Carta Política de la XVI Jornada de Agroecología: ¡Keno Vive!

Nosotros, más de 2.000 campesinos y campesinas, pequeños agricultores y agricultoras, jóvenes, trabajadores  y trabajadoras, educandos y educadores, mujeres, niños, personas mayores, internacionalistas,  militantes, comunicadores y comunicadoras, artistas, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, “quilombolas”, “faxinalenses”,  “ribeirinhos” y “ribeirinhas”, poseros y poseras, investigadores e investigadoras, abogados y abogadas populares y otros defensores y defensoras de derechos humanos de más de 100 movimientos y organizaciones sociales y populares oriundos de todas las regiones de Brasil y 12 países, reunidos en la 16ª Jornada de Agroecología en Lapa, Paraná, entre los días 20 y 23 de septiembre de 2017, construimos con nuestras manos la resistencia y la esperanza.

Denunciamos los desmontes del Estado brasileño, la concentración de la riqueza y la expropiación de nuestras tierras por el latifundio y el agronegocio dominado por los transgénicos, agrotoxicos y sus transnacionales. Anunciamos y defendemos permanentemente un modelo de agricultura agroecológica que construye las bases reales de un proyecto popular y soberano para el pueblo brasileño. La agroecología  es un camino posible de desarrollo nacional, que busca alimentar a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo con comida de verdad y que respeta a nuestra inmensa biodiversidad y cultura.

En esta 16ª Jornada, ¡Keno vive! Asesinado por las milicias de la transnacional Syngenta, en 2007, el compañero Keno cayó luchando, como otros tantos militantes que rememoramos por haber entrado lamentablemente en la historia brasileña de cercas y sangre. La memoria de todos estos compañeros y compañeras mantiene viva la llama de nuestra lucha.

Uno de los elementos que marcan la 16ª Jornada de Agroecología es que se ha cumplido un año del golpe, que representa las más violenta ofensiva a la democracia, a los derechos y a la soberanía brasileña. La crisis capitalista de superproducción, que se arrastra desde 2008, reorganizó las burguesías internacionales y locales con ofensivas imperialistas en América Latina. Se impone la dominación a través de la guerra, de golpes, de espoliaciones de reservas naturales estratégicas, de alimentos y de la biodiversidad para consolidar la división internacional del trabajo que pretende agudizar la dependencia latinoamericana.

En Brasil se articulan la burguesía ruralista y especulativa, sectores del poder judicial y de los grandes medios de comunicación comercial para edificar un proyecto político-económico neoliberal que culminó en la deposición de la presidenta elegida en 2016. Desde entonces, el gobierno ilegítimo  implantó medidas que refuerzan la posición de Brasil como exportador de commodities aliado de la “reprimarización” de la economía nacional. Se invierte en la consolidación del modelo agroexportador brasileño, que exige la importación del paquete tecnológico de maquinarias, insumos, semillas, fertilizantes y agrotoxicos de las grandes empresas transnacionales.

Son incontables los retrocesos sociales, incluyendo la ruptura del pacto representado por la Constitución de 1988, que garantizaba amplios derechos sociales, especialmente con la Enmienda Constitucional 95/2016 que congela las inversiones públicas sociales por 20 años. Se incrementan la concentración de la renta, la super explotación  de los trabajadores y trabajadoras, la explotación de los bienes comunes del pueblo, la retirada de derechos, la violencia y la criminalización a los movimientos sociales, la intensificación de la privatización de la salud, de la educación, de la tierra, de la comunicación e, incluso, de la naturaleza a través de medidas que aquí denunciamos y registramos, tales como:

