Brasil es del pueblo brasileño, la extranjerización de tierras debe ser combatida en dialogo con la sociedad
La furia del gobierno de Michel Temer en atraer capital extranjero para Brasil, con el objetivo de garantizar la acumulación de sus agentes financieros, parece no tener límites.
(23 de Febrero de 2017) La furia del gobierno de Michel Temer en atraer capital extranjero para Brasil, con el objetivo de garantizar la acumulación de sus agentes financieros, parece no tener límites. Después de acabar con cualquier posibilidad de avance social a través de la PEC 241/55[1] y de rifar los derechos de los trabajadores a través de las propuestas de la Reforma de la Seguridad Social y Laboral, el equipo ministerial actualmente en ejercicio se empeña en deconstruir toda perspectiva de soberanía nacional. Empezando por la entrega del pre-sal, propuesta por el ex-senador, actual Ministro de Relaciones Exteriores, José Serra (PSDB-SP). Ahora quieren permitir la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, algo que, en conformidad con la legislación brasileña, debe limitarse a 3 módulos fiscales, categoría que varía de un municipio a otro. La alerta sobre el tema ya había sido anunciado por el presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (Abra), Gerson Teixeira, que publicó el día 09 de enero en la página del MST un artículo titulado: “El Golpe y la Reforma Agraria en 2016”.
En este estudio, Teixeira aborda una serie de medidas implantadas por el nuevo gobierno que objetivan desarticular las políticas dirigidas a la población campesina y a sus organizaciones, acariciando así la bancada ruralista y el agronegocio.
Entre estas políticas están; la extinción del Ministerio del Desarrollo Agrario justo en los primeros días de gobierno; el congelamiento del repase de los recursos destinados a las familias asentadas; y la modificación de la Medida Provisional 759, que determina el pago en dinero por la compra de tierras realizada por los latifundistas para fines de Reforma Agraria que, anteriormente, eran realizados a través de los Títulos de la Deuda. Sin embargo, “lo más grave aún estaría por venir”, pues el artículo también ya alertaba sobre el acuerdo realizado entre el gobierno de Michel Temer y la bancada ruralista para acelerar el proyecto de venta de tierras a ciudadanos extranjeros.
Para Alexandre Conceição, miembro de la Dirección Nacional del MST, la medida hiere de muerte la soberanía del país y coloca a Brasil en una situación de peligro. “El golpe está poniendo el país en riesgo. Por lo tanto es el momento de llamar a la sociedad, a la academia, a los estudiantes y a las Fuerzas Armadas para que podamos discutir la soberanía de nuestro país. Este gobierno no puede, a través de un golpe, entregar nuestro territorio, nuestra soberanía”, afirma.
Y fue justamente la defensa de la soberanía nacional lo que hizo que algunos militares, incluyendo miembros del Ministerio de Defensa, reaccionasen duramente ante la publicación en prensa del contenido de una Medida Provisional (MP) elaborada por la Abogacía General de la Unión, a petición del Ministro-Jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha. La Medida autorizaba, a través de decreto, al Presidente de la República a establecer “límites cuantitativos globales” para la compra de tierras brasileñas por ciudadanos o empresas extranjeras.
Después de la repercusión de la MP y de la fuerte presión por parte de las Fuerzas Armadas, el gobierno retrocedió y decidió suspender el envío de la MP al Congreso. O sea, el gobierno también tiene sus contradicciones y así mismo ya es conocido que incluso ni los militares podrán frenar su proyecto entreguista. La intención de Temer ahora es transformar la MP en un Proyecto de Ley (PL). Según las informaciones del periódico “Brasil de Fato”, el gobierno quiere votar esta PL inmediatamente después de los carnavales.
“Quieren devolver Brasil al mapa del hambre, pero no vamos a permitir”
Además de la pérdida de la soberanía nacional, la aprobación de una propuesta como esta, según el MST, representa un grave riesgo de la soberanía alimentaria del pueblo brasileño. “Hoy los asentados y asentadas de la Reforma Agraria, junto con la agricultura familiar, producen 70% de todo el alimento que va a la mesa del pueblo brasileño. Y con el avance de esta propuesta, estaríamos adentrándonos en un abismo inmenso en lo que se refiere a esta materia, que puede hacer que Brasil, en algunos años, se enfrente otra vez al hambre por no conseguir producir el propio alimento”, afirma Alexandre.
“¿Para qué quieren los extranjeros tierras en Brasil?” Para plantar eucalipto, para aumentar la plantación de soja y para ampliar la producción de celulosa y caña-de-azúcar. Esto no nos alimenta. Y esa medida camina en el sentido de reducir la producción de alimentos y, en cambio, ampliar la producción de “commodities”. De ser así, vendrán los extranjeros, invadirán nuestras tierras, destruirán nuestro medio ambiente, no producirán alimentos, no generarán empleo y en seguida se marcharán con todo el lucro”, completa.
Conforme avanza el proyecto entreguista del gobierno de Michel Temer, que hoy disfruta solamente del 10% de aprobación, también avanza la unidad entre las fuerzas populares alrededor de la resistencia organizada. “Tenemos que combatir este gobierno, que es un gobierno golpista. Y vamos a combatir esta medida dialogando con la sociedad, con todos los sectores, para que podamos hacer un gran debate, un gran equipo de resistencia”, afirma Conceição.
“Para nosotras, Sin Tierra, la misión ya está dada: antes de que el gobierno divulgue las convocatorias para la venta de tierras a los extranjeros, las familias Sin Tierra ya estarán acampadas. Porque antes de que lleguen los invasores, estas tierras deberán estar con su verdadero dueño, que es el pueblo brasileño”, concluyó.
Por Leonardo Fernandes – De la Página del MST
*Editado por Iris Pacheco
**Traducido por Amanda Verrone
[1] Propuesta de Enmienda Constitucional 241/55. Pretende limitar, según la variación de la inflación, la expansión de los gastos primarios de los Presupuestos Fiscal y de la Seguridad Social de la Unión durante los próximos veinte años. Resumidamente, se trata de un “congelamiento” de los gastos públicos para tornar efectivos los derechos sociales (como la salud y la educación). La Propuesta refleja la ruptura del acuerdo político establecido en la transición democrática, a través de la Constitución Federal brasileña de 1988, y apunta a real intención de favorecer el capital rentista.