Brasil: Declaración del Grupo Carta de Belén ante la COP20 en Lima

El Grupo Carta de Belén* está formado por movimientos y organizaciones socio-ambientales, de la agricultura familiar y campesina, pueblos y comunidades tradicionales, organizaciones de mujeres, sindicales y estudiantiles, que comparten la lucha contra la deforestación y por la justicia ambiental en Brasil. Desde su creación, en 2009, buscamos acompañar e incidir en la posición del gobierno brasilero en las negociaciones climáticas internacionales y en sus implicancias en el ámbito doméstico.

Nuestras motivaciones comunes son el firme rechazo a los mecanismos de mercantilización y de financiarización de la naturaleza y las soluciones mediadas por el mercado para la crisis climática, sobre todo, en función de los impactos de estos mecanismos sobre los territorios, las poblaciones locales y los trabajadores/as, con la consecuente violación de los derechos sociales y territoriales. Basados en estos principios, venimos a manifestar nuestra posición sobre las negociaciones de la COP20. 

En el proceso de negociación del acuerdo climático que entrará en vigor a partir de 2020, existe una fuerte presión para equiparar las responsabilidades de todos los países, especialmente de las economías emergentes del sur con los países desarrollados. A pesar de que el aumento en la contribución de las emisiones de países como Brasil, a lo largo de los últimos años, requiera la necesidad urgente de discutir sus modelos de desarrollo, apoyamos la posición sobre la centralidad del principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y sus respectivas capacidades (RCDRC). El uso sistemático de combustibles fósiles, la principal acción antrópica que generó los actuales cambios climáticos, se remonta al inicio de la era industrial. En el balance de las responsabilidades históricas, los compromisos de los países deben ser estimados teniendo en cuenta tanto el pasado, como el presente.

Las propuestas basadas en ‘presupuestos de carbono’ (carbon budgets), que atribuyen los límites de emisiones en cada escenario y distribuyen las posibles reducciones de emisiones según las mejores oportunidades e intereses sectoriales (transporte, agricultura, selvas, construcciones sustentables, etc) no orientar los debates. Consideramos relevante la propuesta brasilera de la utilización de una metodología para la estimación de la contribución histórica de cada país por medio de una diferenciación concéntrica.

Entendemos que esa es una cuestión de fondo. Los países que más contribuyeron con las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), listados en el Anexo I del Protocolo de Kyoto, no cumplieron con los compromisos de reducción de emisiones. No obstante, siguen buscando formas de transferir sus obligaciones a los países y territorios del Sur, por medio de mecanismos de compensación (offset) e implementación de mercados de carbono, que buscan condicionar el aporte de recursos a la medición, al relato y a la verificación de resultados (MVR). Estas dinámicas invierten las responsabilidades históricas, condicionando modos de vida y creando nuevas deudas e injusticias ambientales. En el actual rumbo de las negociaciones de ADP (Plataforma de Durban para una acción fortalecida) nos preocupa el esfuerzo sistemático por la posibilidad de la conciliación de la integridad socio ambiental con los mecanismos de mercado, incluso con la introducción de nuevos mecanismos, como condición para el avance de un acuerdo significativo entre los países para combatir el cambio climático. De igual modo, las discusiones sobre las ‘acciones anticipadas’ (early action), buenas prácticas e iniciativas locales y sub-nacionales y de promoción del aumento de los ‘niveles de ambición’ en el período interino 2015-2020 (raising pre 2020 ambition), cuando el nuevo acuerdo aún no estará en pleno vigor, están señalando la posible contabilidad de créditos referentes a las políticas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitadas (REDD), como por ejemplo el caso del Estado de Acre (que creó una legislación estadual que prevé la oferta de créditos de REDD para el mercado de California).

En el paquete de decisiones sobre REDD adoptado en la COP19 en Varsovia, no hay posibilidad de contabilizar créditos de REDD para fines de compensación (offset) hasta 2020. Reafirmamos nuestra posición contraria a la introducción de las selvas en los mercados de carbono. Defendemos también, que en el nuevo acuerdo este rechazo sea mantenido integralmente, rechazando cualquier intento de introducir las selvas en mecanismos de pago por reducciones que generen créditos de compensación. Reforzamos la necesidad de garantizar y ampliar los enfoques de no mercado (Non-marked based approaches).

Igualmente, rechazamos la así llamada Agricultura Climáticamente Inteligente (Climate Smart Agriculture), que fortalece el modelo agrícola actual – altamente dependiente de las energías fósiles, OGMs, agro-tóxicos y grandes maquinarias – que históricamente fue responsable por gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, que provoca la sustitución del uso de la tierra de la producción de alimentos para agro-combustibles y otras commodities verdes. Este esfuerzo para incluir el potencial de la mitigación del sector agrícola, a través del enfoque de paisaje (landscape approach), en las negociaciones climáticas es también percibido por medio de la inserción de nuevas actividades, como la integración agro-silvo-pastoril en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Pensar impactos de las medidas del clima en la economía no es suficiente, es necesario priorizar la reflexión sobre los impactos de estas medidas en los derechos. Entendemos que el clima no es un fin último en la discusión, sino el medio para señalar las consecuencias de las formas actuales de producción y consumo, que sostienen las desigualdades y deudas ecológicas históricas, que no serán solucionadas sólo por la disminución y el control de la temperatura en la Tierra. Entendemos que la solución vendrá, sólo, en base a mecanismos de transición justa, que no repitan o refuercen las mismas formas de producción y consumo que llevaron y llevan al calentamiento global y a la pérdida de biodiversidad.

*El Grupo Carta de Belén está formado por Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal/ABEEF, Amigos da Terra Brasil, Conselho Indigenista Missionário/CIMI, Central Única dos Trabalhadores/CUT, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional/FASE, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar/FETRAF, Fórum da Amazônia Oriental/FAOR, Fórum Mudanças Climáticas Justiça Social/FMCJS, Instituto de Estudos Socioeconômicos/INESC, Terra de Direitos, Movimento de Mulheres Camponesas/MMC, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST, Movimento dos Pequenos Agricultores/MPA, Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais e Via Campesina Brasil.