La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publicó en un reciente informe datos sobre la violencia en el campo en Brasil, en el período comprendido entre 1985 y 2013. Titulada “Asesinatos y Juicios”, la investigación revela que de los 1.270 casos de homicidios registrados en el país durante ese período, menos del 10% fueron a juicio, con 28 autores intelectuales y 86 ejecutores condenados. Las muertes de 1.680 víctimas, con sólo 108 juicios realizados, demuestran la impunidad del sistema brasilero.
Para el abogado de la CPT en Marabá, José Afonso Batista, en entrevista, los datos atestiguan las falencias de los órganos de justicia cuando se trata de investigar la responsabilidad de los delitos practicados contra las poblaciones campesinas. “Este estado de impunidad estimula la continuidad de la violencia. Quien decide la muerte de alguien (autor intelectual) y quien firma el contrato de la ejecución (pistolero), cuando es beneficiado por la impunidad, continuará pensando que el delito compensa”.
Batista evalúa que la permanencia de la violencia en el campo en Brasil está asociada a algunas causas, entre ellas la concentración de la tierra, la ausencia de una política de reforma agraria y el modelo de desarrollo impuesto para el campo, que acaba privilegiando al agronegocio y marginando a los agricultores familiares, sin tierra, indígenas y comunidades tradicionales. La impunidad de los delitos practicados contra los campesinos y sus líderes y contra el medio ambiente también contribuye a que perdure la violencia.
El informe de la CPT señala que las regiones Norte y Nordeste lideran las estadísticas de violencia en el campo, con 840 y 424 muertes, respectivamente. En el Norte, 33 casos fueron a juicio y, en el Nordeste, 21. Pará es el Estado con mayor número de asesinatos en conflictos de tierra en el país. Fueron 429 casos, con 645 víctimas y sólo 32 condenados. Luego se destaca el Estado de Maranhão, con 128 casos, 138 víctimas y solamente dos ejecutores condenados.
En la región Centro-Oeste, Mato Grosso es el Estado con mayor número de víctimas fatales (119). De los 76 casos registrados, sólo tres fueron a juicio, con la condena de un autor intelectual. La región Sur fue la de menor ocurrencia registrada, con 66 casos, ocho juicios y ocho condenados. En la región Sudeste, se registraron 158 muertes, 34 juicios y 30 condenados. Minas Gerais es el Estado que más juzgó y condenó a los responsables de los homicidios en el campo ocurridos en el país. De los 68 casos registrados (de un total de 89 víctimas fatales), 25 fueron a juicio, lo que representa un índice del 36,7%; 26 personas fueron condenadas.
Entre todos los estados, el contexto de violencia en Pará es el más preocupante. En la investigación de la CPT, el estado responde por el 33,7% de las muertes en conflictos de tierra del país. La región está ubicada en la zona de expansión de la frontera del agronegocio y de los grandes proyectos en dirección a la Amazonia. Batista aclara que el avance de la ganadería extensiva, de los monocultivos, de la explotación maderera y de la minería provoca conflictos con las poblaciones que residen en la región desde hace décadas y siglos (indígenas, propietarios, ribereños), resultando en violencia contra esos pueblos. Por otro lado, para viabilizar esos emprendimientos, el gobierno ha invertido en grandes obras de infraestructura y generación de energía, también con impactos violentos. Ese conjunto de grandes obras, asociado a una propaganda de generación de empleos, ha atraído a miles de familias cada año a los alrededores de los proyectos. “La mayoría absoluta de esos migrantes no encuentra el empleo prometido, sin alternativas, acaba ingresando en un movimiento de ocupación de propiedades rurales o urbanas. En ese proceso, muchos acaban siendo víctimas de variadas formas de violencia. El contexto convierte al Estado de Pará en el primero en violaciones de derechos humanos en el campo”, señala Batista.
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2006 del Instituto Brasilero de Estadística (IBGE), Brasil todavía presenta una estructura agraria concentrada. Se identificaron 4.367.902 establecimientos de agricultores familiares, lo que representa el 84,4% de los establecimientos brasileros. Este contingente de agricultores familiares ocupa un área de 80,25 millones de hectáreas, o sea, el 24,3% del área ocupada por los establecimientos agropecuarios brasileros. Los establecimientos no familiares, a pesar de representar el 15,6% del total de los establecimientos, abarcan el 75,7% del área ocupada. El área promedio de los establecimientos familiares es de 18,37 hectáreas, y la de los no familiares, de 309,18 hectáreas.
atista señala como medidas para atenuar el actual cuadro de violencia en el campo: reconfigurar la estructura agraria brasilera a través de políticas de democratización del acceso a la tierra; priorizar inversiones en la agricultura familiar, demarcar las tierras indígenas, de ribereños y quilombolas; ampliar y fiscalizar las áreas de preservación ambiental y unidades de conservación y alterar el actual modelo de desarrollo rural centrado en la gran propiedad y en el agronegocio. “Más que actuar en la represión de todos los delitos, investigando y condenando a todos los involucrados, es preciso enfrentar las causas que generan la violencia”, concluye el abogado.
Fuente: CPT
