 2008.

En Chile, la sistemática aplicación de políticas neoliberales que han llevado al desmantelamiento progresivo y deliberado del sector público agropecuario, pesquero, a la perpetuación de la exclusión y las desigualdades y a la falta de reconocimiento de la auto determinación de los Pueblos Indígenas, la precarización del trabajo y la voluntad del mercado, han creado las condiciones para que la Reforma Agraria sea olvidada, escondida y no forme parte del debate nacional y de las políticas de desarrollo, así como el desarrollo rural se ha limitado a la implementación de proyectos aislados, frenando el accionar de las organizaciones, dando impulso a inversiones públicas y privadas destinadas a la instalación de actividades intensivas de carácter agroindustrial que fortalece el dominio de las transnacionales sobre el territorio nacional.

La apuesta del Estado de Chile se ha centrado en el agro negocio, en la gran industria pesquera, en el uso de la tierra y del territorio para fines forestales, mineros y de especulación financiera, todo ello a costa de la pérdida de derechos de las comunidades que producen alimentos para la existencia de la vida.

La liberalización a ultranza de todos los aspectos de la vida nacional, ha llevado a un tipo de sociedad altamente individualista, excluyente, competitiva y carente de solidaridad, en cuyo seno se gestan procesos de violencia y pobreza que se disfraza bajo el discurso de la modernización nacional.

No obstante estas condiciones, unidos bajo el principio y valor de la soberanía alimentaria y en una sola voz, haciendo posible el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, las Organizaciones de Hombres y Mujeres Campesinas, de la Pesca Artesanal, de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores Temporales y permanentes, de las Centrales Sindicales y de las ONG´s, refuerzan su compromiso para aportar al debate, movilización y cambio de la realidad chilena, detener el desarrollo del modelo económico, restituir a la persona humana como centro de todo desarrollo y restablecer la soberanía de los pueblos, por tanto

LLAMAMOS

Al gobierno de Chile a reformular la política agropecuaria que implementa, y advertimos la absoluta imposibilidad de convertir a Chile en “Potencia Alimentaria y Forestal” bajo los actuales parámetros de desarrollo.

A los organismos internacionales, a los organismos intergubernamentales y al conjunto de organismos del sistema de Naciones Unidas a reforzar su papel en defensa de la vida y no del capital privado y especulativo, puesto que ese y no otro es su mandato histórico y ético. La FAO, en especial, debe continuar con la implementación -en el ámbito de su competencia- de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Reafirmamos nuestro convencimiento en los derechos fundamentales de la humanidad, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de todos los pueblos.  Instamos a usar la herramienta de la cooperación internacional en la solución de problemas globales de carácter económico, social, ambiental, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y todas, sin distinción alguna.

El derecho al trabajo en condiciones justas; el derecho a la seguridad social; el derecho a un nivel de vida digno y al bienestar físico y mental; el derecho al acceso a la educación de calidad y al disfrute de los beneficios de la libertad y la diversidad cultural; a los saberes y conocimientos y el desarrollo científico y tecnológico al servicio de los pueblos, constituyen condiciones insoslayables para el desarrollo de las comunidades rurales.

DECLARAMOS:

