Ante la criminalización de los movimientos LVC y FIAN hacen una intervención ante el Relator por el Derecho a la Reunión Pacífica y Asociación

Intervención Oral de FIAN Internacional al Informe del Relator Sobre Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación – Ítem 3 – 32ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos

(Ginebra, 17 de Junio de 2016) Sandra Moreno, miembro del SOC-SAT/ECVC leyó el pasado viernes 17 de junio una intervención realizada conjuntamente entre La Via Campesina y FIAN en el marco de la presentación del Informe del Relator del Derecho a la Reunión Pacífica y Asociación, Maina Kiai, dentro de la 32 sesión del Consejo de Derechos Humanos. Frente a la creciente criminalización de nuestro movimiento, tanto en el norte como en sur global, presentamos esta declaración para que sea tenida en cuenta por el Relator y repercuta ante los respectivos gobiernos de España y Brasil. Andrés Bódalo cumplira el próximo 30 de junio 3 meses en prisión. Nuestras compañeras y compañeros del MST están sufriendo las políticas de represión que está imponiendo el nuevo gobierno. Frente a la injusticia, nos movilizamos y globalizamos nuestra lucha en todas las instancias de la gobernanza mundial. 

 

Intervención Oral de FIAN Internacional al Informe del Relator Sobre Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación – Ítem 3 – 32ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos

Señor presidente, miembros del Consejo:

FIAN está muy preocupada por el impacto negativo que la criminalización de defensores y defensoras de derechos campesinos tiene en el derecho a la reunión pacífica y la asociación, en el norte como en el sur global. Presentamos dos casos: 

El primero, es el del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores (SAT). A pesar de su acción pacífica por la dignificación de las condiciones laborales en el campo, ellas y ellos han sido criminalizados mediante sanciones que acallan su reclamo. La situación ha llevado a 16 personas a la huelga de hambre durante 27 días. 

Resaltamos el encarcelamiento de Andrés Bódalo, quien está en prisión desde el 30 de marzo por el supuesto delito de atentado contra el Concejal del Ayuntamiento, durante una protesta pacífica a favor de la realización de los derechos laborales para jornaleros/as y trabajadores/as rurales (2012). Consideramos que esta judicialización incumple los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El SAT reclama la inmediata concesión del indulto de este defensor y el respeto de las libertades de expresión y de reunión de todas y todos sus miembros. 

El segundo caso es el de la grave persecución que está sufriendo el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, estado de Goiás. Tememos que siente un patrón de criminalización que afecte la libertad de reunión pacífica y asociación en todo el país. Según las denuncias, mientras el judicial criminaliza, el ejecutivo cierra instancias de diálogo y establece un estado policial represivo en detrimento de los derechos a la reunión pacífica y la asociación. 

Según las informaciones recibidas, el 14 de abril jueces de las comarcas de Santa Helena, Mineiros y Rio Verde, decretaron la prisión preventiva de cuatro militantes del MST alegando que hacen parte de una organización criminal. Es la primera vez que el MST es criminalizado con base en una ley[1] que se creó para hacer frente al lavado de dinero y al narcotráfico. Según el MST, la aplicación de esta ley presupone que este movimiento,- que fue creado para trabajar por la reforma agraria en Brasil-,  tiene como propósito cometer crímenes. 

Llamamos la atención sobre los casos de Luiz Borges y Valdir Misnerovicz, a quienes se les impide continuar con su labor, asociados por una sociedad más igualitaria.

[1] Ley 12.850/2013

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