Argentina: La inacción de la justicia pone en riesgo la vida y los derechos campesinos en Mendoza

Tras meses de Inacción de la Justicia, la Comunidad Campesina de Jocolí Norte, parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST-MNCI), retiraron del campo comunitario 3 casillas y sus matones hasta la ruta 40 donde hicieron entrega a la Policía.

Así todo, fueron las familias campesinas organizados las que tuvieron que actuar, amparados en el artículo 2.470 del Código Civil, que autoriza la legitima acción de defensa de la posesión en casos en los cuales la justicia no llega.Después de más de 8 meses en los cuales la Comunidad Campesina de Jocolí Norte viene denunciando la turbación de la posesión de su campo comunitario, con acciones clandestinas y violentas por parte de Estaban Rivas, ex sub comisario, que trabaja para la empresa TEXONE. (Art. 2468 y 2469 Código Civil)

En noviembre del 2013, luego de meses de amenazas y engaños, Rivas introdujo dos casillas, de manera clandestina, destruyendo alambrados, de noche. Amenazando a los vecinos, haciéndose pasar por policía en actividad en algunas ocasiones y por oficial de justicia en otras. Muchas veces actuaron policías “extraoficialmente” para amparar sus acciones. Existen mas de 20 denuncias de la comunidad sobre estos abusos, todas en manos de Fernando Giunta de la Oficina Fiscal 11. 

Momentos de tensión cuando la policía intentaba llevar detenidos a los campesinos

Además, agentes de policía balearon animales de los campesinos y realizaron tiros al aire cerca de uno de los ranchos, y luego de radicar denuncias que no caminaron, se realizó una movilización y escrache a la Oficina Fiscal de Lavalle, a cargo del Ayudante de Fiscal Panelli.

Si embargo la Justicia nunca actuó, dejó hacer a los empresarios y sus matones. El Código Penal contempla cárcel de 6 meses a 3 años a aquellos que turben la posesión de manera violenta, clandestina, o con engaños. Rivas cumple todas las formas de violentarla. Ni siquiera fue imputado.

El jueves en la madrugada Rivas introdujo una tercer casilla de la empresa Manuel Viciana e Hijos, con el mismo mecanismo anterior: en la clandestinidad, por la noche. Miembros de la comunidad realizaron la denuncia en la Oficina Fiscal de Lavalle y solicitaron que sean retiradas las casillas, sin embargo el ayudante fiscal, Panelli, expresó que la justicia no iba a actuar y negó la posibilidad de denunciar el hecho como un delito.

Ante la inacción de la Justicia la comunidad organizada decidió actuar: sacó hasta la Ruta 40 por la mañana y a plena luz del día las tres casillas. Sin provocar daños, además los custodios no ofrecieron resistencia y se retiraron por propia voluntad.

Fue eso lo que despertó el accionar policial y judicial. Junto a Rivas, llegaron los abogados de la empresa y ahora si la policía. El ayudante de la Oficina Fiscal de Lavalle, Panelli, llegó amenazando a los campesinos y campesinas e intentando llevar detenidos a algunos. Las familias organizadas en un cordón humano se resistieron.

Panelli dio orden de retener el tractor de la comunidad con el que se movieron las casillas. Luego llegó Gabriela Chávez, fiscal subrogante de la Fiscalía 7 de Las Heras y Lavalle, quien también desconoce, al parecer, los derechos posesorios establecidos en el Código Civil, porque acusa de usurpación a quienes son poseedores por segunda generación.

A pesar de la intervención de funcionarios nacionales y provinciales en defensa de los derechos campesinos, la Fiscal ordenó, no solo el debido secuestro de las casillas del empresario usurpador, sino que también el secuestro del tractor de la comunidad, pero a su vez la identificación forzosa de los campesinos de la comunidad y otros dirigentes del Movimiento que se acercaron al lugar, con la intensión, según expresó la fiscal, de imputarlos por usurpación y otros delitos. Como si se tratara de dar algo a los campesinos y algo a los empresarios …

Una vez más “La Justicia” mide con doble vara: a los pobres se los imputa de inmediato, a los empresarios y sus matones nunca.

Denunciamos la doble moral de la justicia y hacemos responsables a los funcionarios judiciales por la seguridad de nuestros compañeros y compañeras.

La experiencia nos vuelve a demostrar que la organización y la defensa activa y de la tierra y el territorio es la única salida para los campesinos indígenas.

¡Ni un paso más!¡La tierra es nuestra!Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Vía Campesina

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