• La aprobación de la Medida Provisional 759/2016, que desmonta los marcos de regularización de la tierra rural y urbana y refuerza la apropiación indebida y la especulación inmobiliaria;
• El Proyecto de Ley 4059/2012, que posibilita la venta de tierras brasileñas a extranjeros;
• La drástica reducción del presupuesto para titulación de territorios “quilombolas”, para el reconocimiento del territorio de los pueblos y comunidades tradicionales y también para la desapropiación de tierras para reforma agraria. En 2017 el gobierno redujo en casi 64% los recursos en comparación con 2016 (de 551,8 millones de R$ para 201,7 millones de R$);
• El retroceso de las políticas nacionales direccionadas para la producción orgánica familiar o agroecológica, como el Programa Nacional de Adquisición de Alimentos (PAA); el PAA semillas y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), además de la inejecución del II Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO) y del Programa Nacional para Reducción de Agrotoxicos (PRONARA). Este año se destinó el menor volumen presupuestario a los programas y políticas públicas en agroecología desde 2005;
• La reforma de la seguridad social, que afecta más severamente a los trabajadores y trabajadoras rurales. La reforma laboral y la amenaza de un Proyecto de Ley que prácticamente legaliza el trabajo análogo a la esclavitud en el campo (PL 6.442/2016);
• El cierre de escuelas del campo y la imposición de la escuela de pensamiento único y sin partido, además de proyectos que buscan acabar con la educación para la igualdad de género;
• La legalización de la deforestación y de la financerización de la naturaleza y de la biodiversidad brasileña, a través de las modificaciones normativas previstas para flexibilizar la utilización privada de Unidades de Conservación (MPs 756 y 758) y de la licencia medioambiental (PL 3729/2004). El anuncio de la extinción de la RENCA (Reserva Nacional del Cobre y Asociados) en la Amazonia, con el objetivo de atraer inversiones privadas a la minería, causando graves impactos medioambientales en la población local;
• La liberación de la utilización de agrotoxicos cancerígenos que ya están vetados en otros países, por medio de Medida Provisional, a través de la flexibilización del registro de estos agroquímicos ante a ANVISA y autorización de la pulverización aérea en las ciudades (Ley 13. 301/2016);
• Las amenazas de proyectos de ley por parte de la bancada ruralista, como el avance en el Senado del PLC 34/2015, que busca terminar con la obligatoriedad de rotulación de los transgénicos; del PL 827/2015, que cambia la ley de Cultivares para limitar los derechos de los agricultores y agricultoras a producir sus propias semillas y, finalmente, el PL 1117/2015 llamado de “TERMINATOR”, que pretende liberar la comercialización de semillas estériles;
• El aumento de la criminalización de los liderazgos de los movimientos sociales, cuya instauración de la CPI del INCRA/FUNAI fue el ejemplo máximo del constante intento de amedrentar y frenar los defensores que luchan por la tierra en el país;
• La desaparición formal y material de instituciones que promovían la igualdad de género, raza y diversidad sexual. En este sentido, asistimos al aumento continuo de las víctimas por violencia contra las mujeres, negros y LGTB con el intuito de exterminar, a través del miedo y de la muerte, un Brasil diverso e igualitario;
• El recrudecimiento del Estado brasileño en las políticas públicas y de representatividad de mujeres, negros y negras, que forman la mayor parte de la clase trabajadora en este país. La disminución de los espacios de poder ocupados, de la distribución de renta y de viviendas profundizan la división sexual y social del trabajo y la violencia;
• La violencia también se evidencia en el contexto de elevación brutal del número de asesinatos en el campo. En 2017 ya se han contabilizado 65 muertes. En 2016 fue diagnosticado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) el doble de casos de asesinatos de trabajadores rurales con relación a la media de los últimos 10 años – de 2005 a 2015. Con un agravante: aumento de los genocidios como el de Colniza – MT y Pau D’Arco – PA. También se registró el mayor número de conflictos en el campo de los últimos 32 años, con una media de casi 3 registros por día en el país;
• Con relación al sistema de justicia, especialmente el Judiciario, el más antidemocrático de los poderes y que tuvo papel central en la arquitectura del golpe de Estado en 2016, avanza la criminalización de liderazgos y movimientos sociales, y permite la retirada brutal de derechos. En este periodo se destacan la operación Agrofantasma y Castra, que criminalizaron organizaciones, agricultores y militantes de la agroecología;

Reforzamos que estas medidas impactan igualmente en la población de la ciudad, especialmente con las contrarreformas laboral (Ley 13.467/2017), de la seguridad social (PEC 287/2016) y política (PEC 282/2016), además del avance del proceso de privatización de la educación  y de la salud y la desvinculación de las inversiones en estas áreas.

