Brasil: Nueva masacre en Pará expone la fragilidad del Estado en la resolución de conflictos en el campo
Las masacres ocasionadas por disputas de tierras en todo Brasil se han vuelto cada vez más intensas. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT, en 2016 fueron registrados 61 asesinatos en conflictos, el mayor número desde el inicio del monitoreo por parte de la entidad.
(25 de Mayo de 2017) Diez ocupantes de tierra – una mujer y diez hombres -, fueron asesinados en la mañana de este miércoles (24), en el campamento Nueva Vida, localizado en la Hacienda Santa Lucia, en el municipio de Pau d’Arco, en Pará.La masacre comenzó a ganar repercusión con la divulgación de imágenes de los cuerpos de las víctimas que, según medios de comunicación local, fueron llevados por policías a la morgue del Hospital Municipal de Redenção y después transferidos al Instituto Médico Legal (IML) de Marabá y de Paraupebas.
De acuerdo con informaciones de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT), los trabajadores, cuyas identidades no han sido reveladas, murieron durante el cumplimiento de una acción de toma de posesión expedida por el juez de la Sala Agraria de Redenção, Erichson Alves que, contrariando la Cartilla de la Defensoría Agraria Nacional, determinó que la acción fuera cumplida por policías militares y civiles. En situaciones como estas, las directrices del Tribunal de Justicia determinan que la acción sea realizada por el Batallón de la Policía Militar especializado en resolución de conflictos.
En comunicado de prensa enviado en la tarde de ayer, la coordinadora de la Federación de Trabajadores de Agricultura Familiar del Estado de Pará (FETRAP), Viviane Pereira, dijo que el número de muertos en Pau D’Arco puede aumentar, pues no hay precisión sobre la cantidad de heridos y el estado de salud de los involucrados. Aun según el texto, la masacre en la Hacienda Santa Lucia, en número de víctimas, solo es menor que la Masacre de Eldorado de Carajás, que dejó 21 Sin Tierra muertos en abril de 1996.
También en comunicado de prensa, la Fiscalía Federal de Derechos del Ciudadano (PFDC), del Ministerio Público Federal, informó que, está en contacto con fiscales y promotores locales para auxiliar en las investigaciones. Articulaciones entre la Fiscalía General de Justicia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados de Pará también están en camino).
Histórico
Aun según informaciones de la CPT, en el segundo semestre del año pasado, durante una reunión de la Comisión Nacional de Combate a la Violencia en el Campo, realizada en la sede del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en Marabá, el coordinador del campamento, Ronaldo da Silva Santos, informó que las 150 familias acampadas en el local desde mayo de 2015, deseaban que el inmueble fuera destinado para fines de Reforma Agraria.
Frente a la solicitud, el entonces Superintendente Regional del órgano en Marabá, Claudeck Alves Ferreira, asumió el compromiso de reunirse con el propietario de la hacienda y negociar su expropiación. En la época, participaron de la reunión el entonces Oidor Agrario Nacional y Presidente de la Comisión Nacional de Combate a la Violencia en el Campo, juez de segunda instancia Gercino José da Silva Filho; Aílson Silveira Machado, representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Ciudadanía; representantes regionales del INCRA; representante de la Policía Militar de Marabá; y coordinadores de la (FETRAP – PA).
Escalada de violencia y connivencia del Estado
Para Ayala Ferreira, de la Dirección Nacional del MST, que acompaña los casos de violencia en Pará, el gobierno del estado está nuevamente usando un discurso que criminaliza a lucha por tierra en la región.
“En 1996, cuando sucedió la masacre de Eldorado dos Carajás, la policía habló de confrontación. Ese, por lo demás, es el discurso utilizado en todas las masacres, sea en el campo o en la ciudad. Lo que vale resaltar aquí es que fue una ‘confrontación’ en la que solo murieron acampados. Ningún policía involucrado en la acción fue identificado hasta el momento. La propia Policía Militar desarmó el escenario del conflicto al retirar los cuerpos y cargarlos amontonados en una camioneta hasta Redenção”, concluyó.
Las masacres ocasionadas por disputas de tierra en todo Brasil se han vuelto cada vez más intensas. De acuerdo con la CPT, en 2016 fueron registrados 61 asesinatos en conflictos, el mayor número desde el inicio del monitoreo de la entidad, en 2003. En 2017, el total de muertes llegó a 26, sin contar los casos de ayer.
En abril de este año, nueve trabajadores rurales fueron brutalmente asesinados por un grupo de hombres encapuchados en una masacre en Colniza, en Mato Grosso. Hasta el momento nadie fue preso.
Actos y acciones están siendo construidos en todo el estado para debatir y enfrentar la ola de violencia en el estado paraense.
Con la medida tomada por el gobierno Temer de extinguir la Defensoría Agraria Nacional, entidad que era responsable por prevenir y mediar los conflictos agrarios, la situación tiende a agravarse cada vez más, una vez que el papel de mediación queda a cargo del Estado, que ya probó ser incapaz de garantizar la seguridad de los trabajadores en el campo.
Por Maura Silva
De la Página del MST