Declaración 4° Aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia
El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina.
La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.
En el trascurrir de estos cuatro años 1058 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Del total de víctimas, 254 han sido asesinadas en el 2020, lo que quiere decir que en Colombia 6 personas líderes sociales o defensoras de derechos humanos son asesinadas cada semana, en promedio. De igual forma, ya son 238 las y los excombatientes asesinados.
Las masacres están en alza: desde enero hasta el 22 de noviembre de 2020 se registran 77 masacres en las que 309 personas han sido asesinadas. Un incremento preocupante, si se tiene en cuenta que la OACNUDH había catalogado el 2019 como el año con mayor número de masacres desde 2014, documentándose 36 casos de este tipo.
El gobierno de Duque ha sido negligente frente a la delicada situación en materia de derechos humanos que se vive en el país. Manipula cifras sobre el número de homicidios, desconoce la sistematicidad de los hechos y no ha tenido la voluntad de diseñar una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales, que es además un compromiso asumido en el punto 3.4 del Acuerdo.
Su gobierno se ha empecinado en hacer trizas el Acuerdo de paz. Ataca la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, desfinancia las entidades encargadas de la implementación, se niega a celebrar acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito con las comunidades y prioriza actividades de erradicación forzosa a través de la Fuerza Pública, lo que está ocasionando situaciones de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, las principales víctimas son las comunidades rurales: campesinas y campesinos, indígenas y afrodescendientes.
El estado de la implementación es precario, sólo se ha avanzado un 4% en la implementación normativa del Acuerdo en materia rural y, más aún, el Gobierno de Duque ha efectuado un cambio en la noción de desarrollo rural de los territorios basado en la intervención integral y territorial del Estado hacia una perspectiva de seguridad y militarización, diseñando figuras territoriales como las ¨Zonas Futuro¨ que parten de una lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, reforzando la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional.
Se han cumplido 4 años de la firma del Acuerdo de Paz y aún no se ha entregado la primera hectárea de tierra a comunidades campesinas, étnicas o excombatientes. Los esfuerzos del gobierno se han centrado en militarizar los territorios y tergiversar el espíritu del Acuerdo.
El Ejército de Colombia es una amenaza más para las comunidades, proliferan los casos de campesinos e indígenas muertos a manos de la fuerza pública, así como los casos de mujeres y niñas secuestradas y violadas por los militares. Continúan las labores de persecución, vigilancia y perfilamientos a periodistas, políticos opositores y personas defensoras de derechos humanos.
En escenarios internacionales Duque sostiene cínicamente que avanza la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, pero la realidad en el país es muy diferente. Bajo su gobierno se ha desvanecido la esperanza de una efectiva apertura democrática, la reforma rural integral ha quedado en entredicho y las élites dominantes siguen recurriendo al genocidio como práctica política.
Sin embargo, la paz se mantiene como un proceso inacabado. Distintos sectores de la sociedad colombiana enarbolan la bandera de la paz como una de sus exigencias: estudiantes, sindicalistas, maestros, artistas, jóvenes, campesinos, indígenas, afrodescendientes, hombres y mujeres comprometidos con la construcción de paz y que constituyen la fuerza opositora al avance de la violencia y las pretensiones de hacer trizas el Acuerdo.
Reconocemos que la paz en Colombia está en disputa. La Vía Campesina, en su calidad de acompañante internacional a la implementación, reitera su compromiso con el hermano pueblo colombiano en el proceso de construcción de paz, nuestra labor de seguimiento y apoyo al proceso se mantiene a la luz de la solidaridad internacional, creemos firmemente que la paz en Colombia es la paz del mundo.