• Que la Reforma Agraria en Chile fue el resultado de una larga lucha de las y los campesinos, de las y los trabajadores rurales y del conjunto de una sociedad comprometida con el desarrollo, el cambio y un nuevo orden nacional. Este proceso – aún inconcluso- fue interrumpido por la Dictadura Militar, la que instauró un proceso de contrarreforma agraria. Restituir la Reforma Agraria es una necesidad, una deuda y un imperativo ético del Estado y del Gobierno para con las comunidades campesinas y el mundo rural. Una Reforma Agraria integral, soberana, amparada en el principio de la soberanía alimentaria, dotada de los mecanismos necesarios para su sostenimiento político, financiero, técnico, ambiental y cultural,  es condición insustituible para fundar las bases de un Nuevo Trato entre el Estado y el mundo campesino y rural.
• Las organizaciones de los Pueblos Indígenas reafirmamos el derecho a las tierras, territorios y sus recursos, la protección y uso adecuado de la biodiversidad, el derecho al autogobierno y la libre determinación
• Que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en consecuencia, debe ser respetado, protegido, facilitado y garantizado por los Estados y por la comunidad internacional.
• Que el desarrollo rural debe formar parte integral de un diseño conjunto de políticas de Estado basadas en la soberanía alimentaria y la biodiversidad, que incluyan el expreso reconocimiento de derechos a la tierra, el agua, el mar y el territorio y el ejercicio pleno de los mismos por parte de las comunidades rurales.
• Que el derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable y, como tal, todos y todas deben tener acceso al agua en igualdad de condiciones, físicamente accesible, segura y de calidad para usos personales, domésticos y productivos utilizados para la sustentabilidad de la naturaleza. El agua, en consecuencia, es un patrimonio universal, esencial para la vida, que no debe ser objeto de mercancía y su derecho es inalienable, imprescriptible e inembargable. Por lo anterior, debe recuperar su condición legal de bien nacional de uso público. Para esto, se debe reformar la Constitución, el Código de Aguas y toda norma jurídica relativa a este bien.
• Que la Pesca Artesanal presente en el mundo rural y urbano, es una garantía para el ejercicio de la soberanía alimentaria, para la sustentabilidad de la biodiversidad y riqueza del océano y de las aguas interiores. Dada las características geográficas de nuestro país, este sector constituye un actor relevante en la protección de los derechos a que se refiere esta declaración. Como tal, precisa de políticas públicas orientadas al desarrollo basado en la sustentabilidad, en el co-manejo costero y en el enfoque del manejo basado en derechos.
• Que el mundo de los Trabajadores Silvoagropecuarios, requiere de un sistema de protección jurídico integral de pleno derecho, para los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en ese ámbito, particularmente las y los trabajadores de faenas temporales.
• Que la flexibilización laboral – en cuanto desestructura el sistema de trabajo y del empleo – constituye siempre un retroceso en las conquistas sociales y abre aún más la brecha social en el país, llevando a vastos sectores de trabajadores y trabajadoras a la inseguridad y la angustia.
• Que los Tratados de Libre Comercio constituyen una amenaza para el ejercicio de la soberanía alimentaria, toda vez que forman parte de un modelo socioeconómico y ambiental que vulnera los derechos de las comunidades rurales, especialmente cuando se impide acciones de apoyo directo a los trabajadores/as rurales en sus procesos productivos.
• Que la crisis financiera y económica responde a un tipo de desarrollo basado exclusivamente en el lucro y la especulación. Se trata de una crisis que se traslada desde lo financiero a lo ético y como tal, sus efectos no pueden caer sobre los hombros de los pueblos. Los principales responsables de esta crisis son las corporaciones y compañías transnacionales, las que en complicidad con algunos gobiernos, han puesto al planeta en condiciones de no sustentabilidad. Es imprescindible no sólo reconocer la crisis sino adoptar todas las medidas pertinentes para proteger a la población y los medios locales de producción, resguardando con ello el derecho a la vida.
• Que las tradicionales ferias libres, constituyen mercados locales altamente atractivos y eficientes,  y como tales deben ser preservados y protegidos. De esta forma, la limitación al acceso a las ferias libres, por medio de la licitación es improcedente y pone al descubierto la relación entre el poder económico y las grandes cadenas de distribución y abastecimiento de alimentos.

ACORDAMOS:

1. Ratificar los Acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural- CIRADR 2006 y los tomados en los Encuentros del CIP- 2006 y 2008, con ocasión de las Conferencias de la FAO. Ambos documentos formarán parte integral de esta Declaración.
2. Elevar a la Presidencia de la República una Propuesta, elaborada en el seno de las organizaciones participantes en el Encuentro, para implementar  los Acuerdos de la CIRADR.
3. Continuar las conversaciones con el Gobierno y el Parlamento sobre los 7 Puntos del documento de las Organizaciones Campesinas y con ello retomar el trabajo de las Comisiones. Asimismo, continuar las conversaciones acerca de la demanda de las Organizaciones de Pescadores Artesanales y de los Trabajadores de Temporada y respecto del Acuerdo e implementación del Reconocimiento de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la implementación del Convenio 169 de la OIT.
4. Solicitar a la FAO, que en conjunto con el CIP, desarrolle estrategias, estudios de caso y recomendaciones al Gobierno respecto de Reforma Agraria y desarrollo rural en Chile.
5. Constituir un Consejo sobre Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria y Desarrollo Rural, en el que participen Asalariados Rurales, Campesinos y Campesinas, Pescadores y Pescadoras Artesanales, Pueblos Indígenas, Trabajadores y Trabajadoras Rurales. A este Consejo se invitará, además de los representantes de las Organizaciones, a otras entidades de la sociedad civil, como por ejemplo Ongs, Redes y Universidades.
6. En el marco del Consejo a que se refiere el número anterior, integrar, con las Redes de ONGs preocupadas por el medio ambiente, un Comité Amplio de Estudio y Acción por las consecuencias del Cambio Climático y sus causas y por la lucha contra la desertificación del territorio nacional.
7. Finalmente, acordamos seguir propiciando el respeto a los derechos humanos, derechos colectivos, relativos a las tierras, territorios, la soberanía permanente de los recursos, la seguridad y soberanía  alimentaria, la protección y uso adecuado de la Biodiversidad, la protección de la propiedad intelectual, la participación en todos los asuntos que nos afectan y el derecho a la libre determinación tal como lo establece el artículo 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Unión Nacional de Trabajadores, UNT
Central Autónoma Sindical, CAS
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUCECH
Coordinadora Campesina de Chile, CCCH
Confederación Nacional de la Pesca Artesanal, CONFEPACH
Consejo Nacional de Todas las Tierras
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI
Confederación Nacional Campesina, CNC
Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas TRIUNFO CAMPESINO
Confederación Nacional Campesina y del Agro, CONAGRO
Confederación Nacional Campesina, del Agro y Pueblos Originarios, RANQUIL
Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas, NEHUÉN
Federación Campesina de El Carmen, VIII Región del Bío- Bío
Organización Indígena NEWEN
Organización Indígena LEFTRARU
Organización Indígena NEWENCHE
Organización Indígena CASICAO DE RÍO NEGRO
Asamblea Mapuche de Izquierda
Asociación de Organizaciones de Ferias Libres, ASOF
Plataforma Rural por la Tierra
Instituto Chileno de Permacultura