( Asunción, 15 de Junio de 2015)
Tres años tras la ‘masacre de Curuguaty’, se continúa observando la manifiesta parcialidad y dilatación de la justicia, así como la criminalización de la protesta social en Paraguay. El juicio contra los campesinos, supervivientes de la masacre, está a la vuelta de la esquina.
El pasado, 15 de junio, se cumplió el tercer aniversario de la llamada ‘masacre de Curuguaty’, cuyo proceso judicial se ha visto impregnado de irregularidades y parcialidad. Días antes de que se celebre el juicio contra los campesinos – programado para el 22 de junio tras ser postergado en varias ocasiones, FIAN International, Food First, La Via Campesina (LVC) y Transnational Institute (TNI) manifiestan una vez más su preocupación por la falta de imparcialidad de la justicia paraguaya, así como por la creciente criminalización de las luchas sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos en Paraguay.
Hace tres años, once campesinos y seis policías fallecían durante el desalojo forzoso de una comunidad campesina que ocupaba el predio conocido como ‘Marina Kue’, situado en el distrito de Curuguaty. Como resultado, más de una decena de personas de dicha comunidad se enfrentarán a juicio por varios tipos penales, incluyendo homicidio en grado de tentativa y asociación criminal. Los imputados también están acusados por invasión de inmueble ajeno, a pesar de que la titularidad de las tierras aún debe ser determinada en sede judicial; se trataría de tierras apropiadas irregularmente por latifundistas.
El Estado no ha abierto formalmente una investigación por el asesinato de los campesinos, incumpliendo con su deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables. En este contexto, los campesinos imputados sufren una continua estigmatización social y viven en situación de precariedad, quedando restringidos en su libertad de movimiento y trabajo. Familiares y testigos, también han sido criminalizados,intentando así silenciar la protesta social.
Asimismo, FIAN International, Food First, LVC y TNI remarcan la criminalización de los dos abogados y la abogada de derechos humanos del caso Curuguaty -Vicente Morales, Guillermo Ferreira y María del Carmen Morales Benítez, contra quienes se ha abierto un sumario administrativo sin respetar el debido proceso. Ésta parece ser una tendencia en Paraguay, como demuestra el sumario iniciado en febrero de 2015 contra Julia Cabello Alonso, abogada de derechos humanos representante de la comunidad indígena Sawhoyamaxa y Coordinadora Ejecutiva de la organización no-gubernamental Tierraviva.
Así pues, señalamos que desde la masacre, la agresión contra pueblos indígenas y comunidades campesinas se ha agudizado, otorgando plena impunidad a los diversos actores del agronegocio y de las fuerzas públicas. Dichas actitudes favorecen en su conjunto a la expansión del agronegocio, sin respetar derechos humanos y ambientales vigentes.
Saludando el traslado del juicio de la ciudad de Salto del Guairá, a la capital del país, Asunción, tras haber sido solicitado por la defensa a fin de garantizar la transparencia y accesibilidad para el monitoreo del mismo, las organizaciones y movimientos sociales reiteramos, sin embargo, la necesidad de garantizar un juicio transparente, que respete el debido proceso, y de un trato justo a los imputados, así como de frenar la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Paraguay.
Para más información, consulte el ‘Informe del Caso Marina Kue y la Masacre de Curuguaty’