A pesar de este cuadro de retrocesos generalizados en la coyuntura agraria y urbana brasileña, nosotras, guardianas y guardianes de la agrobiodiversidad y constructores de la agroecología, reafirmamos que la Jornada sigue siendo un importante espacio de continuo intercambio de experiencias y de (re)construcción del saber/hacer/sentir campesino. Ante la imposibilidad de diálogo y negociación con el Gobierno Federal y del alineamiento de pautas entre los tres poderes, reafirmamos aún la urgencia en fortalecer la articulación de los movimientos y organizaciones sociales del campo y de la ciudad.

Afirmamos el Plan Popular de Emergencia, con la necesidad de reconstrucción de la democracia y acceso a las políticas públicas en las áreas de la salud, trabajo, educación, cultura, vivienda, combate a la violencia y desigualdad, seguridad social, ocio, crédito y deporte. Para ello, una reforma política y democrática de nuestro sistema político es fundamental, además de la realización de grandes reformas de base esenciales en nuestro país: agraria, urbana, tributaria, de democratización de los medios de comunicación, del judiciario y del sistema de justicia.

Luchamos por la desapropiación de los latifundios, de las áreas con deudas irregulares con la Unión y bancos públicos, de las propiedades rurales cuyos controladores estén condenados por trabajo esclavo, corrupción y desforestación criminal. Por la implantación de un programa nacional para la producción, industrialización y comercialización de alimentos sanos. Por la reestructuración del PAA y del PNAE; por la línea de crédito del BNDES para implantación de agroindustrias de cooperativas llevadas por asentados y agricultores familiares. Por la implantación de la Política Nacional de Reducción del Uso de Agrotoxicos (PNARA) y del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO), con tasación del IPI y del ICMS sobre todos los agrotoxicos. Por la titulación de todas las tierras de comunidades “quilombolas”, demarcación de todas las áreas indígenas y por el reconocimiento de las identidades y de los territorios de comunidades tradicionales. Por la recreación del Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA); por el restablecimiento de la “Ouvidoria Agrária Nacional”; por la transformación de la Compañía Nacional de Suministro (CONAB) en una empresa estatal direccionada a la compra de alimentos de la agricultura familiar y a la adopción de programas públicos para distribución de bienes agrícolas; además de la revocación de la Enmienda Constitucional 95, que congeló las inversiones sociales del Estado Brasileño.

Nos sumamos y fortalecemos las resistencias populares en América Latina, en especial en Venezuela, que sufre ataques continuos del imperialismo hacia al proyecto bolivariano. En nuestro país, pautamos la unidad popular y del campo progresista de la sociedad, en especial, las Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, una vez que sin democracia y sin derechos no hay ni agroecología ni soberanía.

Sembramos permanentemente nuevos valores, nuevos hombres y mujeres y un nuevo proyecto de sociedad y agricultura, con protagonismo de los trabajadores y trabajadoras y con igualdad racial, de género y sexual. Sin feminismo tampoco hay agroecología.

La Agroecología es práctica, ciencia, movimiento, siendo la única salida democrática posible para un proyecto popular soberano y para la superación de la crisis y de la posición de dependencia de Brasil. Es condición para la efectividad de los Derechos Humanos ambientales, culturales, económicos y sociales (en especial los derechos a la tierra y al territorio), a la alimentación sana y al medio ambiente ecológicamente equilibrado y sostenible.

Keno cayó, pero se enraizó. Su semilla germinó, brotó y permaneció dando frutos. Keno está vivo entre nosotros y nosotras, cuya historia inspira fuerza para la construcción de la sociedad que queremos.

¡Rumbo a la 17ª Jornada de Agroecología!

¡Tierra libre, sin transgénicos y agrotoxicos!

Construyendo un Proyecto Popular y Soberano para la Agricultura. Cuidando de la Tierra, Cultivando Biodiversidad y Cosechando Soberanía Alimentaria.

Lapa, Paraná, Brasil, 23 de septiembre de 2017. Plenaria de la 16ª Jornada de Agroecología

Traducido por: Amanda Verrone