Articulo publicado en el numero 24 de la revista Etxalde

La Comisión Europea iniciará en breve el proceso para la reforma de la PAC a partir de 2020. Entre enero y febrero se definirá la estrategia de consulta. Dicha consulta se prevé realizar para abril de 2017 y su resultado se presentará en un evento público durante el verano de 2017. El proceso continuará con la comunicación sobre la futura PAC en otoño y la propuesta legislativa se realizará entre diciembre de 2017 y enero de 2018. El año 2018 se realizará el trabajo de codecisión sobre la PAC.

La Coordinadora Europea de la Vía Campesina (ECVC) ha hecho pública su posición sobre la PAC 2020. Para incluir sus propuestas en dicha PAC la ECVC establecerá un programa de reuniones con las principales instituciones europeas.

Prácticas abusivas en la cadena alimentaria

Hasta la fecha, la UE ha propuesto iniciativas voluntarias para evitar las prácticas comerciales desleales y abusivas por parte de la industria y la distribución respecto a la parte productora y consumidora. Para la ECVC es indispensable poner en marcha nuevas normas a nivel de la UE para afrontar dichas prácticas abusivas y establecer sistemas de cumplimiento eficaces en los Estados miembros. En este sentido, ha habido un cambio de postura por parte de la Comisión Europea y el propio Comisario de Agricultura ha reconocido la necesidad de una regulación en sus últimas declaraciones.

Debe haber una regulación y un enfoque jurídico único para toda la Unión Europea que prohíba determinadas prácticas abusivas (precios por debajo de costes de producción, venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…), que sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales y garantice la igualdad de condiciones en la Unión Europea, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus particularidades.

Apoyarse únicamente en un sistema voluntario para afrontar las prácticas comerciales desleales, como ocurre actualmente, es insuficiente e ineficaz: no facilita a los campesinos poder presentar sus quejas de manera anónima lo que conlleva la posibilidad de recibir represalias por parte de la industria. La falta de aplicación de la normativa mediante una tercera autoridad independiente que imponga sanciones en caso de que se incumplan los códigos de buenas prácticas es el principal punto débil de cualquier sistema voluntario.

Las prácticas comerciales abusivas deben ser eliminadas porque generan costes innecesarios, suponen un ataque a la rentabilidad de las explotaciones campesinas, no aportan ventajas al consumidor y suponen costes para los operadores. Además, son competencia desleal para los operadores que no las realizan.

En este sentido, la ECVC reclama la toma de acciones inmediatas para mejorar las rentas de los campesinos y su posición en la cadena alimentaria. Ya es hora de actuar, no sólo analizar. La situación de los agricultores y agricultoras es muy grave y se han de poner soluciones en marcha. El funcionamiento de la cadena agroalimentaria debe analizarse desde un marco global, marcado por la liberalización comercial y la pérdida de elementos regulatorios y de sostenimiento de los mercados campesinos. Luchar contra las malas prácticas no es suficiente para asegurar un futuro sostenible. Es por ello que el documento de análisis planteado por la Comisión Europea resulta insuficiente y alejado de las causas que provocan la crisis para los campesinos y campesinas. La gestión de los mercados y sus repetidas crisis de precios, así como la garantía de rentas no pasa por la privatizacion de las ayudas a través de los seguros, sino por políticas de regulación de mercados públicas.

Regulación omnibus de las cuentas europeas

En paralelo a la reforma de la PAC, La Comisión Europea ha iniciado en octubre un proceso (denominado proceso ómnibus) de regulación de sus cuentas para las diferentes políticas de la UE, incluida la política agraria. Se prevé que este proceso de regulación de las cuentas comunitarias concluirá en otoño de 2017 y estos son algunos de los principales cambios propuestos para las 4 regulaciones la PAC:

Para el Reglamento de Desarrollo Rural: nuevos instrumentos financieros que permiten préstamos subvencionados desde el sector bancario; introducción de una herramienta de estabilización de ingresos (agrícola) específicos del sector (no hay todavía detalles porqué habrá debate con los Estados miembros sobre esta cuestión); Proyectos de inversión en relación con la crisis de refugiados (fondos diferentes como el Social, Regional y Agricultura se pueden coordinar para que por ejemplo habrá mejor conexión con la crisis de los refugiados; será posible trabajar con los refugiados en las zonas rurales).

