(6 de Julio de 2016) Al mediodía del pasado 4 de julio se dió por concluida la etapa de los alegatos finales de las partes en el juicio oral y público que se le sigue a 11 campesinas y campesinos sin tierra acusados injustamente por la masacre de Curuguaty.
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012 en el distrito de Curuguaty, particularmente en Marinakue, tierras pertenecientes al Estado paraguayo que estaban siendo tramitadas por una comisión vecinal ante el ente estatal encargado de la Reforma Agraria, el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). En esa oportunidad una comitiva fiscal y policial, de la que participaron más de 240 oficiales de distintas agrupaciones, todos armados, como se probó en juicio, ingresó a la ocupación con una orden de allanamiento totalmente irregular, ya que se pretendía un desalojo a favor de la empresa Campos Morombí, que usurpa esas tierras fiscales consistentes en aproximadamente 2.000 hectáreas.
En ese marco, se desató una balacera que concluyó con la muerte de 6 oficiales de policías y 9 campesinos ese día del viernes 15 de junio; al día siguiente, aparecieron dos cuerpos más de campesinos con evidentes señales de que habían sido ejecutados. El Ministerio Público, como órgano acusador, desde un principio investigó solamente la muerte de los 6 policías, y acusó a los campesinos por homicidio doloso en grado de tentativa–que terminó siendo homicidio doloso consumado en dos casos particulares–, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Hay que recordar que este acontecimiento fatal dio pie al juicio político que puso fin al gobierno de Fernando Lugo.
Los alegatos finales de los fiscales intervinientes en el caso se basaron en imprecisiones, divagaciones, generalidades de contenido ideológico y hasta se dieron el gusto de invertir la teoría de su acusación inicial arbitrariamente, debido a la falta de consistencia y fundamentos lógicos, probatorios y jurídicos, elementos necesarios para sostener la acusación contra una persona que corre el riesgo de perder un bien jurídico tutelable entre los prioritarios como lo es la libertad. Aún así, la representación fiscal pidió penas carcelarias que van de 5 a 40 años para los procesados.
Al finalizar sus alegatos los defensores de los 11 campesinos, solicitaron la absolución de pena y culpa de todos sus defendidos por no haber existido elementos probatorios suficientes ni descripción de la conducta reprochable que pueda ser atribuida a ninguno de ellos.
Las campesinas y campesinos que sufren este proceso irregular dieron unas palabras hoy en la audiencia y pidieron su libertad por llevar más de 4 años encerrados injustamente y por ser inocentes.
Mientras tanto, en frente al Palacio de Justicia, un grupo de cinco mujeres –entre las que se encuentran tres madres de cuatro de los procesados– se encadenaron como medida de protesta y se mantendrán en esa situación hasta la deliberación del tribunal juzgador.
El tribunal finalmente dará su sentencia, después de haberse iniciado el juicio oral y público el 27 de julio de 2015 (el más largo de toda la historia del Paraguay desde la instauración del sistema penal acusatorio en la década del 2.000), el lunes 11 de julio de 2016, por la absolución, que será justicia, o por la condena, que será piedra angular de nuevos frentes de batalla en busca de justicia y libertad.
