Derechos humanos

Chile: Anamuri ante el asesinato de dos jóvenes indígenas Mapuches

(16 de Junio de 2017) Las directoras y presidentas de organizaciones de base reunidas en el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI, declaran a la opinión pública: Las mujeres campesinas e indígenas de los distintos territorios de Chile y el Wallmapu nos sumamos al dolor de las familias de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo, dos muertes que nuevamente enlutan al pueblo mapuche y chileno, y que engrosan la lista de asesinados en democracia.

Como abuelas, madres, parejas, hermanas e hijas del pueblo en resistencia también lloramos la muerte de los comuneros baleados por quien cree ser dueño de las tierras despojadas por el capital y el Estado chileno. La muerte de Luis y Patricio no son hechos delictuales ni mucho menos producto del terrorismo, sus muertes son producto de un enfrentamiento donde las armas están en manos de latifundistas y agentes del Estado.

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Paraguay: Curuguaty, memoria dolorosa y urgente

(16 de Junio de 2017) Se cumple el 5° aniversario de la masacre de Curuguaty. Cinco años de heridas todavía supurantes merced a un golpe de Estado que truncó un proceso por el cual la sociedad paraguaya empezaba a involucrarse protagónicamente en los asuntos públicos. Un lustro de injusticias para los sin tierras de Marinakue que vieron sus sueños ser sepultados aquel 15 de junio de 2012 tras las detonaciones de armas automáticas.

En este aniversario, la memoria se detiene para mirar el camino andado, uno construido con el apoyo de muchas organizaciones, articulaciones, colectivos nacionales e internacionales, y también individualidades, que se han conmovido y solidarizado ante la certeza del absurdo que constituye todo el proceso judicial que llevó a la condena a 11 campesinos y campesinas y ningún solo oficial de la Policía siquiera investigado.

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Brasil: Trabajadores y pueblos del campo bajo ataque

(14 de Junio de 2017) Bajo el marco del Golpe parlamentario-empresarial que sustrae el proceso democrático para forzar la implantación de una agenda conservadora cuatro veces derrotada en las urnas, el conjunto de la sociedad brasileña viene siendo impactado con diversos ataques a derechos sociales históricamente consolidados, como la Previsión Social y la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Sin embargo, tememos que haya un segmento en especial en esta sociedad que constituye un eslabón bajo ataque hasta más devastador: aquellos que viven en el campo.

Trabajadores y pueblos del campo vienen sufriendo ataques de todos lados, no sólo cargan en la espalda las cuentas de la crisis capitalista a través de los cambios de legislaciones y medidas de cortes promovidas por la coalición golpista, sino que también son nuevamente blancos de amenazas, agresiones y asesinatos.

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Brasil: Nueva masacre en Pará expone la fragilidad del Estado en la resolución de conflictos en el campo

Las masacres ocasionadas por disputas de tierras en todo Brasil se han vuelto cada vez más intensas. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT, en 2016 fueron registrados 61 asesinatos en conflictos, el mayor número desde el inicio del monitoreo por parte de la entidad.

(25 de Mayo de 2017) Diez ocupantes de tierra - una mujer y diez hombres -, fueron asesinados en la mañana de este miércoles (24), en el campamento Nueva Vida, localizado en la Hacienda Santa Lucia, en el municipio de Pau d’Arco, en Pará.La masacre comenzó a ganar repercusión con la divulgación de imágenes de los cuerpos de las víctimas que, según medios de comunicación local, fueron llevados por policías a la morgue del Hospital Municipal de Redenção y después transferidos al Instituto Médico Legal (IML) de Marabá y de Paraupebas. 

De acuerdo con informaciones de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT), los trabajadores, cuyas identidades no han sido reveladas, murieron durante el cumplimiento de una acción de toma de posesión expedida por el juez de la Sala Agraria de Redenção, Erichson Alves que, contrariando la Cartilla de la Defensoría Agraria Nacional, determinó que la acción fuera cumplida por policías militares y civiles. En situaciones como estas, las directrices del Tribunal de Justicia determinan que la acción sea realizada por el Batallón de la Policía Militar especializado en resolución de conflictos.

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