Reglamento de Pago directo: mayor apoyo a los jóvenes agricultores; la figura del «agricultor activo» será definida por el Estado miembro a partir de 2018 y podrán decidir si deben o no aplicar las reglas del «agricultor activo»; en tiempos de crisis de mercado, los Estados miembros podrán decidir «disociar» el apoyo voluntario asociado, ya hecho para 2017 para el sector lácteo por un reglamento de aplicación de la Comisión.

Para la regulación de la OCM: apoyo a las organizaciones de productores (OP) de frutas y hortalizas (posibilidad de aumentarla sin presentar una propuesta a la Comisión; financiación de «coaching» a otras OP).

Para la regulación Horizontal: casos de recuperación de pagos indebidos (cuyas consecuencias serán sufragadas por el Estado miembro interesado a nivel de 100% de los recursos presupuestarios en vez de 50% actualmente) y la gestión de la disciplina financiera.

En opinión de la ECVC este proceso Onmibus corre el riesgo de ser un proceso de reforma encubierta y sin debate real.

Debe haber una regulación y un enfoque jurídico único para toda la Unión Europea que prohíba determinadas prácticas abusivas: precios por debajo de costes de producción, venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…

El documento de análisis planteado por la Comisión Europea resulta insuficiente y alejado de las causas que provocan la crisis para los campesinos y campesinas.

La agricultura y la Política Alimentaria, al servicio de las personas

La ECVC reclama otra PAC, basada en los derechos humanos y que haga frente a las necesidades actuales de las personas, así como para las próximas generaciones. Para ello plantea 13 puntos clave para cambiar la PAC:

• El objetivo principal de la PAC es de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos europeos, al desarrollar la soberanía alimentaria en todo el territorio.

• Numerosos campesinos y campesinas presentes en todos los territorios europeos asegurarán la producción de alimentos en cantidad y calidad.

• Todos los productores deben y tienen la oportunidad de participar en el proceso hacia una producción más sana y respetuosa del medio ambiente y el apoyo público debería permitir esta transición para todos.

• Para garantizar una gestión sostenible de su oficio, las productoras y productores tienen derecho a un ingreso digno, basado principalmente en precios justos (que permita vivir sin asistencia a una mayoría de explotaciones, aparte de las necesidades en materia de inversión exterior y de transición).

• Los instrumentos de regulación pública del mercado y producción, como las cuotas u otros, deben ser utilizados de manera pragmática para ajustar la oferta y la demanda.

• Los tratados de supuesto «libre comercio» ya firmados deben ser revisados. Se deben suspender los tratados de libre comercio en proceso de ratificación y negociación.

• Promover el desarrollo de mercados locales y regionales fuertes, abiertos a todos los productores, así como la adopción de normas adaptadas para pequeños volúmenes y poco personal. Promover el abastecimiento local de los comedores públicos y cantinas colectivas.

• Herramientas de seguros mutuos para todos los productores. Estos deben ser capaces de cubrir los riesgos relacionados al clima o sanitarios.

• El apoyo público debe ser dedicado a bienes públicos: el empleo, el mantenimiento de la agricultura familiar y en las zonas desfavorecidas, la instalación de nuevos agricultores, una alimentación de calidad, la protección de la biodiversidad, el agua, el clima.

• La UE debe desarrollar una política activa de instalación de agricultoras y ganaderos y criadoras para la renovación generacional y la vitalidad de las zonas rurales.

• El apoyo público está condicionado al respeto de los derechos humanos, el medio ambiente, el bienestar de los animales. La condicionalidad social de las ayudas debe basarse en el respeto de los derechos laborales y sociales de los trabajadores rurales asalariados, ingresos dignos y la no-discriminación de los trabajadores migratorios temporales y sus familias. No hay apoyo para la agricultura industrial.

• Incrementar el rol de los ciudadanos en las políticas agrícolas y alimentarias, a nivel local (como consejos locales de alimentos), nacional y europeo.

• La innovación debe ser entendida y dirigida en cuanto un proceso clave para el mantenimiento de la pequeña agricultura y la agricultura familiar, y para construir un modelo de producción agrícola y alimentaria, socialmente justo, sostenible y sano. Por lo tanto, los fondos de investigación deben orientarse hacia estos modelos de innovación para la agricultura familiar y de pequeña escala.

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